López Obrador criticó la militarización. Sin embargo, su propuesta política no cuestiona de raíz al régimen responsable de ello, solo pretende reformarlo.
Sábado 18 de febrero de 2017
De gira por el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que durante la administración de Felipe Calderón aumentó la tortura en mil por ciento y se produjeron 68 masacres, una cada veinte días. Al mismo tiempo, denunció que esta política tiene continuidad en el gobierno de Peña Nieto, el cuál acaba de llevar a cabo un operativo en Tepic, Nayarit, donde fueron ejecutadas 13 personas.
López Obrador -que declaró que se encontraba en Tepic cuando el helicóptero artillado abrió fuego en medio de una zona residencial- señaló que los que defienden estos operativos “son unos verdaderos hipócritas, no se matan así ni a los demonios”.
Tanto Margarita Zavala como Miguel Ángel Osorio Chong cuestionaron dichas declaraciones. La primera dijo que el líder de Morena atacaba a la Marina sin “pruebas” y exigió que las presentara. El segundo denunció el supuesto “oportunismo” en el tema de Nayarit y defendió el rol de las fuerzas armadas en el país.
López Obrador tuvo que sentar su postura debido a que el año comenzó con el recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, donde ya se cuentan más de 150 muertos en las primeras semanas.
López Obrador y la militarización del país
A ya más de 10 años de que comenzara la supuesta “guerra contra el narcotráfico” con más de 150,000 muertos y más de 30,000 desaparecidos, López Obrador ha dicho que Morena terminará con la violencia y sacará al ejército de las calles. Respecto a cómo terminará con el problema de la inseguridad, ha declarado que será con “desarrollo” y “empleo” como buscará “serenar” al país.
No obstante, lo que no dice es cómo logrará esto. En el programa oficial de Morena sólo se señala: “La violencia desatada por una equivocada política de combate al narcotráfico que emplea sólo medidas coercitivas y viola los derechos humanos ha costado al país decenasde miles de muertes, sobre todo de jóvenes a quienes se les han negado los derechos sociales y una esperanza de vida digna”. La denuncia es sin duda legítima, pero el diagnóstico da cuenta hasta el final de la geografía de la muerte que se ha ido delineando en estos años, ni su propuesta es una salida real.
La estrategia de militarización del país, que comenzó en el 2006, no sólo es consecuencia del crecimiento desproporcionado de los grupos armados que se aprovechan de la pobreza y la falta de oportunidades. Las condiciones para ello no fueron sólo el crecimiento del narcotráfico, sino el generar una contexto reaccionario para fortalecer las acciones que se llevaron a cabo contra las luchas obreras y populares, como el intento de desalojo a la huelga de Sicartsa, la brutal represión a Atenco y a la APPO en Oaxaca.
No existe, en contra de la narrativa oficial de gobierno, una guerra de los buenos contra los malos. Carlos Fazio en su reciente libro Estado de emergencia, dice que, el que él define como “estado de excepción” permitió desplegar no sólo una estrategia de control sobre las poblaciones sino acompañar la restructuración del capital que las élites en el país han impulsado mediante el despojo y el reordenamiento del territorio.
Tanto las formas de acumulación ilegales como las legales, forman hoy un intrincado panorama en el que es difícil, si no imposible, delimitarlas tanto económica como políticamente. Al mismo tiempo “justificó” una guerra asimétrica donde cualquiera es susceptible de ser identificado como criminal y por lo tanto como exterminable.
Ante ese panorama, es claro que la política de López Obrador y Morena es impotente e insuficiente. No sólo ante temas como la legalización de las drogas –punto fundamental y básico para discutir el problema del narcotráfico en el país- ha sostenido una ambigüedad absoluta. Sino que para desarticular la violencia en el país, es necesario cuestionar al capitalismo mexicano, en el cual se asocia -en una relación no exenta de violentas contradicciones- el estado y el narcotráfico. Y cuestionar a las instituciones responsables de ello.
Lejos de ello, López Obrador pretende democratizar a este régimen responsable de la militarización y de las desapariciones, contra el que cientos de miles salimos a movilizarnos cuando los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos.
Además, recluta como asesores para la contienda electoral del 2018 a empresarios ligados a Televisa, TV Azteca y a grandes proyectos de despojo de tierras de reservas naturales durante los gobiernos del PAN y Peña Nieto como Marcos Fastlicht.
La única posibilidad para plantear la efectiva desmilitarización del país es una perspectiva revolucionaria, que cuestione al sistema capitalista de raíz, y que plantee la unidad de los de abajo, de los trabajadores, estudiantes y mujeres que han salido a las calles en el último periodo en unidad con las víctimas que luchan por la memoria y contra el olvido: por volver a tejer la vida que nos arrebatan día a día.
