La causa por espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan tiene procesado al ex presidente como responsable, los camaristas federales -designados por Macri-ahora deberán decidir sobre el pedido de la defensa y el fiscal para anularlo.
Lunes 2 de mayo de 2022 18:58
El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, acompañó el reclamo de Macri pidiendo que se anule el procesamiento por el procesamiento por las tareas ilegales de inteligencia sobre familiares de las víctimas del ARA San Juan.
La decisión está ahora en manos de Bertuzzi, Bruglia y Llorens, tres camaristas nombrados por Macri, que deben definir si mantiene en pie la resolución dictada por el juez federal Martín Bava de Dolores, previo a que la causa sea llevada a Comodoro Py.
El fiscal Agüero Iturbe coincidió con el pedido brindado por el abogado de Macri, Pablo Lanusse, al argumentar que existió un defecto formal en el procesamiento al agregar hechos después de la indagatoria realizada a Macri, afectando su derecho de defensa. Propone que se anule el procesamiento, se tome indagatoria nuevamente al ex presidente, y el tribunal decida si amerita ser procesado en la causa.
Bertuzzi y Bruglia ya dictaron un fallo que hizo pública la posición sobre las tareas de espionaje bajo el macrismo; según ellos los agentes de inteligencia habrían actuado por cuenta propia y no como parte de un plan de inteligencia ilegal del gobierno de Cambiemos. Si aceptaran anular el procesamiento por el defecto en el proceso, no se pondría ni siquiera en discusión el fondo de la causa: si hubo o no espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan ordenado por el ex presidente.
Esto transcurre mientras fue llamado a declarar frente a la Comisión Bicameral de Inteligencia el exjefe de la AFI Gustavo Arribas, sobre los casos de espionaje durante el gobierno de su amigo Mauricio Macri, que estallaron con el escándalo de la "Gestapo". La persecución a opositores, dirigentes sindicales, sociales, de la izquierda y familiares de víctimas de la represión estatal, con métodos de espionaje sindical bajo el gobierno macrista se realizó con impunidad que garantizó el Poder Judicial y Juntos busca mantenerla, llevando la causa donde está procesado Macri a juzgados favorables, como encontró en Comodoro Py.
El Estado sigue destinando millonarios recursos para sostener esos “servicios” con la excusa de su necesidad, y ningún gobierno ordenó jamás la apertura integral de los archivos de la AFI, ni de las áreas de inteligencia de las fuerzas federales, de las policías provinciales, de las Fuerzas Armadas y los servicios penitenciarios. Lo cierto es que cada inquilino de la Casa Rosada los necesita para la persecución y la represión política y de clase. La cuestión de fondo pasa por disolver todo aparato de inteligencia montado para perseguir al pueblo trabajador y a los que luchan.
