LIBERTADES DEMOCRÁTICAS // OPINIÓN. A un año de la asunción de Macri: tanto palo como la situación permita

Los más de doscientos mil despidos del 2016, que afectaron particularmente a los trabajadores precarizados (que el kirchnerismo mantuvo y promovió), se sumaron a un conjunto de medidas que elevaron el índice de pobreza a más del 33 %. Esta situación de pauperización fue acompañada por un incremento del control social que se expresó en un crecimiento de las detenciones arbitrarias en un significativo 700 %, tal como denuncia la Correpi en su último informe anual. Si bien este accionar fue protagonizado, en un primer momento, más que nada por la Policía, en particular por las Policías Locales en la provincia de Buenos Aires, en los últimos meses del año fue reforzado por la Gendarmería y la Prefectura que habían sido retiradas de las calles bonaerenses por el Gobierno de Cambiemos, y que fueron reinstaladas ante la perspectiva de un diciembre signado por los conflictos laborales y sociales.

Para sostener a nivel ideológico este endurecimiento de la política represiva el Gobierno, ayudado por los medios masivos de comunicación, promovió una verdadera “cruzada” de estigmatización sobre los jóvenes de las barriadas populares que derivó en linchamientos y en un aumento de los casos de gatillo fácil. También, de acuerdo a los datos que presenta Correpi en su informe anual: en el primer año de gestión de Cambiemos una persona es asesinada, por alguna fuerza de seguridad, cada 25 horas. Este dato constituye un incremento represivo respecto a los 12 años de gobiernos kirchneristas en los que se producía una muerte cada 28 horas.

Hay que remarcar que estos avances en la criminalización de la juventud y la pobreza, se han dado junto a un intento de tomar medidas xenófobas contra los inmigrantes (aplaudidas por connotados miembros del FpV como el senador Pichetto), como “la idea” de crear una unidad penal exclusiva para los hermanos de los países limítrofes.

Criminalización de la protesta, entre el fracaso del protocolo y Jujuy

En cuanto a la represión de la protesta social, el Gobierno nacional asumió reprimiendo brutalmente, con carros hidrantes y Gendarmería, a los trabajadores de Cresta Roja que se encontraban cortando la Autopista Ricchieri, reclamando por su fuente laboral. Idéntica actitud asumió la gobernadora María Eugenia Vidal con los municipales despedidos en La Plata en enero pasado.

Durante la era Cambiemos también fueron reprimidos los movimientos de jubilados y desocupados en el mes de agosto en Avellaneda y los choferes platenses, en octubre, con 27 detenidos. Hay que decir que en este aspecto el FpV no tiene nada que envidiarle al macrismo, ya que en las provincias en las que gobierna, como Santa Cruz y Tierra del Fuego, obra de la misma manera contra los docentes y estatales que enfrentan el ajuste.

Sin embargo, la ministra Bullrich encontró un límite para su “plan de máxima” que era la implementación del Protocolo represivo contra las protestas, que fue tempranamente derrotado en las calles en febrero, con las movilizaciones de los estatales y con un fuerte peso de la izquierda.

Así como con la movilización se logró poner un límite a las medidas represivas, acorde a la correlación de fuerzas entre las clases, también tenemos que decir que en Jujuy se ha instaurado un verdadero laboratorio de la criminalización de la protesta y la pobreza cuyo caso más destacado es la prisión de Milagro Sala, pero que no se agota en la misma, cuestión que tomó mayor trascendencia nacional a partir del Encuentro realizado por el CeProDH en esa provincia.

Justamente los que participamos en ese Encuentro, fuimos víctimas de un sistema de espionaje, que no tiene nada que envidiarle al Proyecto X de Milani y CFK. Que incluyó el espionaje a organizaciones obreras y populares.

Finalmente, tal vez previendo un agravamiento en la conflictividad social, en el mes de octubre se conoció, por medio de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Seguridad, que se reunieron los ministros de Seguridad y Defensa junto a las cúpulas de las FFAA para discutir un plan sobre la “colaboración” de los militares en tareas de seguridad interna, con la excusa de la “guerra contra el narcotráfico”.

Esto se suma a que, ideológicamente, Cambiemos intentó avanzar con profusos discursos PROreconciliación con las Fuerzas Armadas y la presencia directa de genocidas en los actos oficiales del 9 de Julio. Está por verse si estas medidas, que Macri pretendía lanzar por decreto, serán aplicadas o no.

Vale recordar que las políticas aplicadas hoy por el macrismo, empalman con la posición expresada durante las pasadas campañas electorales por los principales candidatos presidenciales de los partidos patronales, particularmente por el hoy rutilante Sergio Massa.

En síntesis, el Gobierno ha avanzado en medidas represivas acordes al ajuste que aplica, pero limitadas a una correlación de fuerzas entre las clases que no pudo romper. Si bien la tregua de la CGT y algunos movimientos sociales aleja el fantasma de una mayor conflictividad social en el corto plazo, no pueden descartarse conflictos duros por despidos en el Estado y el sector privado frente a los que el Gobierno aplique nuevas medidas represivas. Tampoco se puede descartar, más bien es muy probable, un incremento de la violencia represiva en las barriadas populares ante el agravamiento de la situación económica.

Los organismos de derechos humanos, las organizaciones obreras, estudiantiles, sociales y el Frente de Izquierda, con el enorme impulso del gran acto de Atlanta, tenemos que estar preparados para esa perspectiva. Un primer desafío es ser miles en las calles este próximo 20 de diciembre, en el aniversario quince de las históricas jornadas del 2001.