×
×
Red Internacional
lid bot

CRISIS MONARQUÍA. Acosado por juicios y escándalos, Juan Carlos I se va del Estado español

La insostenible situación de la figura del rey emérito ha precipitado esta maniobra para salvar la Corona de Felipe VI. Juan Carlos I conservará su condición de emérito y, por supuesto, la jefatura del Estado sigue sin estar en cuestión en el Régimen del 78.

Lunes 3 de agosto de 2020 17:52

En un comunicado la Casa Real ha anunciado la “decisión” de Juan Carlos I de abandonar el país “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”, tal y como habría expresado el rey emérito en una supuesta carta dirigida Felipe VI. Estos “acontecimientos pasados de mi vida privada” se refería a las decenas de escándalos de corrupción alrededor de su figura que salen a la luz pública día a día.

Esta decisión lejos de ser una iniciativa genuina del propio Juan Carlos, se trata de una maniobra de la propia Casa Real en conversaciones con el Gobierno para separar la imagen de Felipe VI de su padre y salvar la Monarquía española.

De hecho, de esta forma se evita despojar a Juan Carlos de su condición de emérito, para lo que habría sido necesario derogar el “Decreto sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes” que establece que "Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias". A qué espera el Gobierno para derogar esto es un misterio.

Desde luego no cabe duda alguna de la relación existente entre Felipe y su padre, como parte de la misma institución que restaurara el dictador Francisco Franco en 1969. Para los más despistados, el propio comunicado de la Casa Real se empeña en remarcar “la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España…”. Un reinado edificado sobre la continuidad institucional con el régimen franquista, la negación de derechos democráticos elementales y la representación de los grandes intereses capitalistas e imperialistas.

Aunque se desconoce todavía el destino y la duración de este “retiro”, no cabe duda de que este será con todas las comodidades asociadas al cargo, a costa del erario público y de la fortuna amasada durante cuarenta años a base de chanchullos y corruptelas.

Sin embargo y a pesar de todo, la jefatura del Estado sigue sin estar en cuestión tal y como declaró la vicepresidenta Carmen Calvo. Si hace unas semanas el parlamento votó con los votos de PSOE, PP Ciudadanos y VOX la inviolabilidad absoluta de Juan Carlos I y hace años que el CIS no hace públicas las encuestas acerca de la opinión sobre la Corona, la idea de un referéndum sobre la monarquía ni está ni se la espera.

El secretario de comunicación de Podemos, Pablo Echenique ha declarado en un hilo de Twitter que desde Unidas Podemos seguirán “explorando todas las vías para que los negocios turbios de Juan Carlos de Borbón se investiguen”. En el mismo sentido se han pronunciado los dirigentes de Izquierda Unida y Podemos, Alberto Garzón y Pablo Iglesias.

Sin embargo, de lo que se trata aquí no es simplemente de dirimir las responsabilidades del emérito, sino de terminar con una institución medieval, corrupta, heredera del franquismo y amiga del IBEX 35. En Unidas Podemos hacen gala de un extraño republicanismo y forman parte de la operación de salvar a la monarquía en su momento más crítico separando a Juan Carlos de su hijo, como cuando aplaudieron a Felipe VI o cuando votaron en contra de la comparecencia de Felipe VI por los contratos en Arabia Saudí.

Hay que terminar con esta Monarquía franquista y corrupta. Para que la marcha de Juan Carlos no se convierta en un retiro dorado y la Monarquía continúe “atada y bien atada”, será necesario imponer desde la movilización social un referéndum sobre la monarquía y la apertura de procesos constituyentes para decidir sobre la forma de Estado, la relación de los diferentes pueblos del mismo, así como atender las demandas sociales para que la clase trabajadora y las clases populares no paguemos la crisis de nuevo ante la pandemia de coronavirus.