El juzgado de lo penal de Barcelona ha absuelto este lunes a los activistas Isma y Dani. Ambos estaban condenados a ocho años de prisión, acusados de desorden público y atentado contra la autoridad por participar en la huelga del 29M.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Martes 7 de julio de 2015
Ismael Benito y Daniel Ayyash fueron detenidos durante el transcurso de la huelga general del 29 de marzo de 2012, acusados de desorden público, desobediencia y atentado a la autoridad.
Tras haber cumplido 35 días en prisión preventiva y después de más de tres años de lucha contra todo un montaje policial, la jueza de lo penal número 6 de Barcelona ha absuelto a los dos activistas.
La fiscalía había ha pedido para ambos activistas penas de ocho años de prisión por supuestamente haber quemado unos contenedores y utilizarlos como barricada, además de acusarlos de lanzar piedras contra las fuerzas policiales.
Durante el juicio celebrado el pasado 30 de junio, tanto la fiscalía como la propia Generalitat de Cataluña, rebajaron la petición de pena a cinco años, ya que los agentes que testificaron declararon sufrir lesiones durante la persecución y no por agresión de los activistas durante las detenciones.
Este lunes se ha hecho pública la resolución de un juicio en el que llegaron a testificar una decena de policías entre Mossos d’esquadra -cuerpo policial autonómico de Cataluña- y agentes de la Guardia Urbana de Barcelona; aunque como se ha conocido en dicha resolución, tan solo un sargento de los ‘Mossos’ fue testigo de los hechos.
En ella, la jueza desacredita la versión del propio sargento que detuvo a Isma y Dani y considera que se produjeron múltiples contradicciones durante todo el proceso.
Las propias declaraciones de la jueza Graziella Moreno se dirigen en ese sentido, aunque considera que se pudieron cometer “errores involuntarios” por parte de las fuerzas policiales a causa de la tensa situación vivida por los agentes.
Según señala la propia jueza, es un dato revelador de estas irregularidades que los agentes fundaran sus testimonios en señalar en el juicio que Ismael llevara gafas blancas y negras durante los hechos, contradiciendo el atestado policial donde indicaban que las gafas eran blancas y amarillas.
Testimonios como este, entre la ausencia evidente de pruebas durante el juicio, indican sobradamente el carácter de montaje policial al que sometieron a los dos activistas durante más de tres años.
El mismo día del juicio a Isma y Dani, se juzgaba a otros dos activistas Roger Sánchez y Saturnino Mercader, acusados de atentando al derecho al trabajo y atentado contra la autoridad durante la misma jornada de huelga general del 29-S, por lo que les piden entre seis y dos años de prisión respectivamente.
Y sin ir muy lejos en el tiempo, nos encontramos con la ratificación de la condena a cuatro años de prisión a Alfon, joven activista madrileño, acusado de portar material explosivo en otra huelga general, el 14 de noviembre de 2012.
Casos como los mencionados, junto a decenas de activistas más que están esperando ser juzgados durante estos meses en todo el territorio español, son el vivo ejemplo de la cruzada represiva que está llevando a cabo el Gobierno del PP con el fin de evitar que se profundice la lucha social en el Estado español.
Con todo esto, para profundizar en esta política del miedo, sustentada en las fuerzas policiales y judiciales, la semana pasada entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley mordaza que atenta contra las libertades democráticas más elementales y persigue y condena a tantos luchadores como Isma y Dani.
