Verónica Heredia criticó la negativa del juez Gustavo Lleral al pedido dela familia de Santiago de una investigación independiente. “Pedimos una investigación imparcial”, sostuvo.
Viernes 10 de noviembre de 2017 10:59
Foto www.santiagomaldonado.com
Ayer el juez Gustavo Lleral rechazó el pedido realizado por la familia Maldonado para incorporar un grupo de expertos independientes a la investigación del caso.
En un comunicado la familia criticaba esta decisión y afirmaba que “los auxiliares de la justicia (como define el juez Lleral) son fuerzas de seguridad que dependen de un mismo Ministerio. Si bien la Gendarmería Nacional fue apartada de la investigación, en la propia resolución el Juez menciona varios puntos cuestionables en la tarea llevada a cabo hasta la fecha”.
Además ratificaban su pedido: “No pedimos más que una investigación independiente, pronta, exhaustiva. La ONU nos acompañó en la iniciativa y puso a disposición un grupo interdisciplinario e independiente. No limitamos el pedido a ese grupo: también podrían convocarse expertos de fuerzas de otras provincias y de cuerpos de investigadores judiciales , de universidades nacionales, colegios profesionales, entre otros ejemplos”.
En el mismo sentido, en diálogo con Adriana Meyer de Página|12, la abogada de la familia Maldonado fue clara: “Vamos a seguir sosteniendo que hubo una desaparición forzada seguida de muerte, y es el Estado el que debe demostrar eventualmente que no fue así”.
Además, Heredia sostuvo que “si las pruebas marcan lo contrario no vamos a sostener en forma necia un tipo penal que no sea, el Estado debe decir por qué no es lo que venimos afirmando y en ese caso qué es pero a eso se llegará sólo con una investigación imparcial que todavía ni ha comenzado”.
No a la “autoinvestigación”
Heredia además puso en el tapete la responsabilidad de las distintas fuerzas de seguridad del Estado en la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el posterior encubrimiento; argumentando que “estamos pidiendo nada más y nada menos que una investigación imparcial e independiente, sobre todo independiente del Poder Ejecutivo. Imparcial respecto de las mismas personas que actuaron desde el 5 de agosto buscando en el mismo lugar, el prefecto Ruata dice que rastrillaron siete veces el río. Entonces, la aparición sin vida de Santiago en ese mismo lugar nos suma cada vez más preguntas, y las respuestas no las pueden dar quienes intervinieron el 1 de agosto, ni tampoco los que actuaron después en la investigación. Eso es lo que le estamos pidiendo al juez, porque el Poder Ejecutivo no puede investigar”.
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La entrevista
Reproducimos aquí el resto de la entrevista publicada por Página|12, realizada por Adriana Meyer.
¿Este problema es recurrente en los casos de violencia institucional?
–Son cuestiones básicas que tenemos naturalizadas porque no existe una policía judicial ni investigadores independientes, sino que todas las fuerzas de seguridad tienen su cabeza en el Poder Ejecutivo, el planteo de pedir independencia es tomado como si pretendiéramos atacar la soberanía argentina. Cuando es todo lo contrario. En nuestro pedido ni siquiera estamos diciendo que venga un grupo internacional, sino simplemente un equipo que conozca de la materia, de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, que es lo que hay investigar. Pueden ser expertos de universidades o de ONG.
¿Es lo que sucede a nivel internacional?
–Le acompañamos la guía número nueve emitida por el Comité Internacional de Juristas en 2015 con toda la jurisprudencia internacional de la Comisión Interamericana, que propone la conformación de grupos de expertos independientes. No es un antojo, son las recomendaciones que hacen las mejores cabezas del mundo para llevar adelante una investigación de este tipo. Ni siquiera propusimos nombres, que elija él quien le parezca, tienen que ser expertos para ayudarlo a investigar al propio Estado.
El juez argumenta que una muestra de imparcialidad es que se han podido llevar adelante los juicios por delitos de lesa humanidad. ¿Es así?
–Los delitos de lesa no fueron investigados por las mismas personas que fueron sometidas a proceso, fue una investigación judicial que llevó mucho tiempo y los aportes de pruebas en su mayoría los hicieron las víctimas con el trabajo de los organismos de derechos humanos.
¿Esto va en la misma línea de aceptar que la fiscal haya apartado a la Procuración contra la Violencia Institucional?
–Se tomó de una formalidad pero podría él mismo haber pedido que se quedara la Procuvin. En cambio dice que la fiscalía estaría sobre representada cuando justamente lo que nos falta es el Ministerio Público.
Sergio Maldonado dijo que si las pruebas no indican que hubo desaparición forzada no van a insistir con esa figura. ¿Así será?
–Queremos la verdad y no vamos a sostener cualquier cosa si las pruebas dicen lo contrario, no vamos a sostener caprichosamente que es una desaparición forzada pero el Estado tiene que demostrarlo. La familia quiere la verdad y los voy a acompañar en eso.
¿Si se trató de un ahogamiento fue un accidente?
–Eso sería un absurdo total. La guía que presentamos es sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, esa es la lógica de lo que pudo haber pasado. No vamos a expresarnos respecto de otras hipótesis posibles a la espera de los resultados finales.
