Que el gobierno electo y su parlamento logren sancionar esta ley significaría una derrota desde el punto de vista de las libertades democráticas y las conquistas sociales de la población trabajadora, que eso suceda sin la lucha de una resistencia organizada significaría un costo más alto.
Lunes 27 de enero de 2020
Aunque los argumentos del presidente electo se basan en una lectura legalista del “ejercicio de la autoridad” emanada de un resultado electoral, eso no lo habilita a violentar las libertades democráticas y las conquistas sociales de la población trabajadora. Cierto es que dispondrá del poder del Estado y usará también sus argumentos legalistas para justificar su accionar, desde un punto de vista bastante unilateral y sesgado del ejercicio del poder otorgado por las urnas.
Pero por otro lado, incluso usando solamente el sentido común histórico actual, ante este escenario también cada individuo está en su libertad para ejercer la oposición colectiva necesaria (libertad de asociación y protesta) para defenderse ante este ataque que se anuncia en contra de sus derechos fundamentales. O como en general tienen gravado en su memoria la mayoría de los uruguayos las frases artiguistas como "El pueblo es soberano y él sabrá investigar las operaciones de sus representantes" o "Unidos íntimamente, luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos" o "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana", que muchas veces se repiten como loros pero no se piensa mucho la verdadera dimensión de su significado.
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En esto reside el accionar de un pueblo libre y no esclavo, en el entendimiento de que sus más elementales libertades individuales y colectivas no emanan, ni son decretadas por ninguna autoridad superior a ellos mismos (sea el Estado, un gobernante o supuesta divinidad), sino que provienen del propio ejercicio histórico de esa libertad.
Pero yendo un poco más allá de esta consciencia histórica, lo cierto es que la actitud prepotente que se anuncia del presidente electo y de su coalición gobernante se funda en los principios burgueses del Estado uruguayo, hablando en concreto en el principio fundamental que consagra la propiedad privada. Es natural por tanto que un gobierno clasista (de la burguesía) se plantee la organización de todo su accionar basado en esos principios en CONTRA de la clase trabajadora y las mayorías populares. Intentando destruir conquistas sociales históricas (pero parciales) y coartando también libertades democráticas que también son conquistas políticas de la clase trabajadora.
Y para implementar este programa pone sobre la mesa sus argumentos basados en la legitimidad que le otorga la ley a partir del resultado de las urnas, pero que es la apariencia para nublar lo que va a ser su accionar en los hechos mediante el uso de la fuerza policial (fortalecido por leyes aprobadas en los últimos años) que incluso se busca endurecer con el proyecto de ley de urgente consideración y que es el elemento que evidencia las REALES intenciones del gobierno electo.
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O sea lo que queda establecido es la pulseada en la correlación de fuerzas que el nuevo gobierno en representación de su clase buscará torcer a favor de ellos mismos mediante el uso de la fuerza pública usando como escudo la “legitimidad” que le otorgan las leyes del Estado uruguayo. O sea mediante la sanción “legal” de las “reglas de juego” que establecerían las condiciones para evitar o por lo menos dificultar la resistencia popular frente al ataque económico – social que se prepara.
Ante esto la clase trabajadora y otros sectores oprimidos que serán blanco del ataque, pueden hacer uso mientras puedan del ejercicio de las libertades conquistadas hasta el momento, para oponer a la fuerza que será ejercida por el nuevo gobierno, la fuerza organizada de los trabajadores y otros sectores oprimidos.
Por lo tanto la cuestión reside entonces en como el pueblo trabajador ejerce la oposición necesaria para impedir este uso abusivo del poder. Aquellos que no comprenden esto y están dispuestos a hacer la plancha esperando el próximo turno (electoral) subestiman las dificultades de recuperar el terreno perdido (o en este caso cedido) y desprecian el esfuerzo histórico y colectivo que significaron.
Algunas dificultades
Como ya dijimos la sanción de varias medidas represivas buscan profundizar el terreno ya avanzado en los últimos gobiernos como la ley de faltas, el decreto anti piquetes y similares. Esto no es un dato menor, porque algunas de ellas son medidas legitimadas por gobiernos identificados como de izquierda y sirvieron para consolidar la postura a favor de la represión y las limitaciones a la protesta social en un sector significativo de la población y que incluso una buena parte de ella es población trabajadora.
Esto significa que la fuerza social quedó parcialmente comprometida a la hora de establecer la resistencia necesaria desde la clase trabajadora y sectores populares para enfrentar los ataques. Es a esto a lo que generalmente nos referimos cuando se habla de “unidad”, sin esa unidad de un porcentaje alto de los trabajadores para enfrentar los ataques de la derecha la capacidad de lucha queda comprometida.
En otros términos, el poder estratégico que posee potencialmente la clase trabajadora en el terreno de la lucha de clases para dislocar el poder de la burguesía (mediante por ejemplo la huelga) se hace posible de implementar en base a la unidad de la clase misma y sus intereses comunes para enfrentar a los ataques de la burguesía.
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En esto también es importante hacer una distinción importante entre este concepto y lo que hoy en día está muy en boga y que habitualmente se lo denomina como hegemonía que es la conquista de aliados a la clase para cooperar contra el enemigo en común. Por supuesto esto no es en detrimento de esos potenciales aliados, sino en hacer notar que la acción independiente de la clase trabajadora para presentar sus propias fuerzas para el combate es la condición que puede lograr hacer ver a todos esos sectores aliados la posibilidad REAL de derrotar a ese enemigo en común.
Sobre el escenario inmediato
Que el gobierno electo y su parlamento logren sancionar esta ley significaría una derrota desde el punto de vista de las libertades democráticas y las conquistas sociales de la población trabajadora, que eso suceda sin la lucha de una resistencia organizada significaría un costo más alto, porque significaría que las mayorías populares quedarían a merced de un mayor avance de nuevas medidas derechistas envalentonadas por la pasividad de los trabajadores y el pueblo en general. Esto no es una especulación futurista, es prácticamente un patrón de conducta de cualquier gobierno que lo corrobora el somero repaso de la historia no solo del Uruguay sino de cualquier país, siempre cualquier gobierno va a intentar avanzar el máximo posible en su agenda. Frenar su avance significa oponerle la movilización necesaria que le demuestre que el precio de continuar con su avance es alto y que de proseguir se enfrenta a su propia deslegitimación.
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La resistencia se fortalece y se vuelve cada vez más eficiente mediante la experiencia de lucha y movilización de grandes masas, hasta el punto de lograr la capacidad de dislocar el funcionamiento del gobierno y la economía (lo que se conoce como huelga general), pero esto que es posible en teoría en la práctica requiere de grados de consciencia y confianza en sus propias fuerzas de las mayorías trabajadoras solo asequibles en gran parte mediante la experiencia de lucha.
Hay que tener en cuenta que las generaciones más recientes no se han enfrentado hasta ahora a un desafío tal y que tampoco es que se ha promovido la adquisición del conocimiento de las experiencias de lucha de pasadas generaciones.
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La gran huelga del 73 en resistencia al golpe de Estado, fue un ejemplo de la capacidad de movilización y resistencia de la clase trabajadora. Pero esto solo fue posible por la experiencia acumulada por décadas de ejercicio de lucha intergeneracional incluso, que hizo posible la espontaneidad (basada en una consciencia forjada en la experiencia referida) de salir a la huelga sin esperar el dictado de los dirigentes (que siguieron al principio los hechos desde atrás de las acciones obreras en los primeros días). Ese accionar histórico de la clase debería ser fuente de orgullo e inspiración para las presentes generaciones de trabajadores, para recomponer el corte por lo menos parcial de esa tradición que significó el triunfo de los golpistas.
Esto no significa que hoy día no se puede hacer nada, sino todo lo contrario, en realidad es la hora de empezar a recuperar todo aquello que nos arrancaron mediante la fuerza y la violencia desde aquella época. El avance de la consciencia no se da mediante ningún esquema pedante, lineal y abstracto de avance evolutivo (o cultural), sino que es en base a las experiencias que se van forjando en la historia.
Avanza o incluso puede retroceder a saltos en base a la fuerza de lucha que desarrolla la propia clase en defensa de sus libertades más fundamentales y sus condiciones de vida, en eso residen también todos los peligros y posibilidades que se nos presentan en este momento.