En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente AMLO anunció la creación de una Comisión de la Verdad. Pero tiene en su haber la impunidad de Salvador Cienfuegos, uno de los altos funcionarios implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 30 de agosto de 2021
“+ de 90,000” dice una megapinta en el Zócalo capitalino. Es la leyenda que escribieron familiares de desaparecidos, desde aquellos que vienen desde los años de la “Guerra Sucia” hasta quienes son parte de la interminable lista de desapariciones forzadas consecuencia de la militarización y la guerra contra el narcotráfico desplegadas desde 2007, durante el gobierno del panista Felipe Calderón.
Ahora, pocos días después de denostar las protestas magisteriales en Chiapas, el presidente anunció la creación de una Comisión de la Verdad en un acto que tuvo lugar en Palacio Nacional, con la presencia del flamante secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, quien como gobernador de Tabasco impuso la Ley Garrote contra la protesta social, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y familiares de víctimas de desapariciones forzadas.
Según se dio a conocer, esta comisión tendrá como punto de partida las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los DH durante la Guerra Sucia.
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Desapariciones y represión de las décadas de 1960 a la de 1980
Desde fines de la década de 1960, el PRI emprendió la persecución sistemática de activistas y de poblaciones que simpatizaban con ellos, bajo la atenta supervisión de la CIA y el imperialismo estadounidense. La masacre de Tlatelolco de 1968 y el Halconazo de 1971, hasta hoy impunes, son algunos de los hitos de la política represiva del Estado mexicano.
De acuerdo con Claudia Rangel Lozano, de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero (UAEG), y Evangelina Sánchez Serrano, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), además de Florencia Ruiz Mendoza, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), autoras de México en los Setenta. ¿Guerra sucia o terrorismo de Estado?, una de las tácticas aplicadas por el ejército mexicano fue “las aldeas vietnamitas”.
Era una réplica de una práctica desplegada por el imperialismo estadounidense en Vietnam: bombardeaban comunidades en donde creían que estaban Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, líderes de la guerrilla. Maestros, campesinos, médicos, estudiantes se contaron entre las víctimas de esos ataques.
Para 1977, el Comité ¡Eureka!, fundado entre otras personas por Rosario Ibarra de Piedra, había registrado 564 desaparecidos. En 2014, ya se contabilizaban 788. Este año, se contabilizan más de 900, según un reportaje publicado en El País.
Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964-1970, uno de los responsables de la masacre de Tlatelolco, murió en 1979, impune. Luis Echeverría, otro de los responsables, secretario de gobernación durante el gobierno de Díaz Ordaz y su sucesor en la presidencia, fue “condenado” a prisión domiciliaria, pero en 2009 fue absuelto. Sigue vivo, y disfruta de la más completa impunidad.
Sin embargo, el gobierno de AMLO, aunque pretende marcar distancia con las administraciones previas y anuncia ahora la creación de esta Comisión, es el mismo que dejó libre a Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional y quien ha sido señalado como uno de los responsables políticos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en tanto ha impulsado una operación política e ideológica para recomponer a las Fuerzas Armadas, presentándolas como “pueblo armado”. Una enorme discrepancia entre su pose “progresista” y lo que ha hecho desde el 2018.
Por eso, para que una comisión investigadora sea realmente efectiva, no puede ser un apéndice del gobierno ni podemos depositar nuestras expectativas en la supuesta “buena voluntad” de AMLO.
Debe estar integrada de manera mayoritaria por familiares de las víctimas y representantes de organismos independientes de derechos humanos, tener pleno acceso a todos los expedientes e investigaciones, así como las instalaciones militares y los archivos clasificados de los organismos de seguridad y las fuerzas armadas. Una comisión que pueda ejercer un rol en la investigación de los crímenes de Estado -desde la guerra sucia hasta los sucesos más recientes- debe buscar el juicio y castigo de los responsables materiales y políticos de las desapariciones forzadas de ayer y hoy.
Para garantizar esto, es fundamental impulsar un potente movimiento democrático en las calles, encabezado por los organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas, junto a las organizaciones obreras, populares, democráticas y de izquierda, independiente del estado, el gobierno y los partidos e instituciones del régimen.
