MOCIÓN DE CENSURA. Acabar con el Gobierno del PP: ¿moción de censura o movilización social?

Foto: EFE

Este jueves el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hacían pública su intención de sacar adelante una moción de censura contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El motivo, según las propias declaraciones de Pablo Iglesias, es que "España está viviendo un estado de excepción democrático: por el saqueo del PP de las administraciones públicas y un comportamiento parásito de las instituciones". Todo en relación al aumento de investigaciones por corrupción durante estas últimas semanas que tienen al PP y a algunos de los miembros del propio Gobierno en el punto de mira.

El secretario general de Podemos también manifestaba que “se iniciarán encuentros para una moción de censura al PP. Hemos informado a otros partidos, como el PSOE; sindicatos como CCOO y asociaciones como Jueces para la Democracia". Irene Montero, por su parte, hacia un llamamiento a los demás grupos parlamentarios para apoyar la iniciativa de Unidos Podemos.

Pese a que para presentar la moción de censura solo es necesario la firma de 35 diputados, cifra ampliamente superada por Unidos Podemos, ésta tiene que ir acompañada de un candidato alternativo y lograr el apoyo de la mitad más uno de la Cámara. Lo cual hace pensar que la iniciativa tiene todos los números para no prosperar.

Sin ir más lejos, el PSOE ya ha comunicado que rechazan la moción y acusan a Pablo Iglesias de actuar de “mala fe”. Además, Antonio Hernando, portavoz del grupo socialista, ha señalado que para ellos no hay mayoría alternativa al PP. Cs, como era de esperar, se mantiene fiel a su pacto de investidura, a pesar de que el PP lo viene incumpliendo casi sistemáticamente en materia de responsabilidades políticas por casos de corrupción.

Sin duda, no le falta razón a Pablo Iglesias cuando dice que el PP está saqueando las arcas públicas a través de sus entramados de corrupción. Lo mismo se podría decir de los convergentes en Catalunya y los socialliberales del PSOE en Andalucía y otras regiones, por ello llama la atención que se quiera recurrir a estas formaciones como “aliados” contra sus “colegas de corruptelas”.

En los últimos días la operación Lezo, que investiga el saqueo del Canal de Isabel II, ha llevado a la dimisión de la líder del PP, Esperanza Aguirre, de todos sus cargos y al que fuera su mano derecha y expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a prisión. Por su parte, algunos ministros como el de Justicia, Rafael Catalá se han visto salpicados por unos SMS de apoyo al propio González. Por si fuera poco, Mariano Rajoy deberá declarar en el proceso judicial de la trama Gürtel, una de los casos más escandalosos de los últimos tiempos.

La labor de obstaculización, tanto del fiscal jefe anticorrupción como del fiscal general del Estado, en las investigaciones de estos casos por corrupción, ponen de manifiesto también hasta donde llega la mano del gobierno para impedir que todo ello salga a la luz.

Sin embargo, todos estos casos son tan solo la punta del iceberg de la corrupción institucionalizada. Un sistema que forma parte del ADN, no solo del PP, sino del mismo Régimen del ’78 y sus principales partidos e instituciones como la Corona o el poder judicial.

La moción de Unidos Podemos sin duda va a servir para poner nuevamente en evidencia lo que ya se vio en la sesión de investidura de Rajoy, la existencia de un acuerdo de “gran coalición” entre el PP, el PSOE y Cs que logre algo de estabilidad para buscar una salida conservadora a la crisis del Régimen del 78. Lo hemos visto en la comisión de investigación del caso Fernández Díaz, donde PSOE y PP actuaron en común para impedir que desfilaran altos mandos policiales, o en la aprobación de medidas claves para los intereses de la banca como la regulación de la devolución de las clausulas suelo.

Pero, una vez demostrado esto ¿Qué piensan hacer desde Unidos Podemos? Llama la atención que la beligerancia y la “vuelta a las calles” prometida en Vistalegre II siga sin llegar ni siquiera cuando la indignación contra el gobierno del PP y la casta judicial vuelven a rozar máximos. Así, Iglesias anuncia que se reunirá con CCOO, pero para anunciarle una medida contra el gobierno condenada al fracaso, en ningún caso para exigirle que abandone su política de paz social y llame a organizar un plan de lucha y una huelga general contra el gobierno de Rajoy, su agenda antiobrera y por revertir lo perdido durante la crisis.

Medidas de este tipo pueden tener un importante efecto mediático, como la del Tramabus, y hasta contribuir al desgaste institucional del débil gobierno Rajoy, pero... ¿Es suficiente para acabar con el gobierno del PP o más aún con la corrupción? ¿para imponer políticas que resuelvan realmente los problemas de paro, precariedad, vivienda o pobreza? Ni mucho menos.

Si de lucha contra la corrupción se refiere es inconcebible planteársela de la mano de los corruptos del PSOE, el PDCat o sus socios de ERC. Si de resolver los “problemas de la gente” lo es también de la mano de quienes han gobernado en alternancia con el PP en favor del IBEX35 durante más de 30 años.

Para acabar con el sistema parasitario que conforma el “modus vivendi” del Régimen del ’78 y sus partidos capitalistas no basta con presentar una moción de censura en el Parlamento como maniobra táctica de denuncia o pisar el asfalto de Madrid con el Tramabús. La única vía, y que sigue estando ausente de la hoja de ruta de Podemos e IU, es la activación de una gran movilización social en las calles y los centros de trabajo.

Poner en pie un gran movimiento que luche por medidas como que todos los cargos públicos y altos funcionarios tengan un salario como el de un trabajador medio, que se acaben con todos los privilegios de la clase política capitalista que viven como millonarios y alejada de la realidad de la inmensa mayoría de la población trabajadora y con la “casta judicial” que la protege. Y al mismo tiempo que pelee por medidas elementales para que el peso de la crisis deje de descargarse sobre las amplias mayorías sociales y se haga sobre los beneficios de los capitalistas, como el no pago de la deuda, el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial o la nacionalización de la banca y las grandes empresas.

Si desde Unidos Podemos quieren que creamos que la moción de censura no pasa de una medida efectista más que morirá con su recorrido institucional, deberían dar pasos concretos en preparar una respuesta social a la altura de la grave crisis social y a la degradación de un régimen político que se presenta cada día como la “democracia” de y para los grandes capitalistas. Pero parece que para esto... tendremos que seguir esperando sentados.