Así lo solicitó Puigdemont al presidente del parlamento catalán. La investidura está prevista para mañana martes. El gobierno central y la corona continúan su ofensiva para impedirlo.
Lunes 29 de enero de 2018 14:30
Carles Puigdemont pidió hoy amparo al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, para poder someterse al pleno de investidura convocado para este martes. En un escrito dirigido a Torrent, Puigdemont señala que el Estado español lleva a cabo "actuaciones judiciales y gubernamentales encaminadas a obstaculizar el ejercicio" de su mandato como diputado y como candidato a la presidencia del Ejecutivo regional. Y, en concreto, a impedir que pueda asistir al pleno de investidura del nuevo presidente, previsto para mañana martes.
Por eso pide a Torrent "amparo", que es una figura parlamentaria sinónima de ayuda, y que "adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas" del Parlamento autonómico.
El pasado sábado el Tribunal Constitucional adoptó una medida cautelar consistente en prohibir que el pleno de investidura con Puigdemont como candidato se celebre sin su presencia física en el "Parlament", bien por videonconferencia o por delegación a otro diputado de la lectura de su discurso.
Sobre Puigdemont pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo, de modo que si pisa suelo español (está en Bruselas desde finales de octubre) será detenido y llevado ante un juez que lo investiga por “rebelión y sedición” por su impulso proceso independentista en Cataluña.
El Tribunal aún no se pronunció acerca de lo que le pidió el Gobierno español el pasado jueves, que era la suspensión del pleno catalán del día 30 y la prohibición a Puigdemont, al que considera un “prófugo” de la “justicia española”, heredera del franquismo.
La Constitución española del régimen del 78, que establece que «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.»
Los ataques que viene realizando el gobierno central y la monarquía española contra el proceso democrático independentista catalán tiene como contraparte el abandono de la lucha en las calles por parte de las direcciones del independentismo, lo que da aire a la creciente ofensiva reaccionaria de los sostenedores del régimen del 78, reprimiendo a la población catalana y encarcelando dirigentes políticos opositores, llegando al intento del gobierno de impedir la investidura de Carles Puigdemont.
