La Justicia española absolvió este martes al exjefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato y una treintena de antiguos miembros de la cúpula de Bankia, juzgados por estafa y falseamiento de cuentas de la entidad financiera española en el proceso de su salida a bolsa en 2011, que acabó en el mayor rescate bancario de la historia de España.
Martes 29 de septiembre de 2020 10:59
La historia tiene todos los condimentos que confirman la estafa global de los rescates de los Estados capitalistas al mundo de las finanzas y los empresarios multimillonarios. En este caso se trata de Rodrigo Rato, exjefe del Fondo Monetario Internacional, acusado junto a 33 antiguos miembros del grupo Bankia que cometieron estafa, quebraron y luego recibieron el rescate bancario más grande de la historia del Estado español.
Para hacer frente a esta inyección de dinero público, el expresidente de derecha Mariano Rajoy pidió un rescate financiero a Bruselas, al mismo tiempo que aplicó duros recortes a las y los trabajadores del Estado español.
Historia de un fraude
La Fiscalía pedía más de 8 años de prisión para el considerado "padre del milagro español" y entonces directivo de Bankia en este juicio, que tuvo una gran repercusión política y social, ya que más de 300.000 accionistas minoritarios perdieron sus ahorros en aquella operación.
Los integrantes de la cúpula de Bankia habían sido acusados de ocultar el verdadero estado financiero de la entidad cuando salió a bolsa.
Después de conseguir 3.100 millones de euros en la oferta pública de suscripción de acciones, Bankia reformuló sus cuentas para pasar de un beneficio de 309 millones de euros en 2011 a una pérdida de 3.000 millones de euros.
La situación llevó al Gobierno español del derechista Mariano Rajoy a nacionalizar la entidad para evitar su quiebra con un desembolso de 24.000 millones de euros, la mayor cuantía del total de 64.900 millones de euros de dinero público inyectado al sistema financiero español desde 2009.
Sin embargo, la sentencia destaca que la operación fue "intensamente" supervisada por el Banco de España y otros órganos reguladores, y que el folleto entregado a los inversores contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera, incluyendo los riesgos para los accionistas de perder de forma parcial o total la inversión.
Además, los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señalan que durante el juicio sólo se expusieron actitudes genéricas de los acusados, pero no actos concretos en los que se pueda basar una condena.
La sentencia argumenta que en el momento de su salida a bolsa, Bankia era viable y añade que la inviabilidad que se pretende se sustenta en cuatro correos electrónicos internos que plasman la opinión de un inspector del Banco de España que luego no tuvo reflejo en ningún documento oficial.
El Ministerio Público acusó a Rato de falsar las cuentas de 2011, que presentó sin el informe de la auditoria, aunque también reconocía que esos datos contables no podían considerase estrictamente como tales por no estar verificadas, de ahí que, según los jueces, no se cometió un delito.
Lo más escandaloso de la absolución de los 34 acusados, es que la Audiencia Nacional los exculpa al considerar probado que el Banco de España, la FROB (entidad de control) y otros organismos del Estado estaban al tanto de todas las operaciones financieras. Es decir, que Rato no actuó por cuenta propia. Pero esto no significa que la investigación vaya a continuar investigando el resto de las responsabilidades políticas en el hundimiento de Bankia, sino todo lo contrario, ahora la causa contra Rato se cierra, y se impone la impunidad para todos.
Rodrigo Rato, expresidente de Bankia cuando ésta salió a bolsa en 2011, seguirá en la cárcel por el caso de las tarjetas Black, pero termina impune en este caso, que culminó con el hundimiento de Bankia en 2012 y el rescate financiero más grande de parte del Estado hacia una entidad bancaria. Un rescate financiero que aun está pagando toda la población española, porque significó su contraparte en recortes para los presupuestos de sanidad, educación y servicios públicos.
La sentencia absolutoria llega en el mismo momento en que Bankia está avanzando su adquisición por CaixaBank, lo que dará forma a la entidad financiera más grande del Estado español. Una operación que servirá para “socializar costos y privatizar ganancias”, dado que, hasta el momento, solo se han recuperado 3.000 millones de esos 24.000 que permitieron rescatar Bankia. También se conocía este martes que la nueva CaixaBank no heredará los litigios por preferentes de Bankia, que quedarán en manos del Estado, como otra deuda a saldar. Un verdadero escándalo, que culmina así con la historia de saqueo de Bankia a los fondos públicos.
