Aprobación unánime de las cuatro leyes secundarias para operación de Guardia Nacional. Pasan a la cámara de diputados. Martí Batres, presidente de la mesa directiva del senado, dio por terminado este período extraordinario de la legislatura, pero aclaró que si se proponen modificaciones en diputados, deberán volver a sesionar.
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Miércoles 22 de mayo de 2019
Con 114 votos a favor y sólo una abstención se aprobaron la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Detenciones y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad y la Ley del Uso de la Fuerza, tuvo 110 votos a favor y una abstención.
Según se dio a conocer, la Ley Orgánica crea una Instancia de Coordinación Interinstitucional de la Guardia Nacional con el Ejército y la Marina en el despliegue de operativos de seguridad pública; la Ley del uso legítimo de la fuerza en México que regula su uso gradual y prohíbe el uso de armas contra manifestaciones pacíficas. Esta última aplicará también a las Fuerzas Armadas cuando lleven a cabo funciones de seguridad pública y de protección civil.
Miguel Ángel Osorio, senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex secretario de Gobernación del sexenio de Enrique Peña Nieto, reprochó a la oposición que le negaron al ex mandatario una ley para regular la actuación del Ejército en las calles.
Y así fue. El presidente López Obrador llegó al poder con el voto de confianza de más de 30 millones de personas que lo eligieron como forma de expresar su hartazgo ante los innumerables agravios infligidos por los partidos patronales tradicionales, entre ellos la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El actual presidente, en el marco del recrudecimiento de la violencia -8,493 homicidios dolosos en todo México, un aumento de 9.60% respecto al mismo periodo de 2018 de enero a marzo según cifras oficiales- la salida que presenta es legalizar el despliegue de militares y marinos junto con policías, ahora con el nombre de Guardia Nacional.
Pero cabe preguntarse si esta receta, heredada de los gobiernos panistas y priistas y ordenada desde Washington, puede eliminar los vínculos del Ejército, la Marina y la policía con el crimen organizado, y las nefastas consecuencias del despliegue militar, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones, las torturas, los desplazamientos y el alza de la violencia contra las mujeres.
Los uniformados hacen gala de sus armas para amedrentar al conjunto de la población mientras prosperan los cárteles del narcotráfico y se recrudecen las disputas por las plazas. Al mismo tiempo, los sicarios, bajo el amparo de sectores del poder, imponen el desplazamiento forzado de comunidades enteras para entregar el territorio a mineras trasnacionales o para megaproyectos.
Por eso, es necesario que la clase trabajadora y los sectores populares rechacen la legalización de la militarización y exijan la inmediata vuelta de los militares a los cuarteles. Ante la violencia estructural son las organizaciones obreras y populares organizadas democráticamente, desde las bases, las que pueden garantizar la seguridad del conjunto de la población.
