A un año del inicio del otoño catalán desde el procesismo se habla de “otoño caliente” mientras avanza el curso de normalización y negociación con el Gobierno del PSOE. La pelota está en el tejado de la izquierda independentista, la izquierda sindical y los sectores más críticos de los CDR.
Martes 11 de septiembre de 2018
Foto: EFE. Manifestación en el centro de Barcelona durante la mañana de la huelga general del 3 de octubre.
Con la Diada (día nacional de Cataluña) de este año arranca lo que desde el grueso de los medios de comunicación y las fuerzas políticas del procés se ha bautizado como un “otoño caliente”. Han querido vender la idea de que los aniversarios del 1, 3 y 27 de octubre, junto al inicio del juicio contra los presos políticos, volverán a ser grandes jornadas de movilización del pueblo catalán. ¿Será realmente así?
Motivos no faltan. La brutal represión desatada desde septiembre de 2017 se mantiene plenamente vigente con el nuevo gobierno del PSOE. Los presos y exiliados siguen en la misma situación, hay más de 1.000 procesados. Sánchez ni siquiera ha dado instrucciones a la Fiscalía para que retire el delito de rebelión de la causa. A la vez se autoriza una partida de más de medio millón de euros para la defensa privada de Llarena o se vuelven a enviar 600 antidisturbios de la Policía Nacional a Catalunya para el 11S y el mes de octubre.
Pero, además, el problema democrático de fondo sigue en plena vigencia. El pueblo catalán protagonizó una movilización democrática sin precedentes, llevando adelante el referéndum del 1-O y la huelga general del 3-O, en la que expresó la voluntad mayoritaria de construir una república independiente y abrir un proceso constituyente. Este derecho democrático sigue negado a cal y canto por el Régimen del 78. La formación de derecha Ciudadanos y el Partido Popular levantan la exigencia de la vuelta de un 155 más fuerte -que llegue hasta TV3 y las escuelas catalanas-, mientras el PSOE lo mantiene como amenaza.
El mandato democrático del 1-O se ha abandonado también por la dirección procesista. ERC (Izquierda Republicana de Cataluña) y JxCAT (Juntos por Cataluña) optan por volver a un marco de negociación con el Régimen que niega en rotundo el derecho a decidir y a mantener la “lucha” en el terreno de lo simbólico, las declaraciones y movilizaciones digitadas y controladas desde el Govern y las entidades soberanistas, ANC y Omnium.
Este es el escenario al que apuestan, y no se podía esperar otra cosa. Son las mismas direcciones que hace un año, tras las históricas jornadas del 1 y el 3 de octubre, trabajaron para volver al modelo de manifestación masiva pero controlada -nada de huelgas o autoorganización popular-. Son los que dejaron enfriar la situación -con la proclamación-suspensión y los intentos de una mediación imposible por parte de la misma UE que ahogó al pueblo griego o deja morir a miles de refugiados en el Mediterráneo- para finalmente hacer una proclamación simbólica, que después abiertamente se negaron a defender desde las calles.
Algunas lecciones del otoño catalán
Las lecciones del otoño catalán de 2017 deberían ser la base para pensar cómo retomar la lucha por la libertad de los presos políticos, poner fin a la represión y defender el mandato democrático del 1-O, para que las y los catalanes puedan constituir su propia república, decidir libremente su contenido social y la relación con el resto del Estado.
Sin embargo, el espacio de los comunes mantiene la misma posición que hace un año. Un rechazo formal a la represión y en defensa del derecho a decidir, pero supeditado a que se cuente con la venia del Régimen del 78. Su posición del referéndum pactado implica que éste debería ser aceptado por los tres grandes partidos monárquicos -el bloque 155- y el mismo Rey, del que Colau se ha convertido en la principal anfitriona en su última visita de agosto. La adaptación del nuevo reformismo como pata (o muleta) izquierda de este régimen se ve clara en su política catalana, y se confirma en el resto del Estado con la apuesta de Pablo Iglesias por ejercer un cogobierno con Pedro Sánchez desde el apoyo parlamentario.
La CUP por su parte sigue presa de su estrategia de “mano extendida”. Si bien la abierta claudicación y vuelta al marco autonómico rompió el bloque soberanista como tal, la izquierda independentista se mantiene en una política de presión a sus antiguos socios para que vuelvan a la política de desobediencia institucional. Pero si algo dejó claro el pasado otoño es que, incluso con desobediencia, la única vía para poder evitar el golpe del Régimen del 78 es oponiéndole una gran movilización y autoorganización popular, algo a lo que los representantes históricos de la burguesía catalana siempre se van a oponer. Aún, como vimos el 27-O, cuando eso implique serios riesgos para su patrimonio personal o incluso el peligro de acabar en prisión. Con su claudicación, los dirigentes del PDeCAT y ERC brindaron un último, o más bien enésimo, homenaje a la clase para la que siempre trabajaron.
Desarrollar la movilización obrera y popular por el derecho a decidirlo todo
Desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) creemos que romper con esta política de unidad nacional es algo imprescindible para ofrecer una alternativa al movimiento democrático catalán que no lo conduzca a la derrota o a un desvío que se cocine por arriba. La pelota no está en el tejado de ERC, JxCAT o las entidades soberanistas ligadas a ambos, si no en el de la izquierda independentista, la izquierda sindical y los CDRs que se vienen manifestando más críticos con el devenir del Govern.
ANC y Omnium quieren convertir el 1-O en una jornada con paros cívicos de 30 minutos. Una medida insuficiente y desmoralizadora. A esta política de pacificar la calle para allanar el trabajo de los despachos y las comisiones bilaterales Gobierno-Govern, hay que oponerle una radicalmente distinta.
Tomando el ejemplo de lo que se logró hace un año -todo un proceso de lucha y movilización del cual las y los militantes de la CRT y Pan y Rosas fuimos parte activamente en los CDRs- con ocupaciones de colegios, huelgas y manifestaciones, es urgente plantear que este aniversario debe ser una nueva jornada de huelga general como fue la del 3 de octubre. Una gran jornada de lucha por la libertad de los presos, el fin de la represión y la defensa del mandato del 1-O, es decir por avanzar en la ruptura con el Régimen del 78 y la apertura de un proceso constituyente donde poder decidir no solo la relación con el resto del Estado, sino también como vamos a resolver los grandes problemas sociales de paro, vivienda, precariedad o desmantelamiento de los servicios públicos.
Las y los militantes de la CRT luchamos activamente por una república catalana obrera y socialista, en el marco de la lucha por una federación de repúblicas obreras en toda la península. Somos conscientes de que esta perspectiva no es compartida por la mayoría de la clase obrera y los sectores populares de Catalunya y el resto del Estado. Desde este marco, la CRT somos parte de la lucha por el derecho a decidir y la apertura de procesos constituyentes para acabar con el Régimen del 78, pero consideramos que éstos no se podrán conquistar si no es desde una “hoja de ruta” basada en la independencia política de los partidos burgueses y los métodos de la lucha de clases.
La conquista del derecho a decidir sin ninguna restricción del pueblo catalán no será posible si no es poniendo en pie una gran movilización social que incorpore en su centro a los sectores populares y la clase obrera. Esto es algo que se empezó a expresar con la huelga del 3-O; la dirección procesista lo vio e hizo lo imposible para desactivarlo. Un movimiento así no solo ponía en cuestión la cuestión territorial, si no que podía abrir la discusión sobre qué república construir y por lo tanto el cuestionamiento de los privilegios de la burguesía catalana de los que el PDeCAT y ERC han sido y son de sus mejores “abogados”.
Para lograrlo es necesaria la emergencia de un ala del movimiento democrático totalmente independiente de estos partidos patronales, que ligue la lucha por la república con demandas sociales como la expropiación de las viviendas vacías, las empresas estratégicas y la banca, por el reparto de horas de trabajo y la subida de pensiones y salarios, por el fin de la precaridad laboral, por impuestos a las grandes fortunas que permitan financiar la sanidad y la educación...
En definitiva, un programa que suelde la unidad de la clase trabajadora catalana para enfrentar el Régimen del 78, pero también forje la unidad con el resto de la clase obrera y los sectores populares del Estado en una lucha común contra este régimen podrido. Una unidad sin la cual acabar con el régimen heredero de la Dictadura se torna imposible.
Pelear por una república catalana de los trabajadores y sectores populares y no de los herederos del pujolismo. Hacerlo desde los métodos de lucha de la clase obrera y no por medio de las “grandes jugadas maestras” del procesismo o la ilusión de una mediación de la UE de la Troika. Dos condiciones que pueden alentar y fortalecer una lucha en el resto del Estado por imponer procesos constituyentes desde la movilización social, que barran con la Corona, reconozcan los plenos derechos democráticos de todas las naciones del Estado y permitan abordar sin limitación ninguna todas las grandes demandas democráticas y sociales que se vienen planteando desde las calles desde el 15M.
