Mientras los políticos del PRI se deslindan de las acusaciones y descalifican las pruebas presentadas, y el resto de los políticos del régimen buscan sacar provecho de estos escándalos, quienes pagan por los desfalcos de los partidos y empresarios son los millones de trabajadores que escuchan que "no hay presupuesto" para salud, educación y vivienda.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Sábado 23 de diciembre de 2017
Esta semana trascendió que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene al menos 19 casos en los que investigan recursos recibidos y ejercidos por el PRI de los que no hay certeza sobre su origen ni de su destino. Andrés Manuel López Obrador no desaprovechó esta oportunidad para señalar a José Antonio Meade, candidato del PRI, por este escándalo.
Durante su visita a Zimapán, Hidalgo, el dirigente de Morena hizo declaraciones en contra de los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Meade en las que los señalaba por estar coludidos con la operación financiera que trianguló 246 millones de pesos desde gobiernos locales y de la empresa Odebrecht hacia las campañas electorales del tricolor en 2016. Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, también fue señalado por el tabasqueño, por desacreditar las pruebas presentadas contra su partido.
Por este escándalo actualmente se encuentran bajo proceso al secretario adjunto del CEN del PRI, el empresario Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, brazo derecho de Manlio Fabio Beltrones. Sin embargo, la investigación ya ha arrojado que las campañas y comités estatales en el Estado de México, Zacatecas, Veracruz, Colima, Coahuila y Baja California también recibieron financiamiento a través de este fraude.
También se encuentra bajo investigación la retención de cuotas de 800 empleados estatales, por cerca de 100 millones de pesos que fueron presuntamente entregados al PRI. Otro expediente indaga contratos por obras de remodelación y construcción de edificios del partido, mientras que hay una más que investiga el financiamiento ilegal de Odebrecht relacionado con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Mientras los políticos del PRI se deslindan de las acusaciones y descalifican las pruebas presentadas, y el resto de los políticos del régimen buscan sacar provecho de estos escándalos, quienes pagan por los desfalcos de los partidos y empresarios son los millones de trabajadores que escuchan que "no hay presupuesto" para salud, educación y vivienda al tiempo que los funcionarios perciben sueldos millonarios y orquestan, con la complicidad de todo su aparato, fraudes como este.
