Mientras los grupos empresariales como el Grupo México se llenan la boca de calumnias contra los maestros disidentes, aplican aprueban y perpetuán condiciones miserables en los centros de trabajo.
Jesús Pegueros Estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM | @DemoPegueros
Jueves 4 de agosto de 2016
Debido a las medidas tan pobres de seguridad en los centros de trabajo y a la total pasividad y complicidad de las instituciones mexicanas, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana presentó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, acusando al gobierno mexicano de incumplir el convenio numero 176 referente a la protección y seguridad, violaciones que han dejado como saldo muchos accidentes laborales que se han vuelto pate de la cotidianidad en los centros de trabajo.
Las autoridades intentan ocultar esta situación de violación a los derechos más fundamentales de los trabajadores y su salud, mientras que la intención es que no se repitan estas condiciones en otros centros mineros o industriales. Además señalaron que las autoridades mexicanas saben de esta situación y sin embargo, han mostrado estar a favor de los intereses de Grupo México y Grupo Peñoles sólo por mencionar algunos de los dueños de las minas, quienes hasta hace poco venían levantando una campaña de linchamiento en contra de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mientras que ellos son los principales responsables de las condiciones inhumanas dentro de las minas. Ni qué decir de las minas propiedad de extranjeros, principalmente canadienses, las cuales merecen también ser denunciadas.
Pasta de Conchos en la memoria
En el documento que presentó el gremio también se mencionó el suceso trágico de Pasta de Conchos que dio la vuelta al mundo por su brutalidad. Señalaron a la Secretaría de Economía (SE) y a la Dirección General de Minas, como principales responsables por negligencia y complicidad, ya que, aunque ante la ley éstas se tendrían que hacer cargo de supervisar y otorgar las concesiones, dichas instituciones no cuentan con normas eficientes para garantizar la seguridad del trabajador ni suficiente personal de supervisión.
Es claro que tal documento expresa la degradación en las condiciones de trabajo que no son exclusivas de la rama minera, sino del conjunto de la clase trabajadora de México, pese a ser una de las que más horas labora anualmente.
El fruto de todo este trabajo se lo apropian unos pocos y para la mayoría está la miseria y la precariedad. Aunque los trabajadores hayan recurrido a organizaciones internacionales en vista de la cínica actitud de las instituciones del estado, las cuales se inclinan a favor de los empresarios, las organizaciones como la OIT tampoco cuentan con un contenido diferente. En realidad, son una fachada para que gobiernos como el mexicano se den aires de responsables firmando los estándares de la OIT con la firme intención de no cumplirlas, ejemplos hay muchos por todo el país.
La transformación de dichas condiciones no puede venir de arriba, de los patrones o sus instituciones, de la burocracia y sus trámites diplomáticos, sino de la estatización de toda la industria pesada y la minería organizando la producción con seguridad y ritmos de trabajo justos bajo el control de sus propios trabajadores.
De ahí la importancia de que los trabajadores, en lugar de acudir a estas instancias de fachada, sólo confíen en los métodos de base como el paro y la huelga, siguiendo el ejemplo de las luchas obreras que comienzan a aparecer en varios estados de la república y que el conjunto de los trabajadores debe seguir con atención porque comparten las mismas condiciones de precariedad.
Jesús Pegueros
Estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM
