Con diez denuncias presentadas ante la Fiscalía capitalina, el caso del Colegio Ana Pavlova se convirtió en uno de los más graves reportados en el último mes, junto al del Colegio Carmel, en la alcaldía Coyoacán, en el cual las denuncias alcanzaron la veintena.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 1ro de marzo de 2023
Febrero trajo consigo un nuevo escándalo por denuncias de abusos contra menores en escuelas de la Ciudad de México. En esta ocasión, se trató del colegio Ana Pavlova, ubicado en la colonia Panamericana de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Con diez denuncias presentadas ante la Fiscalía capitalina, el caso del Colegio Ana Pavlova se convirtió en uno de los más graves reportados en el último bimestre, junto al del Colegio Carmel, en la alcaldía Coyoacán, en el cual las denuncias alcanzaron la veintena. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en enero el delito de abusos contra menores incrementó 62% con relación al año pasado.
El entramado que permite la gran incidencia de estos crímenes está compuesto de impunidad, negligencia y corrupción por parte de las autoridades gubernamentales y educativas. Al respecto, el caso del Colegio Ana Pavlova es un ejemplo, pues no fue sino hasta dos semanas después de protestas y bloqueos viales protagonizados por padres y madres de familia que las autoridades cerraron no uno, sino tres colegios propiedad de Gabriela Torres, ex candidata del PAN a una diputación local.
Torres, quien ostentaba el cargo de directora del colegio Ana Pavlova, fue señalada por padres de familia por encubrir a su hijo Mario Alberto Rubio Torres, uno de los principales señalados como responsable de los abusos. Tras el cierre de la escuela, padres señalaron su inconformidad por la demora en las investigaciones, pues creen que los responsables ya se han dado a la fuga. A la negligencia de la Fiscalía se suma la indolencia por parte de las autoridades capitalinas, quienes han ofrecido talleres para padres de las víctimas, pero sin evaluaciones o peritajes médicos y psicológicos que atiendan a los menores. En algunos casos, denuncian los familiares, las citas para evaluarles se agendaron para finales de marzo.
Padres de familia continúan en alerta ante la posible impunidad de los responsables en el caso, el riesgo de que las autoridades den "carpetazo" al asunto con el cierre del inmueble y la incertidumbre sobre el seguimiento a las víctimas. Autoridades de la SEP, que otorga autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios a particulares como Gabriela Torres, han guardado silencio.
Citado por el medio Publimetro, Alfonso Poiré Castañeda, asesor de la ONG Save The Children, destaca el carácter estructural de la violencia en contra de los menores, de la cual los abusos en centros educativos son apenas un ejemplo escandaloso. En un contexto de violencia y descomposición social, las infancias son un sector expuesto a condiciones de vulnerabilidad, no sólo al pertenecer a familias pobres y trabajadoras, sino también al no ser considerados sujetos de derechos.
