López Obrador tiene el apoyo de un sector del empresariado y roces con otro, mientras anunció que busca la “reconciliación nacional”, que quiere gobernar para ricos y pobres. Aclaró que no está en contra de los empresarios, sino “sólo” de aquellos que hacen grandes negocios con el gobierno en turno.
Miércoles 9 de mayo de 2018
Afable, así se muestra en la mayoría de sus apariciones públicas el líder del Morena y candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo).
Pero a pesar de sus intentos de mostrarse como un político capaz de gobernar y garantizar los negocios del sector privado, algunos grandes empresarios muestran su ofuscamiento.
En la última semana se dio a conocer el acercamiento de algunos con el panista Ricardo Anaya, presidenciable de la alianza Por México Al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).
De la mano de esto, en días recientes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) publicó un desplegado firmado por unas 400 organizaciones patronales –entre ellas la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en su cuenta de Twitter.
Allí declaran que el país “que todos queremos” requiere de un liderazgo que convoque a la unidad, no a la división, y piden “dialogar las diferencias".
Por su parte, López Obrador respondió vía Twitter:
No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, la que obtienen de la noche a la mañana, al amparo del poder público, políticos corruptos y traficantes de influencias https://t.co/w7hd8vGQDf
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de mayo de 2018
A su vez, en un encuentro con miembros del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), al ser consultado sobre cómo será su relación con el sector empresarial si llega a la presidencia respondió:
“Buena. En la campaña nos reunimos con empresarios de todos los estados y nosotros no estamos en contra de los empresarios que trabajan, invierten y generan empleo. Nosotros estamos en contra de los traficantes de influencias y sobre todo de los corruptos. Ya se acostumbraron, no quieren dejar de robar. Ese es el fondo del asunto.”
Justamente, en el primer debate presidencial, López Obrador planteó que pretende gobernar para los pobres… y para los ricos. Sin embargo, son los empresarios (“los ricos”) los responsables de la terrible situación en la que están las grandes mayorías (“los pobres”), y no sólo de eso, sino también de los efectos terribles de catástrofes naturales como los sismos y de la falta de acceso a los recursos naturales (como el agua), la falta de vivienda, entre otros.
Los intereses de los empresarios…
Los propietarios de las fábricas, de las empresas de servicios –aun cuando no obtengan contratos de obra pública– no son almas caritativas que dan empleo al prójimo. Persiguen el lucro y producen sólo aquello que consideran que les dejará mayores ganancias. Buscan enriquecerse cada vez más y tener una vida de lujos a costa del trabajo de las mayorías.
Para alcanzar su objetivo, alquilan la fuerza de trabajo de hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños a cambio, en la mayoría de los casos, de magros salarios, que apenas alcanzan para malvivir. Son los más bajos de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Aplican la modalidad de subcontratación (outsourcing) –también instituciones de gobierno– legalizada por la reforma laboral, uno de los últimos “logros” del gobierno de Felipe Calderón. Contratan a trabajadores y profesionistas por honorarios. Buscan mil y un mecanismos para evadir el pago de la seguridad social.
Para mantener los salarios tan bajos, apelan a chantajes como bajarlos aun más a las mujeres y a los jóvenes, y el discurso repetido “si no te agradan estas condiciones, hay una fila enorme de personas que pueden ocupar tu puesto”.
Los empresarios usan así al “ejército industrial de reserva”, todo el sector de personas en edad productiva que ellos dejan sin acceso al empleo formal, mientras quienes tienen trabajo ven cómo se extiende cada vez más la jornada laboral y dejan la vida en la línea de producción, trabajando en la calle (como los instaladores de líneas telefónicas) o en la oficina.
En esos salarios –que cada vez tienen menos poder adquisitivo– se manifiesta el valor de su fuerza de trabajo. Los empresarios (todos, sin excepción) para poner en marcha sus plantas industriales, sus comercios, los servicios, contratan la fuerza de trabajo de hombres, mujeres, niñas y niños. A veces proporcionan herramientas y materias primas. A veces ni eso.
Y lo que producen los trabajadores, bienes y servicios, al realizarse la venta genera un valor monetario muy superior a los salarios. Es decir, hay un trabajo que no se paga a quienes laboran y son los verdaderos y únicos productores de la riqueza. Eso es la plusvalía, trabajo impago, que los empresarios roban legal y sistemáticamente a sus empleados. ¿No es eso riqueza mal habida?
…y los intereses de las mayorías
Al revés de lo que plantea López Obrador, los intereses de los empresarios, que ponen su riqueza por encima del bienestar de la mayoría de la sociedad –recordemos a los empresarios de constructoras e inmobiliarias que edifican viviendas y escuelas con materiales de mala calidad que las hacen vulnerables ante los sismos– no se pueden conciliar con los intereses de las mayorías.
Los agravios contra los de abajo –entre ellos la creciente degradación de las condiciones de vida y de trabajo, como los bajos salarios y la subcontratación– no pueden terminar con la “reconciliación nacional”, una utopía reaccionaria en la que sean compatibles los intereses de las trasnacionales, los empresarios y la clase trabajadora (¿y qué otra es “gobernar para los pobres y los ricos”?). No puede terminar de la mano de los poderosos, ni de la mano de políticos y funcionarios que vienen del PRI, del PAN, del PRD, y que se han sumado a la campaña de López Obrador.
Para de verdad terminar con las reformas estructurales –la educativa, la energética, la laboral– es necesario enfrentar los intereses de los capitalistas y del imperialismo estadounidense. Una tarea que sólo pueden llevar a cabo la clase trabajadora y los sectores populares, con la movilización en las calles y métodos como el paro y la huelga.
Desde el MTS impulsamos esta perspectiva, y ponemos todas nuestras fuerzas al servicio de eso; de igual forma, la candidatura anticapitalista que impulsamos al Congreso de la Ciudad de México, encabezada por dos trabajadoras –Sulem Estrada y Miriam Hernández- está al servicio de fortalecer la lucha por las demandas de las y los trabajadores, jóvenes y mujeres.
De frente a la aplicación de las reformas estructurales y los ataques de los partidos al servicio de los empresarios, es urgente que maestros, trabajadores y jóvenes pongamos en pie una herramienta política anticapitalista, socialista y revolucionaria, independiente de los poderosos, que defienda nuestros intereses.
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