Quilmes. A un año del crimen de Fernando Leguizamon, exigen cárcel para el policía que lo asesinó

Fernando Leguizamón tenía 31 años y cinco hijos. El 22 de junio de 2020, el policía bonaerense Rodrigo Valdez lo acribilló en La Cañada, partido de Quilmes, acusándolo de un robo que el agente supuestamente había sufrido minutos antes. Otra víctima de la cuarentena blindada de 2020.

En la madrugada de ese 22 de junio, Fernando iba junto a su esposa, Yésica, hacia el taller mecánico en el que trabajaba, porque los vecinos le habían avisado que escucharon ruidos extraños. Fue entonces cuando el policía de la Comisaría Primera Rodrigo Valdez, que estaba de civil y fuera de servicio, lo interceptó con su compañera, también bonaerense y un grupo de amigos. Luego lo baleó y lo remató en el piso.

Fernando es uno de los cuatrocientos jóvenes, hijos del pueblo trabajador, que fue víctima del gatillo fácil de la Bonaerense de Berni y Kiciloff, durante la cuarentena blindada de 2020, en la que los gobiernos nacional y provincial le otorgaron poderes especiales a la policía y las fuerzas federales.

Desde ese 22 de junio, su esposa, su hija, sus padres, su tío y sus amigos iniciaron una dura lucha por justicia junto a otros familiares de víctimas de la brutalidad policial de la Zona Sur como Alan Maidana, Ignacio Seijas y organismos de derechos humanos como el CeProDH y la CORREPI que tiene a su cargo la causa judicial con la representación de María de Carmen Verdú.

En un primer momento, tanto el Juez Marcelo Goldberg como la Fiscal Ximena Santoro se negaron a concederle a la familia de Fernando el elemental derecho de ser parte en la causa judicial a través de la figura del particular damnificado. El argumento fue, primero, que “había que determinar cuál era el rol de Fernando Leguizamón en el marco del proceso” y luego, que “el objeto procesal de la investigación era una tentativa de robo que Leguizamón habría intentado cometer en perjuicio de Rodrigo Valdez”. Es decir, el Juez y la Fiscal daban por sentada la versión policial de los hechos en lugar de abrir una investigación seria sobre el asesinato de Fernando en manos del bonaerense Valdez. Por otro lado, y a partir de esta conclusión, le negaban a su familia un derecho elemental. Una vez más, como en tantos casos de gatillo fácil, la Justicia cómplice convertía a la víctima en victimario.

En este sentido, la familia denuncia que tanto la Fiscal como el Juez solo tomaron en cuenta las versiones de los policías involucrados y que las declaraciones de los testigos del barrio fueron tergiversadas por la tristemente célebre Comisaría Quinta de La Cañada.

Luego de varias gestiones judiciales y después de varias marchas, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Quilmes reconoció que aunque fuera que “el policía repelió la agresión cometida por Leguizamón mediante la utilización de un arma de fuego, produciéndose la muerte de éste último, no puede negarse el derecho de Yésica y sus hijos a intervenir para que se determinen las circunstancias del asesinato y la responsabilidad de su autor”.

No obstante este primer paso, Yésica, esposa de Fernando y principal testigo del hecho, jamás fue convocada a declarar por las autoridades judiciales y la causa se encuentra virtualmente parada.

A un año de la lucha contra la represión policial y la impunidad judicial que tuvieron que emprender los familiares y amigos de Fernando, en la que incluso producto del disgusto falleció su propio padre, siguen reclamando cárcel común y efectiva para el policía asesino Valdez.

Vamos por justicia para Fernando y todas las víctimas del gatillo fácil y la brutalidad policial.