Hace 2 años que se pusieron las primeras demandas por abusos y malas condiciones contra el Hogar Cordillera de los Andes. Según informe de Contraloría, en menos de 12 meses se suscitaron 31 muertes de ancianos de un total de 82. Operadores de la Democracia Cristiana implicados en estas fatales irregularidades.
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Sábado 9 de septiembre de 2017
Desde fines del 2015 que se vienen documentando las atroces irregularidades en la residencia para adultos mayores, mismo año en que la fundación Agrupación Médica y Social Chile Ayuda (AMSCA) firmó convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
En ese entonces, se alertó a la Dirección Nacional del SENAMA (a cargo de la militante DC, Rayén Inglés) que existían serias deficiencias en la alimentación de los ancianos, algunos en evidente estado de desnutrición y sin las sondas que requieren para alimentarse.
Otra denuncia, con registros fotográficos, en la que mostraban a tres ancianos residentes lesionados, implicó la supervisión urgente al hogar y se verificó que además de lo que se investigaba, no existía un registro fidedigno de las fichas clínicas de los residentes, como tampoco de las personas fallecidas.
En el período investigado (2015-2016), de un total de 82 adultos mayores, fallecieron 31 y sin un mínimo de regulación por parte del servicio público.
Mientras se vulneraba la dignidad y la vida de los ancianos, el jefe del programa que controla los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) era el actual Director del SENAMA, Rubén Valenzuela (también militante DC). Y, efectivamente, el recinto sumariado dependía del control del mismo.
Sin embargo, y a pesar de estar sistemáticamente violando el derecho de los abuelos - en la falta de higiene o dejarlos bajo el cuidado de alumnos inexpertos en práctica-, el convenio firmado por un total de $517.448.676 se pagó en su totalidad. De esta cifra, la Contraloría cuestiona el uso de $117 millones donde más de $14 millones están detallados como “almuerzo de los funcionarios” y el arriendo de un chofer.
Cabe mencionar que el hogar recibe 450.000 por residente y puede quedarse con el 85% de sus pensiones para el supuesto cuidado estos pacientes, que son parte de la generación más vulnerada por la precariedad y la desprotección social.
Precisamente sobre la entrega de recursos fiscales a esta entidad privada, la Contraloría estableció lo siguiente: “El SENAMA no exigió al operador AMSCA, en ninguna de las transferencias de recursos efectuadas durante el 2015, la entrega del comprobante de ingreso que dé cuenta de la recepción de los fondos por parte del operador..."
Mientras la investigación pudiese arrojar culpables, se evidencia, desde ya, la crueldad con que la casta política de la DC actúa mediante sus influencias en el servicio público con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Social (dirigido por el PC, Marcos Barraza) que cobijó la entrada de Valenzuela y dejó la puerta abierta para que las ganancias de los políticos cuestionados arrasaran con la dignidad, derecho y vidas de nuestros viejos y viejas, abandonados en las manos manchadas de las casta política de la Nueva Mayoría.
