Los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán marcaron una etapa de la Argentina subsumida en la crisis económica y social, por las consecuencias de los planes neoliberales. Hoy, el ajuste se siente y la escalada inflacionaria es solo el inicio de las consecuencias del acuerdo con el FMI. En ese entonces, hubo un preparado plan para reprimir brutalmente que buscaba controlar y terminar con la protesta social. Hoy, la campaña contra los piqueteros y movimientos sociales empezó por la derecha, se profundizó en los medios de comunicación y llegó a la interna del Frente de Todos en el gobierno nacional. Lecciones del pasado para considerar en el presente.
Jueves 7 de julio de 2022 15:16
La Masacre de Avellaneda pasó a la historia por la violenta represión en manos de la Policía bonaerense, Federal, Prefectura y Gendarmería, contra las organizaciones del movimiento piquetero, sociales, de trabajadores, de derechos humanos y la izquierda. Allí, la policía mató a Kosteki y Santillán e hirió a 33 personas con balas de plomo, dejando a 13 en estado de gravedad. Gobernaba la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, y Eduardo Duhalde era el presidente.
Argentina vivía una crisis profunda, había pasado poco más de medio año del estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001. Los acontecimientos del día 26 no solo mostraron el poder de fuego del Estado, sino también un entramado político que tenía un objetivo aleccionador. Para eso, y con los grandes medios de su lado, el gobierno se valió de una campaña estigmatizadora sobre las organizaciones sociales. “Bueno mire Nora, ese es un enfrentamiento entre pobres contra pobres, quédese tranquila”, le dijo Solá a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el mismo día de los hechos. Ese fue el discurso estatal que se intentó instalar en la opinión pública. El diario Clarín tituló en la nota principal de tapa del 27 de junio: “La crisis causó 2 nuevas muertes”. Un artículo titulado “Del piquete a la tragedia”, sin firma, en el diario La Nación, comenzaba afirmando que “era de suponer que las tensiones que desatan habitualmente actos ilícitos como los cortes de caminos por organizaciones de piqueteros iban a provocar algún día un trágico saldo como el producido ayer en Avellaneda”.
Patricio Escobar, documentalista e integrante del colectivo Artó cine, muestra con claridad el rol de los medios en la Masacre de Avellaneda, en el film La crisis causó 2 nuevas muertes (2006). En una entrevista publicada hace poco en La Izquierda Diario, él aseguró que el operativo y el discurso impulsado desde el poder, tenía un propósito. El gobierno hizo una lectura política, era el momento de empezar a dar una imagen potente ante los cortes de ruta. Demostrar que podían domar la crisis económica y social. El contexto eran ahorristas rompiendo bancos, asambleas en los barrios y había piquetes todos los días, en distintos puntos del país. A su vez, estaban negociando con el FMI y necesitaban complacerlos con mensajes de autoridad.
Otra de las cuestiones que no podían resolver, era que el peronismo había perdido la calle. El duhaldismo y muchos gobernadores decidieron enfrentar a los movimientos sociales que estaban amenazando el territorio histórico del peronismo.
Un mes antes de la Masacre de Avellaneda hubo una reunión de gobernadores en La Pampa. Allí varios mandatarios, principalmente De la Sota, Rubén Marín, Romero y Reutemann, le pidieron a Duhalde, y principalmente, al Secretario de Seguridad de la Nación, Juan José Álvarez, que las fuerzas represivas debían ser más “enérgicas” y que demostraran fortaleza ante las protestas. En resumen, reprimir. Algunos ministros del gabinete también se sumaron al pedido. Había que dar un escarmiento. Había que mostrar que ellos ponían orden. No es casual que la Masacre se haya dado en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, el territorio de Eduardo Duhalde”.
Memoria activa
El pasado sábado 25 de junio se hicieron distintas actividades, entre ellas la tradicional Marcha de Antorchas desde la ex estación Avellaneda, que lleva desde 2013 el nombre de los dos jóvenes militantes asesinados, y culminaron con la vigilia donde participaron organizaciones y personalidades destacas del periodismo, la cultura, los derechos humanos, entre otros sectores. El domingo hubo una movilización de miles de personas para reclamar justicia. Dirigentes políticos y familiares de las víctimas encabezaron la marcha llevando una bandera que decía "La Masacre de Avellaneda es un crimen de Estado".
Los movimientos sociales y organizaciones de trabajadores, disputan la calle
La Argentina de hoy vuelve a estar atravesada por una crisis económica y social marcada por los compromisos de pago al FMI que votaron el Frente de Todos y la oposición de derecha en el Congreso Nacional. El economista Pablo Anino dice en su newsletter que “antes que se desate la tormenta con la renuncia de Guzmán, el último documento del staff del Fondo indicaba que cumplir con el acuerdo ‘requerirá políticas fiscales más estrictas en la segunda mitad del año’. Más precisamente, reclamaba que el gasto real disminuya al 7,8 % anual en el segundo semestre”.
Es en este marco que durante la pandemia y a la salida de la misma, uno de los actores indiscutido en el escenario nacional fue y son los movimientos sociales. Por un lado, durante el confinamiento, fueron quienes con los escasos recursos con los que contaban, intentaron paliar la situación de vulnerabilidad tanto en lo sanitario como en lo que respecta al acceso a la alimentación entre las familias más humildes. En lo que va del año, se han convertido en la fuerza social que pisa fuerte la calle. Son las organizaciones de la clase trabajadora que en peores condiciones vive. La necesidad se convierte en lucha cuando peligra un plato de comida caliente para hijos, hijas e hijes. A estas manifestaciones, hay que sumar los paros y acciones de trabajadoras y trabajadores sindicalizados que están en conflicto por salario y otras demandas, como en el caso del sindicato del neumático, de la Línea 60, entre otros en todo el país.
Esto contrasta de manera directa con la displicencia de los sectores concentrados de poder económico, como se vio semanas atrás con Federico Braun, dueño de la cadena La Anónima, en una reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). "¿Qué hace La Anónima con la inflación?", le preguntaron a Braun. "Remarca precios todos los días, para ser sincero", respondió entre risas. También contrasta con la medida que anunció la Mesa de Enlace para el 13 de julio, donde las cuatro entidades agropecuarias convocan a una “jornada federal” de protesta por la crisis del gasoil y reclamando que se baje el gasto público.
Cuando hay crisis, los dueños de todas las cosas aparecen como fieras en el discurso público defendiendo sus intereses y los de la clase social que representan. Para eso, el otro recurso que utilizan es la incansable búsqueda por deslegitimar los reclamos populares. La campaña contra los piqueteros y los movimientos sociales aparece en televisión, radio y diarios cotidianamente. Todos los recursos son puestos a disposición de mostrar que cortar una calle es un delito, que el problema es que el país se saca adelante esforzándose cada uno sin molestar a los que dan trabajo, y un sinfín de frases que alimentan la meritocracia y la defensa acérrima de la propiedad privada. Las y los voceros principales de este discurso son referentes de Juntos por el Cambio como Macri, Larreta, Patricia Bullrich y los libertarios como Milei y Espert.
Y ahora se suma el poder judicial. Este miércoles, se sucedieron una serie de allanamientos y detenciones en locales. En la Jujuy gobernada por Gerardo Morales, fueron los locales del FOL, del MTR 12 de abril, del FPDS, del Movimiento Evita y el MTE, entre otras. Acusan a las organizaciones de actuar “bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita)”, una clara persecución. También se produjeron allanamientos en locales de la Corriente Clasista y Combativa en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Días atrás, el fiscal Marijuan aportó lo suyo con una denuncia al legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, y al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
En esta campaña mediática contra los movimientos sociales se coló la interna del gobierno. Empezó con el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, y hace una semana Cristina Fernández de Kirchner irrumpió en el debate en su discurso en un acto de la CTA, donde manifestó que es “el Estado el que debe tener el monopolio” de los planes de asistencia social y, comparando este servicio con la función de la policía, aseguró que "no se puede tercerizar". El rechazo a esta política llegó tanto de las organizaciones sociales no gubernamentales e independientes, así como también de algunas de las que están alineadas al Frente de Todos. ¿Cómo era lo de hacerle el juego a la derecha? Mientras, la directora del FMI, Georgieva, le pidió más ajuste a Batakis, “Son necesarias acciones dolorosas”, le dijo. La nueva ministra aseguró que cumplirá con las metas que exige el organismo internacional.
Estos ataques que ponen foco en las distintas organizaciones de la clase trabajadora desocupada, informal y formal, buscan amedrentar frente a cualquier tipo de resistencia en la calle. Por eso, la movilización que convocan decenas de organizaciones del 9 de julio en la Ciudad de Buenos y en todo el país, rechazando el ajuste del FMI, contra la criminalización de la protesta y reclamando paro y plan de lucha a la CGT y la CTA, se vuelve necesaria para que la clase trabajadora entre en escena. Los principios que marcaron Maxi y Darío no fueron olvidados, persisten en cada colectivo de lucha. Eso se ve en quienes hacen de la memoria una bandera. En quienes reconocen que la historia es condición necesaria para intervenir y pelear en el presente, por el futuro.
