La nota de la semana la dio AMLO al decretar que todos los proyectos de infraestructura del gobierno federal son prioritarios y de seguridad nacional ¿Cómo podemos entender esta situación?
Miércoles 24 de noviembre de 2021
El pasado 22 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), emitió un decreto por el cual declara los proyectos de infraestructura del gobierno como prioritarios y de seguridad nacional. El presidente intentó disminuir el impacto político de su decisión con el eufemismo de que el decreto es un “acuerdo”.
El decreto señala que “…interés público y de seguridad nacional para la realización de todos los proyectos u obras que continúen a cargo del Gobierno Federal.” AMLO agregó que el documento tiene como fin “que [la Secretaría de] Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, porque tenemos que terminar las obras.”
La oposición de derecha puso el grito en el cielo
Con el Partido Acción Nacional (PAN) a la cabeza, la oposición ha criticado ampliamente el decreto en el sentido que atenta contra la transparencia y se reserva los datos de las obras, acto hipócrita e incongruente si recordamos que los gobiernos del PAN hicieron lo propio con distintos proyectos en sus dos gobiernos.
A su vez, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció su intención de presentar una controversia constitucional para frenar la determinación del ejecutivo. Esto demuestra que la derecha sigue atrincherada en los organismos “autónomos”, los cuales nunca han velado por los derechos de las mayorías trabajadoras y ahora pretenden usar de manera oportunista la acción de AMLO para posicionarse políticamente.
¿Qué significa el decreto?
De entrada, podemos decir que el decreto viola la constitución. El mismo documento se fundamenta, entre otros, en el artículo 26 de la carta magna, no obstante, dicho precepto refiere al plan nacional de desarrollo, que, si bien tiene relación con la infraestructura, nada tiene que ver con el concepto de “seguridad nacional”.
Siguiendo esta misma línea, en la constitución mexicana el concepto de “seguridad nacional” sólo está previsto, y de manera ambigua, en los artículos 76, fracción XXIX-M y en el 89 fracción VI. Ambas disposiciones legales hablan sobre el uso de las fuerzas represivas y no tiene correspondencia con la construcción de obras o similares.
Cuando un proyecto o información es catalogado como “seguridad nacional” la ley permite la reserva de información, la opacidad y el encubrimiento. Asimismo, impide que se puedan usar medios ordinarios –como el amparo— para impugnar el accionar del Estado. Recordemos además que cuando familiares y luchadores sociales exigieron la apertura de los archivos del ejército sobre la guerra sucia, uno de los argumentos para negar la información es que eran datos sensibles, lo que en el fondo garantizaba la impunidad a los implicados.
Los defensores del gobierno de Morena han intentado argüir que el decreto tiene como fin “agilizar” y evitar que se “entorpezcan” los proyectos del gobierno federal, lo que en el fondo es cancelar la posibilidad de disentir con éste, en particular por parte de sectores de los trabajadores y los movimientos sociales, a diferencia de la derecha que tiene enormes recursos para hacer oír su voz.
El objetivo central del decreto parecería ser blindar los mega proyectos del gobierno, como es el caso del Tren Maya, que ha encontrado una enorme resistencia entre las comunidades y activistas, pues como se ha denunciado, estos garantizan jugosos negocios a los empresarios aliados de la 4T. Por último, la idea de “seguridad nacional”, en manos de gobiernos que -mas allá de su retórica progresista- están al servicio de los empresarios como el actual, es un argumento antidemocrático, debido a que no permite la discusión sobre el contenido de las leyes. Esto es justamente lo que el Estado requiere, para imponer proyectos como el ya mencionado tren maya o el aeropuerto de Santa Lucia.
