Decenas de organizaciones campesinas, indígenas y políticas se movilizarán hoy en repudio a la “Ley Atenco”.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Miércoles 1ro de marzo de 2017
Decenas de organizaciones campesinas, indígenas y políticas se movilizarán hoy en repudio a la “Ley Atenco”. La cita es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al medio día.
La concentración política afuera de la SCJN, encabezada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero busca demostrar el descontento y repudio que genera la “Ley Atenco”.
El objetivo de la “Ley Atenco” es aprobar un nuevo marco legal de regulación para el uso de la fuerza pública en el Estado de México y tiene por objetivo imponer medidas de represión y criminalización de la protesta social de manera más profunda.
El Estado de México, bastión del Partido Revolucionario Institucional, es también un laboratorio para el hostigamiento y la persecución de periodistas, luchadores sociales y jóvenes. Además, ocupa el primer lugar en feminicidios en el país, lugar que conquistó durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto.
A menos de 16 meses de las elecciones presidenciales del 2018, el Estado de México es un territorio en disputa para las principales fuerzas políticas del régimen en el país, con una contienda entre el tricolor, el blanquiazul y el MORENA que puede cambiar todo el mapa nacional siendo las elecciones del Edomex las más importantes de este año.
Te puede interesar: Claves de la elección en el Estado de México
El Edomex además atravesó diversos procesos de movilización popular, contra la inseguridad, la descomposición desatada de la “guerra contra el narco” y la corrupción que están siempre a la orden del día, como el reciente desfalco multimillonario de Eruvial Ávila, actual gobernador.
Contra la violencia feminicida se gesta un naciente movimiento de mujeres, que repudia la militarización de la entidad y señala como cómplices a las instituciones del Estado, al gobierno mexiquense y a sus funcionarios públicos y judiciales, asociados con el crímen organizado y las redes de trata.
Ya en estos procesos el gobierno del estado ha demostrado su línea de cero diálogo y mano dura contra luchadores y organizaciones sociales, como ejemplifica el caso Atenco y la dentención de 600 participantes de las movilizaciones a inicios de año contra el gasolinazo.
Más facultades para el ejército y la policía sólo agravarían la situación de inseguridad, violaciones a derechos humanos y persecusión política a los trabajadores, mujeres y jóvenes que se organizan.
