La subsecretaria de Salud de la provincia anticipó en el programa radial “Un Día Cualquiera” que se emite por radio Universidad, que será parte de las expositoras “a favor de la vida” en el Congreso y que hará una exposición técnica y otra personal. El aborto legal, ¿una cuestión personal o de salud pública?
Julieta Katcoff Secretaría de las Mujeres Hospital Castro Rendón
Domingo 22 de abril de 2018 13:02
Alejandra Piedecasas, subsecretaria de salud de la provincia junto al Director Provincial de Culto, German Cazeneuve y la teóloga de la Universidad Católica Paula Casanova, fue invitada por la diputada del MPN, Alma “Chani” Sapag para exponer en el Congreso de la Nación. En declaraciones radiales anticipó que las exposiciones serán “a favor de la vida, de la madre y del niño” para que “se salve a los dos”.
Informó que participará como subsecretaria pero también como médica y mujer, aclarando que expondrá “una cuestión técnica real” y otra “desde lo personal”.
¿Puede una funcionaria de la salud pública de la provincia, priorizar sus creencias personales en el debate sobre el derecho al aborto? Considero que no, que la discusión debe centrarse en el acceso equitativo al derecho a la salud de las mujeres y que como subsecretaria debería garantizar por encima de sus juicios y concepciones individuales.
La Dra. Piedecasas habla de la necesidad de fortalecer los programas de prevención y poner todos los recursos necesarios para evitar las muertes, mientras desde su rol como funcionaria no ha planteado la necesidad de incrementar las partidas presupuestarias para la implementación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia.
Las cifras de embarazos adolescentes que se dieron a conocer la semana pasada, contrastan con sus declaraciones. De los nacimientos registrados el año pasado en el hospital Heller, el centro asistencial donde se practica la mayor cantidad de partos dentro del sistema público de salud en la provincia, un 20 por ciento corresponde a embarazos adolescentes, es decir, de mujeres menores a 19 años. El porcentaje encendió una alarma dado que duplica la media mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y supera el registro nacional.
La subsecretaria señaló también que parte de su exposición contendrá “los datos duros de la política sanitaria de la provincia” informando que las muertes por causas obstétricas fueron “una durante el 2017 y dos en el año 2016 y ninguna por aborto”. Lo que la funcionaria omite decir es que dentro de salud pública no hay un registro oficial que posibilite la vigilancia epidemiológica sobre las muertes de mujeres por aborto, es decir no hay registros de muertes por abortos sino de las complicaciones derivadas de estos.
Paralelamente, la médica neuquina Gabriela Luchetti dio a conocer, en su exposición en el Congreso, que un período de 5 años en el Hospital Castro Rendón, se internaron 550 mujeres con diagnóstico de complicaciones por aborto realizadas en condiciones de riesgo, 122 tuvieron diagnóstico de aborto séptico y 6 de ellas murieron. Otras 16 mujeres fueron histerectomizadas, es decir que se fueron de alta vivas pero sin su útero y 26 requirieron de internación en terapia intensiva un mínimo de 7 y un máximo de 29 días.
Finalmente, consultada por los protocolos para la implementación del aborto no punible en Neuquén, la Subsecretaria afirmó que “hay un protocolo provincial que se ha discutido pero no se ha aun aprobado”, con lo cual deja en evidencia que la implementación de los abortos no punibles no es prioridad en la política sanitaria de la provincia y que el Estado sigue con dilaciones, negando una norma de actuación clara para los trabajadores de salud.
Actualmente, la práctica de los abortos no punibles se garantiza por el marco que otorgan documentos propios en los hospitales y por la firme decisión de quienes todos los días con nuestro trabajo y con nuestra lucha sostenemos el sistema público de salud.
De acuerdo al informe “el estado de la situación de la interrupción legal del embarazo”, publicado por Amnistía Internacional, hasta abril de 2017 sólo 8 de 25 jurisdicciones de todo el país cuentan con protocolos que se ajustan a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia. Entre ellas, se encuentran Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Por su parte, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta dictaron protocolos que, en lugar de facilitar, dificultan el acceso. Las 8 provincias restantes aún no cuentan con normas locales, lo que no significa que puedan negarse a garantizar la práctica.
Que el Estado se niegue a considerar el aborto como una problemática de la salud pública afecta la vida de miles de mujeres. Los tabúes morales y religiosos, entremezclados con la idea de la maternidad como mandato en lugar de deseo, no sólo obstaculizan la despenalización y legalización, sino también la aplicación efectiva de la interrupción del embarazo en los casos ya previstos en la ley. La resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad continúa impidiendo el acceso a los derechos de las mujeres, para que cada una de nosotras decida sobre su propio cuerpo.
Desde la Secretaría de las Mujeres del Hospital Castro Rendón, llamamos a impulsar una gran campaña en nuestro lugar de trabajo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, conformando un comité de apoyo al Proyecto de la Campaña, que mediante distintas acciones despliegue en los Hospitales, la fuerza de las mujeres para conquistar este derecho, construyendo una multitudinaria movilización para el día de su tratamiento en el recinto legislativo, a las mujeres nunca ningún gobierno nos ha regalado nada, todos nuestros derechos los hemos conquistado en las calles.
