Hace ya un año, el 24 de junio de 2022, se producía una terrible masacre en el paso fronterizo entre Ceuta y Marruecos en la que murieron más de 30 inmigrantes debido a la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes en la zona fronteriza. A un año de este suceso contrastan enormemente las represalias sufridas por los casi dos mil migrantes africanos que trataron de cruzar la frontera ese día, que van desde la muerte hasta las deportaciones irregulares y encarcelamientos, con la impunidad de los Gobiernos español y marroquí que causaron la masacre.
Viernes 23 de junio de 2023
El 24 de junio de 2022 alrededor de 1.700 personas, en su mayoría de origen sudanés, huyendo de la situación de crisis e inestabilidad política de sus países de origen; intentaron cruzar la frontera y llegar a suelo europeo en busca de asilo.
El puesto fronterizo “Barrio Chino”que separa Melilla y la ciudad marroquí de Nador lleva cerrado desde el inicio de la pandemia y fue el lugar donde se produjo la masacre del pasado verano, en el cual murieron al menos 23 personas confirmadas por el gobierno de Marruecos, aunque otras organización como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) afirma que la cifra real es de 37. Durante la mañana del 24, el grupo de migrantes se acercó a la valla con la intención de saltar y cruzar a España, tras haber sido reprimidos por la gendarmería marroquí días antes y resguardarse de los enfrentamientos violentos con la policía en el monte Gurugú de Nador. Una vez que la valla cedió, entraron en el puesto fronterizo y corrieron a la pequeña puerta que separa ambos países. En ese momento comenzó el despliegue policial marroquí, lanzando gases lacrimógenos en un espacio pequeño sin ninguna salida. Desesperados, un grupo de migrantes comenzó a forzar la puerta hasta que finalmente lograron abrirla. Fue entonces cuando se produjo la avalancha de unas mil personas, produciendo muertes y cientos de heridos.
El ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlska, siempre ha declarado que la actuación de las fuerzas policiales españolas ha sido acorde a los protocolos de acción. El presidente Pedro Sánchez ha defendido también al gendarme marroquí y a la policía española por su intervención. Sanchez tachó la situación de “bien resuelta”. Sin embargo, ningún gobierno se ha responsabilizado por las muertes ocurridas, incluso después de las pruebas evidentes de que al menos una persona murió ya en territorio español.
Todas las investigaciones oficiales, como el informe del Consejo de los Derechos Humanos de Marruecos, apuntan a que la causa principal de las muertes fue la asfixia provocada por los aplastamientos y las caídas. Sin embargo, la fuerte violencia policial dejó cientos de heridos que no recibieron ayuda sanitaria hasta horas después. Desde el Ministerio Interior de España se ha excusado este hecho diciendo que no se les brindó ayuda por la seguridad de los sanitarios, incluso cuando una ambulancia española estaba a metros del paso fronterizo. Una absoluta brutalidad. Marlaska siempre ha basado su relato de los hechos en el “carácter violento de los migrantes”; sin embargo, fueron las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera quienes permitieron la devolución en caliente de al menos 470 personas. Algo que se pudo comprobar con las imágenes difundidas días después por la BBC gracias a una investigación de este medio y que fueron ocultadas por las autoridades españolas. A pesar de la negativa desde el Ministerio Interior, se ha demostrado la entrada de policías marroquíes a terreno español para sacar, muchas veces a rastras, a quienes habían logrado cruzar, pero quedaron sus cuerpos inconscientes en el suelo. En el lado de la frontera marroquí, permanecieron maniatados a pleno sol, sin acceso ni a comida ni bebida, durante horas hasta que fueron trasladados a distintas ciudades del interior del país.
Aunque las repercusiones no tocaron ni un pelo de las fuerzas policiales, sí afectaron a los migrantes detenidos en Nador. La cifra de condenados a prisión por cargos relacionados con los sucesos de Melilla, como facilitar la entrada clandestina de extranjeros o ultraje a funcionarios públicos, oscila entre los 33 condenados a prisión durante 11 meses confirmados por las Rabat el año pasado y las 300 personas encarceladas defendidas por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Asimismo, 76 personas continúan desaparecidas y se estima que al menos 22 cuerpos siguen sin identificarse en la morgue de Marruecos.
Algunos lograron esquivar las fuerzas policiales y entrar a España, llegando 133 personas al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla. Solo allí pudieron recibir atención médica tras haber sido heridos con balas de caucho que quedaron incrustadas bajo la piel, según cuentan los testimonios de trabajadoras sanitarias ese día. Una vez en el CETI, todos los migrantes solicitaron asilo.
Además de la fuerte represión y violencia policial, distintos organismo y organizaciones antirracistas han denunciado la devolución en caliente de posibles solicitantes de asilo por parte de la gendarmería marroquí, quienes entraron directamente en territorio español para deportar a cientos de migrantes.
Ante el escándalo Unidas Podemos se limitó a exigir una comisión de investigación y a hacer declaraciones en la prensa, como si no fueran parte de ese mismo gobierno imperialista y represor. Además de las tímidas críticas realizadas por representantes de Unidas Podemos sobre la mentira defendida desde el Ministerio del Interior sobre el suceso producido en su mayor parte en territorio español el propio Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, coincidió en la proporcionalidad de las acciones policiales contra “la violenta actitud” de los migrantes y la falta de responsabilidad de su Gobierno. Asimismo, las investigaciones llevadas a cabo desde la Fiscalía y el Defensor del Pueblo se cerraron en diciembre del año pasado. La Fiscalía defiende que no hay indicios de un delito de homicidio imprudente ni de omisión del deber de socorro por parte de la policía española.
A un año del aniversario de la masacre de Melilla, la impunidad de las fuerzas policiales de ambos gobiernos involucrados forma un brutal contraste con las represalias sufridas por los casi dos mil migrantes africanos, que van desde la muerte hasta las deportaciones irregulares y encarcelamientos. Desde la escena política española, los partidos de izquierda del régimen han sabido anteponer sus intereses imperialistas, afianzando su relación con el gobierno marroquí y fortaleciendo la represión en las fronteras. Mientras, la derecha y la extrema derecha han utilizado los sucesos de está masacre y la gestión de la inmigración ilegal por parte del gobierno PSOE-UP para reforzar sus discursos de odio racistas y antiinmigrantes. Está claro que para la población migrante, ninguno de estos partidos supone una solución a sus problemas y demandas. El avance de la derecha más reaccionaria constituye un ataque a los derechos humanos, en especial de las personas migrantes y racializadas. Sin embargo, la izquierda reformista tampoco implica una alternativa real. Durante la legislación de Pedro Sánchez y sus socios, se han mantenido las leyes migratorias que prometieron derogar, como el cierre de CIEs, auténticas cárceles para migrantes, o la propia ley de extranjería, que somete a la población migrante a condiciones laborales precarias y esclavizantes y niega los derechos más básicos.
