PANDEMIA Y VIVIENDA. Abogado del CELS: "En el Indoamericano hubo represión y no hubo respuesta habitacional"

Federico Efron, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), llevó la causa contra los policías de la Metropolitana y la Federal, acusados por los asesinatos durante el desalojo del Parque Indoamericano en 2010. Durante el proceso fue el representante legal de la familia de Rossemary Chura Puña, joven boliviana de 28 años, víctima de la represión.

Participó de la redacción del informe del CELS sobre derechos humanos en Argentina 2019, junto a Ana Adelardi, Juliana Miranda y Paula Litvachky.

“Varios factores obstaculizaron las investigaciones de la represión en el Parque Indoamericano y en La Carcova y de los asesinatos de Alan Tapia y Rafael Nahuel, entre otros hechos graves. Una combinación de formas de proceder del sistema judicial y del Poder Ejecutivo dificulta la investigación exhaustiva de las muertes, la atribución de responsabilidades y la reconstrucción de la verdad. Así, el Estado legitima la represión violenta y la irresponsabilidad política”, sintetiza el informe.

Sobre el Indoamericano, el documento detalla que “tanto los autores materiales como los jefes policiales están ahora imputados, pero nueve años después de los hechos aún no se realizó el juicio oral”.

En 2018 el Poder Judicial sobreseyó a los jefes policiales de la Policía Metropolitana y la Federal por la represión en el Indoamericano. Entonces dijiste que fue “un paso más en el largo camino de impunidad del caso”. ¿Cómo se fue construyendo ese camino de impunidad?

Tuvimos un juez que después de un año de investigación, cuando recibe la indagatoria cierra la causa automáticamente sobreseyendo a todos. Eso implicó que aparten al juez y perdimos varios meses. Después la causa quedó en otro juzgado, el juzgado avanzó e investigó y se llegó a un buen procesamiento. Ese buen procesamiento, fundado y argumentado, fue dejado sin efecto en gran medida por la Cámara del Crimen en tres párrafos.

Había muchas pruebas de que había habido un operativo conjunto, de que había habido una reunión previa, de que los que estaban a cargo eran los jefes de la Policía Federal, pero eso no eximía de responsabilidad a los jefes de la Metropolitana, todo eso fue dejado sin efecto en ese fallo de julio de 2015. Eso nos obligó a ir a Casación. Salió bien porque la Casación Federal nos dio la razón, pero tomó tres años en ser resuelta. Estas son las cosas que contribuyen a que estemos por cumplir 10 años y todavía no tenemos respuestas claras del sistema de justicia. Apenas hay un procesamiento confirmado por la Cámara. Por eso tenemos todavía un largo camino que se va construyendo.

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Los referentes sociales Diosnel Pérez y el “Tano" Nardulli, fueron sobreseídos dos veces en la causa que los acusaba de ser los organizadores de la toma del Indoamericano. Luego la Fiscalía cambió la acusación arbitrariamente para llevarlos a juicio oral, prácticamente sin pruebas. En un informe de 2019 el CELS denuncia que a 9 años de los hechos, en la causa contra los policías acusados de asesinato en el Indoamericano, a pesar de la enorme cantidad de pruebas, nunca enfrentaron juicio oral. ¿Por qué creés que hay tanta arbitrariedad para definir esto en cada caso?

No solo es arbitrariedad sino que es una absoluta disparidad. En los casos de violencia policial, en este caso de represión de la protesta social, donde están involucradas las fuerzas de seguridad, es muy claro el sesgo. Es muy claro cómo se avanza rápido con las imputaciones más graves que puedan contra los actores sociales, la gente de los barrios que reclama como en este caso, el acceso a la vivienda digna. Es muy claro cómo se pone todo el poder del Estado con la finalidad de avanzar y a su vez, cuando lo que está en juego es la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, las calificaciones que se ponen siempre se busca que sean las más leves, los procesos se demoran, se le da lugar a recursos que no tienen motivos ni sustento de la defensa, todo eso se dilata, se toman decisiones arbitrarias e infundadas que llevan a la impunidad. Ahí no solo es el rol del Poder Judicial, sino también del Ministerio Público Fiscal, que dirige impulsar unas causas y no tanto otras.

La situación de Guernica, en la que existe una orden de desalojo que pende sobre las familias, sin que ningún propietario haya podido efectivamente demostrar la propiedad, ¿no te parece un escenario similar desde el punto de vista de cómo se interpreta la ley y se imparte justicia?

Hay un escenario similar, sin ninguna duda. Muy similar. Esperemos llegar a un resultado distinto y es no solo que no haya represión y muerte, sino que haya efectivamente una respuesta a las personas que reclaman. Porque en el caso del Indoamericano hubo represión, hubo desalojo, hubieron muertes y no hubo respuesta habitacional a las personas. Hay varias similitudes también en el uso del sistema penal para criminalizar a las personas, no solo porque se les imputa el delito de usurpación sino que se utilizan artículos del Código Procesal Penal que sin prácticamente nada, habilitan la restitución del inmueble o el desalojo. Esperemos que el resultado final sea otro, para eso estamos trabajando.

En ese mismo informe del CELS denunciaban que ciertas causas vinculadas a la represión policial enfrentaban dificultades para avanzar. ¿En qué sentido creés que se avanzó sobre esto o considerás que no se avanzó?

En algunas cosas se ha avanzado, en otras no tanto. Lamentablemente sigue siendo una cosa que depende mucho del impulso de las víctimas, de las organizaciones sociales, de las organizaciones como el CELS que trabajan con las víctimas y las acompañan. Sigue dependiendo mucho de eso o de encontrarse con un fiscal o con un juez que estén dispuestos a realmente analizar lo que pasó y a partir de ello avanzar. No han habido cambios estructurales, no tenemos un mejor sistema de justicia.

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Lamentablemente no es mucho lo que ha cambiado desde entonces. En el seno de la Procuración General de la Nación se creó la Procuvin y están creándose en algunos lugares del país fiscalías especializadas en violencia institucional, pero hasta ahora no ha alcanzado a generar cambios sustanciales.