En una semana marcada por las movilizaciones por la liberación de los presxs politicxs de la revuelta se cumple un año del pacto por la paz.
Domingo 15 de noviembre de 2020
En medio de una semana marcada por la movilizaciones por la liberación de los presxs politicxs y a casi 3 semanas desde el plebiscito, se cumple un año desde que los partidos de Chile Vamos, sectores del Frente Amplio y de la Ex concertación firmaron el "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución"
Ad portas de un año electoral y a semanas de haberse iniciado el proceso constituyente, con el plebiscito del 25 de octubre, vemos las consecuencias del pacto por la paz, un pacto que lo único que ofreció para la clase trabajadora y la juventud fue una paz impuesta a punta de cárcel, lumas y balines.
El pacto por la paz fue el comienzo del desvío, fue un intento del gobierno de Sebastián Piñera de derrotar la rebelión de octubre, siendo la puerta para los ataques para quienes estaban decididos a enfrentar a este régimen y acabar con los 30 años de este Chile neoliberal.
El pacto por la paz firmado el 15 de noviembre abrió la cacería contra los sectores más combativos de la rebelión, golpeando a miles de manifestantes y a la juventud que despertó a Chile.
Hasta la fecha el impacto de la represión del gobierno de Piñera - ayudado por los partidos del régimen- cuenta con más de 2500 presos políticos, con más de 100 menores en manos del SENAME y centros penitenciarios para menores. Sin embargo, los encarcelamientos y las cacerías a los sectores más combativos no es lo único que ha dejado la represión.
Existen 2520 querellas por violación a los DD.HH desde la revuelta - que el pasado 18 de octubre cumplió un año- lo que ha resultado en un aumento de las violaciones a los Derechos Humanos, 2023 han sufrido vulneraciones entre los años 2019 y 2020, quedando entre ellas los centenares de víctimas de lesiones oculares, como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay.
A un año de la revuelta y del pacto por la paz, la represión se ha intensificado y ha cobrado nuevas víctimas, Anthony Araya es una de ellas, quien en octubre recién pasado fue tirado por el carabinero Sebastián Zamora al río Mapocho, en donde la defensa del imputado recientemente increpó al Instituto Nacional de Derechos Humanos por no procurr por la seguridad y condiciones de trabajo de la policía a la hora de ejercer sus funciones.
Como vemos, la represión avanza a dos bandos. Nuevos lesionados por la violencia policial y nuevos compañeros encarcelados, acusados por las leyes antiprotesta que firmó el Frente Amplio, mientras que el PC guardaba silencio, demostrando ser parte de los engranajes del régimen para sostener el control de una minoría sobre una mayoría explotada y cansada de este sistema a disposición de los empresarios.
Es por esto que en distintas regiones del país, como Antofagasta, Santiago y Valparaíso se han convocado movilizaciones por la libertad de los presos políticos, donde se ha dejado caer nuevamente la represión, que es la respuesta del gobierno a una rebelión no derrotada que ha agudizado sus cuestionamientos en medio de la crisis provocada por la pandemia en donde la población continúa viviendo las miserias de este sistema.
En distinta regiones del país se lucha por la libertad de los cientos de jóvenes que participaron de la revuelta, que arriesgan penas de tres a diez años de cárcel. En Antofagasta resuenan los nombres de Axel, Cristian, Sergei y Sergio que están recluidos en el SURGAM y el SENAME. La lucha por la libertad de todes los presxs politicxs debe continuar, los distintos organismos de DD.HH, las federaciones de estudiantxs y trabajadorxs deben sumarse a esta batalla, por que solo así le doblaremos la mano al gobierno asesino de Piñera.
