En un documento publicado en La Nación un grupo de defensores de militares protagonistas de la dictadura cuestiona los juicios por delitos de lesa humanidad y exigen impunidad.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Martes 2 de agosto de 2016
Alberto Solanet (captura de Youtube)
Ayer nuevamente amanecimos con una editorial de antología del diario La Nación. El persistente reclamo de sectores de ultra derecha defensores de los genocidas encuentra allí eco y plataforma para hacerse oír.
Primero el mismo diario atribuyó el documento a la autodenominada Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Pero luego "aclaró" que sólo se trató de un grupo de abogados firmantes a título individual, a quienes desde el periódico mitrista señalan como “destacados juristas y reconocidos constitucionalistas”. Allí los profesionales pretende denunciar el “grave estado de situación que afecta a los detenidos acusados de delitos de lesa humanidad que viola elementales nociones de justicia y sus derechos humanos".
Para que nadie se confunda, entre “estos destacados juristas” se encuentran, por nombrar algunos, Alberto Solanet, Federico Young, Ricardo Saint Jean, orgulloso hijo de quien fue funcionario de Videla. Actúan hermanados con la agrupación de Cecilia Pando y desde que asumió el gobierno de Cambiemos vienen militando como nunca porque han encontrado en el gobierno un aliado para su política de impunidad.
No ahorran loas al Gobierno de Macri y sus funcionarios en quien depositan sus esperanzas: “Constituyen una esperanza para que restauren la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico".
El documento está firmado por Juan Ramón Aguirre Lanari, Julio E. Altamira Gigena, Jaime Anaya, Gregorio Badeni, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Iván José María Cullen, Siro M. A. De Martini, Daniel Funes de Rioja, Guillermo Ledesma, Roberto Luqui, Daniel Sabsay, Alfonso Santiago y Jorge Vanossi. Reconocerá el lector varios apellidos estrachamente ligados a integrantes de las Fuerzas Armadas y al genocidio, y otros como Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y dirigente de la gran patronal de la alimentación (Copal).
Para ellos, los que cometieron los crímenes más atroces han visto violados sus derechos elementales. Una provocación insólita, y así lo dicen: "Bajo el pretexto de la comisión de delitos de lesa humanidad se reabrieron causas ya juzgadas y que ahora los derechos de los supuestos responsables" de esos delitos están siendo violados”.
Fueron parte, con Solanet a la cabeza, de una de las reuniones con el ministro de Justicia Germán Garavano. Todo un símbolo.
No contentos con las recientes domicialiarias como a Cabanillas y a Etchecolatz, siguen reclamando un trato preferencial a los que llevaron a cabo el plan genocida que asesinó, torturó, violó e hizo desaparecer a nuestros 30000.
La nota publicada en La Nación da una serie de datos numéricos sobre los genocidas detenidos o condenados, pero se olvidan llamativamente de decir que la mitad de ellos está en prisión domiciliaria, gracias, claro, ese trato diferencial que tanto reclaman. Lo cierto es que ese beneficio ha sido y es usado ampliamente para otorgar impunidad. Trato del que por cierto, carece la inmersa mayoría de las personas privadas de su libertad por delitos menores, que sufren tratos denigrantes e infrahumanos. De los 1056 represores detenidos, 463 están en sus cómodos domicilios. Elocuente.
No dicen tampoco, que 689 tienen condena. Si pensamos en que hubo cerca de 600 centros clandestinos durante la dictadura, la cifra es irrisoria: poco más de 1 represor condenado por centro.
Se impone un fuerte rechazo a este intento de avanzar en imponer el relato de los que implementaron el genocidio contra los luchadores obreros y estudiantiles de los 70. Exigimos con la mayor de las firmezas que sean juzgados todos los que fueron parte del plan genocida y que cumplan su sentencia en prisión.
