El único testigo del asesinato de Berta Cáceres, Gustavo Castro, ha declarado a la presa que se trató de un “secuestro de Estado” cuando las autoridades hondureñas lo retuvieron ilegalmente, por lo que ha dado a conocer la demanda ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Honduras.
Martes 17 de enero de 2017
El también activista ambiental y de derechos humanos, Gustavo Castro presentó una denuncia este lunes ante la CIDH contra el Estado de Honduras por las violaciones cometidas al retenerle ilegalmente en el país mediante decisiones “arbitrarias”, luego del crimen contra la reconocida activista indígena Berta Cáceres Flores y del que Castro es el único testigo.
Castro presentó denuncia penal contra la jueza Victorina Flores, por el delito de “abuso de autoridad” y declaró que la Fiscalía de Honduras no ha solicitado su colaboración para reconocer, de entre los siete detenidos por el caso, a uno de los autores materiales de los hechos.
Esta cuestión claramente contradice los hechos del pasado 3 de marzo cuando las autoridades hondureñas lo retuvieron, en lo que alegaron sería una aportación para la investigación en el caso del asesinato político de Berta. “Es una prueba de que no quieren que yo colabore con este proceso”, señaló el mexicano.
También recordó que en el aeropuerto se produjo un “secuestro de Estado”, pues le retuvieron de manera ilegal, “sin presentar ningún documento oficial”, algo por lo que posteriormente le pidieron disculpas.
“Queremos dejar de ver con normalidad que el Estado hondureño siga violando derechos humanos” y “restringiendo derechos fundamentales”, apuntó uno de los abogados de Castro, Edy Tábora. El equipo legal ha subrayado que los funcionarios en Honduras tienen el deber de ceñirse al marco legal por lo que la defensa espera que quienes se hayan sobrepasado reciban sanciones administrativas, civiles o incluso penales si se demuestra que “han cometido algún delito”.
En conferencia de prensa que de manera simultánea se transmitió también en Honduras, el activista mexicano Gustavo Castro criticó que la familia de Cáceres no ha sido notificada cuando hay avances o nuevos elementos en la investigación en el caso, o bien cuando se produce la detención de algún presunto responsable como fue el caso reciente de la detención del ex militar hondureño capturado en Tamaulipas, México.
Berta Cáceres, un icono de la resistencia hondureña
Para diferentes medios internacionales, el activista mexicano ha señalado que el contexto del crimen contra Berta y el pueblo lenca ha sido una creciente escalada de militarización después del golpe de Estado en 2009. La razón; implementar una política que beneficie los intereses de empresas y concesiones mineras, represas y proyectos transnacionales que despojan de su territorio a pueblos indígenas y campesinos en el país centroamericano.
En ese contexto la resistencia hondureña no se ha hecho esperar. La organización de la que Berta Cáceres fue fundadora, el Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) tenía ya 50 procesos de recuperación de tierra y estaba obstaculizando el avance de estas inversiones donde las familias más ricas, junto a funcionarios y bancos internacionales se han beneficiado. Los ataques y amenazas contra integrantes del Copinh han continuado, extendiéndose también para el conjunto del movimiento social en Honduras.
Lo anterior, ocasionó que Berta fuera señalada en medios internacionales como “la mujer que le torció la mano al Banco Mundial”; al respecto se sabe que la activista mantenía ya una demanda contra la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) y que a su vez había suficientes antecedentes contra esta firma, que pretendía construir la hidroeléctrica a costa de imponer mayor represión y militarización en el territorio lenca.
Por otra parte, el equipo legal que representa a las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, así como al Copinh, ha señalado su posicionamiento ante la opinión pública nacional e internacional sobre la captura de Henrry Javier Hernández Rodríguez, el séptimo implicado en el caso del asesinato político de Cáceres.
En dicho posicionamiento señalan que la imputación de Hernández Rodríguez no es un hecho nuevo, puesto que siguen esperando los informes sobre los avances en la investigación e imputación sobre la estructura criminal que maquinó y dio la orden para ejecutar el crimen; así también sobre las acciones sobre los altos funcionarios del Estado y del gobierno hondureño que tenían el deber específico de proteger la vida de Berta Cáceres, cuando se sabe por las propias denuncias de Berta que hicieron todo lo contrario.
Así mismo, la familia y abogados en el caso de Berta Cáceres han repudiado que la captura del implicado lo hayan conocido por medio de los medios de comunicación y no por acción del Ministerio Público de Honduras, evidenciando un atropello a los derechos de las víctimas y manteniendo una política de ocultamiento ilegal e injusto, que entorpece aún más las investigaciones del caso.
Finalmente han anunciado que para el 16 de enero a las 10 horas está convocada la audiencia de declaración de imputado del señor Hernández Rodríguez y para el 19 de enero una audiencia preliminar para los demás imputados, los ex militares Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Edilson Atilio Duarte Meza, Mariano Díaz Chávez, Emerson Duarte Meza y Elvin Heriberto Rápalo Orellana.
Tanto el Copinh como las hijas de Berta han hecho un llamado de alerta, ya que lo poco que se les ha permitido conocer sobre la investigación del crimen de su madre ha dejado en evidencia las serias incongruencias y debilidades en el planteamiento del caso, cuestión que podría agravarse e interpretarse como una acción estratégica para generar una mayor impunidad en favor de la estructura criminal que decidió el crimen contra Berta Cáceres.
