Opinión. AMLO miente sobre trato a migrantes, la GN viola DDHH

Este lunes en la mañanera, López Obrador se jactó de que en México “no se violan los derechos humanos” y “se castigan los abusos” al referirse a la política migratoria de su gobierno. Asegurando que en este país “se garantizan las libertades y no se reprime al pueblo”, intentó borrar de un plumazo la cruda situación que enfrenta la población migrante y refugiada al atravesar el territorio nacional rumbo a Estados Unidos.

Esto contrasta fuertemente con los propios índices que declara la 4T al tratarse de rendir cuentas al vecino del norte en el tema migratorio. Tras la visita de la vice presidenta, Kamala Harris, en junio pasado, las deportaciones incrementaron un 120% en comparación con el mes anterior y más del 331% en comparación con enero del 2021, según medios.

Con estas cifras, el gobierno de AMLO se colocó en la punta de la pirámide de deportaciones, por arriba de las administraciones neoliberales del PAN y el PRI. Al igual que dichos gobiernos, la política migratoria de AMLO -que dista mucho de su retórica progresista- apunta a mantener contento al vecino del norte y sus intereses fronterizos, permitiendo el libre tránsito de insumos y mercancías mientras persigue con plomo y sangre a miles de personas que buscan oportunidades de vida “del otro lado”.

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GN encabeza violaciones a DDHH: CNDH

Como analiza Pablo Oprinari aquí, en octubre pasado, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS) con funcionarios estadounidenses, como un intento de enfriar las tensiones generadas con el imperialismo yanqui bajo la 4T, particularmente tras la detención del general Cienfuegos en EEUU.

Aunque la 4T declaró, en dicha reunión, el fin de la iniciativa Mérida -plan que implicó el financiamiento multimillonario para armas y equipo para combatir al crimen organizado durante la “guerra contra el narco”-, la realidad es que la injerencia imperialista, el tráfico de armas desde EEUU y la violencia perpetuada por la militarización del país se mantienen. Este rol represivo ahora es encarnado por la Guardia Nacional (GN), cuerpo militarizado que tiene como función prioritaria evitar el ingreso y cruce de migrantes por territorio mexicano hacia los Estados Unidos, además de cumplir tareas de seguridad en aeropuertos, puertos y zonas arqueológicas.

El impulso de la Guardia Nacional como eje de la política de seguridad de AMLO, fungió más como un mecanismo para legitimar a las fuerzas represivas después de la crisis política abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que para "sanear" a las mismas de la corrupción.

Por mucho que AMLO quiera negar la militarización, o presentar a su Guardia Nacional como una guardia civil, su composición naval-militar y la propuesta de que ésta sea integrada a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), demuestran que aquella no es más que una nueva corporación militar destinada a cumplir funciones de seguridad pública.

Además, es evidente el fracaso de la “nueva” política de seguridad de AMLO, basada en una guardia "civil" que supuestamente cortaría con la militarización del país, el combate a las causas estructurales de la violencia y a la corrupción. Por si fuera poco, los fenómenos aberrantes surgidos de la subordinación imperialista y la militarización, como el feminicidio y las redes de trata continúan al alza, con fortalecimiento de la asociación delictiva entre los cuerpos represivos y el crimen organizado.

El último reporte del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recientemente declaró que la Guardia Nacional encabeza las violaciones a derechos humanos según el número de denuncias presentadas por las víctimas, con 388 casos en lo que va del 2021 (superando cifras del 2020), seguida por la SEDENA con 344. Los agravios se dieron sobre todo en estados de la frontera norte (Chihuahua) y sur (Chiapas), y en la zona metropolitana de la capital del país.

Además, según publicó el periodista Héctor de Mauleón, existen varios casos de ejecuciones extrajudiciales (de civiles, personas y caravanas migrantes, activistas y defensores del territorio) por parte de la GN y el modus operandi involucra siembra de drogas y evidencia incriminatoria. Es evidente que de la mano de los mismos cuerpos represivos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que garantizaron las masacres de Tlatlaya, Tanhuato, Aguas blancas y Acteal, así como las represiones en Atenco, no vendrá ni el combate a la corrupción ni el respeto a los derechos humanos.

Por un movimiento nacional contra la militarización del país y la subordinación al imperialismo

A estas alturas, tras quince años de supuesta guerra contra el narco, ya es obvio que la militarización del país responde a los intereses del imperialismo y la gran burguesía mexicana. La militarización es el aceite de la cadenas de valor México-EEUU, que garantiza miles de millones de dólares anuales para los bolsillos de los capitalistas a través del flujo de mercancías y del tráfico de personas, armas y drogas.

Detrás de la corrupción que protege a los militares y marinos asesinos, y de la tramposa retórica progresista de una 4T que exhoneró a Cienfuegos, está el frío cálculo del costo beneficio que ve un jugoso negocio en la ilegalidad de las drogas y los negocios que la misma permite. Para enfrentar la militarización del país y exigir el regreso de los militares a sus cuarteles, hace falta poner en pie un gran movimiento democrático con estas exigencias, que se apueste a enfrentar la subordinación imperialista y los planes que los capitalistas imponen con mano dura y represión.

Será imposible lograr nuestras demandas sin una perspectiva antiimperialista y anticapitalista, que reconozca el papel que juegan los cuerpos represivos como garantes de la propiedad privada de los grandes empresarios y sus intereses, y que apele a la movilización popular y a la gran fuerza del multiétnico proletariado a ambos lados del Río Bravo para golpear con los métodos de la clase obrera el bolsillo de los capitalistas.

Hace falta la solidaridad obrera y popular y la movilización por parte de los grandes sindicatos y organizaciones de trabajadores con las y los familiares de las víctimas para imponer la justicia que tanto necesitamos, y que debe significar ninguna persona más asesinada o desaparecida.

Como parte de esta perspectiva política, es urgente exigir libre tránsito y plenos derechos todas las personas migrantes, es decir, derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo y a la vida. ¡Nuestros barrios nos son cuarteles! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Legalización de la mariguana y todas las drogas, ya!

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