Con un rostro cada vez más represivo, el gobierno de Evo Morales pretende estrangular la movilización de los galenos y estudiantes de medicina, que piden la derogación del art. 205 del Código del Sistema Penal, ¿pero será el artículo 205 el quid del problema de salud?
Viernes 22 de diciembre de 2017
Foto: amaliapandocabildeo.com
El actual conflicto en el sistema de salud boliviano pone al descubierto, indirectamente, la precariedad en la que los asegurados de las diversas Cajas, especialmente la Caja Nacional de Salud, que aglutina una mayor cantidad de afiliados trabajadores, sufren con el servicio de salud. En estos momentos la sociedad habla de la salud haciendo una crítica a la misma, ya que no satisface los requerimientos mínimos de calidad en la atención.
Sin embargo, esta precariedad no es el origen de las manifestaciones desarrolladas por los médicos y estudiantes de medicina, sino más bien la derogatoria del artículo 205 del Código del Sistema Penal, artículo que pretende penalizar las conductas negligentes de los profesionales, no específicamente del sector salud, pero que implícitamente se refiere a ese rubro, ya que esta actividad profesional está directamente vinculada con la salud de los pacientes.
Estas movilizaciones ponen al descubierto toda una estructura deficiente del sistema de salud, carcomida desde sus cimientos. Sistema en el cual los pacientes deben esperar meses para realizar un tratamiento con algún especialista; en el cual la infraestructura con las que cuentan las Cajas de Salud están deterioradas y en lamentables condiciones, contrariamente a las nuevas edificaciones relucientes que pretende estrenar el presidente Evo Morales en 2020 o que fueron estrenadas por la actual élite política, como el nuevo Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; la atención burocrática que los pacientes padecen para ser atendidos; el servicio de emergencias colapsado que hace imposible una adecuada atención médica; la carencia de medicamentos y equipos, entre otros aspectos que el lector asegurado bien conoce, porque es él quien lo sufre, sin embargo por estas razones jamás se movilizaron los profesionales en salud.
La responsabilidad del Estado
Si bien es cierto que el discurso oficialista con relación a esta temática es que el Estado debe garantizar la salud de la población, como dispone el art. 35 y siguientes de la Constitución Política del Estado, esta argumentación tiene objetivos netamente demagógicos y desmovilizadores, ya que el Estado jamás desarrolló políticas para el mejoramiento de la infraestructura, abastecimiento de medicamentos de calidad, o políticas para que absolutamente toda la población pueda acceder a este servicio elemental, es decir, otorgar las condiciones para brindar una adecuada atención de salud, garantizando el financiamiento y planificando esta área de vital importancia para cualquier sociedad.
Es así que la política del Movimiento al Socialismo, de implementar el Seguro Universal de Salud no se desarrolló eficazmente ya que en una actitud demagógica, con la Ley 475 LEY DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD de abril del 2013, que amplía la atención de salud a personas no afiliadas a las cajas, siendo que ni siquiera los afiliados tienen una atención adecuada, asimismo esta Ley no reguló el financiamiento para la consecución de sus objetivos, por lo que condenó al colapsó los centros de atención médica.
En este sentido se puede apreciar que la crisis en salud en la que estamos sumidos no tiene salida próxima, más allá que se pueda derogar o no el tristemente célebre art. 205, imaginemos que eso ocurriera, en ese escenario, los médicos declinarían las medidas de presión y volaríamos a las tremendas condiciones de salud en las que vive una parte de la población, pero sin embargo esta lamentable situación ya no podrá ser ocultada.
¿Y la gente que no cuenta con seguro de salud?
Según datos del Instituto Nacional de Estadística el 62.94 % de la población equivalente a más de 6 millones de personas, no cuenta con la seguridad social a corto plazo, es decir con seguro médico, este dato es alarmante, gente de la ciudad que está obligada a trabajar informalmente, que está en una situación de súper explotación, en el área rural que ni siquiera tiene acceso a postas sanitarias, gente que muere por problemas perfectamente curables, muertes que tiene como responsables a los políticos actuales que con el poder en las manos no hacen más que engordar sus ganancias por medio de corrupción, y que reproducen este sistema capitalista de explotación con un discurso “pseudo socialista”, que más bien para ellos la problemática de salud está en un segundo o tercer plano.
En este contexto tenemos un conflicto, desnudado por el artículo 205 del Código del Sistema Penal, que por alguna u otra circunstancia llegará a su culminación, pero que sin embargo las carencias del sistema de salud seguirán existiendo, y los trabajadores tendrán que seguir batallando contra sus dos obstáculos: la enfermedad que en sí misma es lacerante y la precariedad en la atención de la que somos víctimas.
En este sentido, ya no son suficientes simples maquillajes al problema de la salud, sino una revolución estructural, se debe realizar una planificación nacional del sistema de salud que tenga como protagonistas a la vanguardia del sector médico, de la mano con la población afiliada, con el propósito de desarrollar un plan que permita que la salud llegue hasta el último boliviano, con atención de calidad y calidez, con equipos actualizados, medicamentos de primera calidad, etc., sin embargo en caso que esto no ocurriese la salud en Bolivia continuará en estado de coma.
