La lucha de los pueblos indígenas por la autonomía y la regulación de su territorio como una medida contra la expropiación de la tierra y las áreas naturales que realiza el Estado, puede entenderse como una práctica que acentúa el proceso de acumulación capitalista por desposesión.
Miércoles 6 de marzo de 2019
Este artículo aborda la relevancia del impacto que la acumulación por desposesión (en inglés “accumulation by dispossession”) ha generado en los Pueblos y Comunidades Indígenas de México y su lucha por la autonomía.
En México, como en América Latina, los Pueblos y Comunidades Indígenas han permanecido en pie de lucha por el resguardo y dominio total de tierras ancestrales que se han visto amenazadas por la privatización de estas, en manos del Estado y en beneficio de transnacionales. Recordemos que las grandes reservas naturales se encuentran en territorio indígena y que esto implementara el principal detonante para el conflicto.
El intelectual Geógrafo marxista David Harvey señala en su libro El nuevo imperialismo, que el papel del Estado es decisivo para el desarrollo del capital (2004; 116) y en México esto no es la excepción. Recordemos que en la Reforma Agraria de 1992 se establece el fin del reparto agrario que había sido el mayor de los logros que contrajo la Revolución Social de 1910 y, como otra de sus consecuencias, la privatización del ejido.
Estas acciones forman parte del proceso histórico de acumulación. Marx señala que la expropiación que despoja de la tierra al trabajador, constituye el fundamento de todo el proceso (El Capital, libro I, T.3; 895). Karl Marx concibió a la Acumulación Originaria como el punto de partida del modo de producción capitalista y no como un suceso continuo. Es por eso que he decidido usar el término empleado por David Harvey.
Ahora bien, la lucha por la Autonomía de los Pueblos y las Comunidades Indígenas se basa en el autogobierno que, como principio, parte de regulación de su territorio y las funciones dentro de él, así como la autoadscripción a una identidad indígena. Esta forma de autonomía indígena se contrapone con la forma republicana de organización territorial con la que cuenta el país bajo el marco democrático liberal que sostiene el orden social de explotación capitalista.
En 2001 se reformó el artículo constitucional en materia indígena que reconoce una autonomía limitante. Los Pueblos Indígenas pueden ejercer toda autonomía referente a un marco comunitario, la cual excluye tener una jurisdicción total del territorio dentro de la demarcación de cada comunidad indígena.
Cabe señalar que los Pueblos y Comunidades Indígenas del país se encuentran bajo un régimen municipal, con la única posibilidad de adherirse al poder político mediante la reformulación de la figura de un representante para la toma de decisiones.
Araceli Burguete Cal y Mayor (2008) llama Municipalización del Gobierno Indígena a esta estrategia por parte del Gobierno, e Indianización del Gobierno Municipal a esta reformulación de la figura de poder para su adhesión a la institución municipal. Es menester para los Pueblos y Comunidades Indígenas, que el Estado les reconozca su autonomía y se establezca un diálogo para la contribución del bienestar indígena, siempre bajo las bases culturales de los pueblos, situación que bajo el actual régimen les es negado.
Como consecuencia al despojo de tierras y áreas naturales dentro de territorio indígena, las diferentes organizaciones indígenas -y no indígenas del país- se han pronunciado en contra de la presencia de transnacionales, donde en lamentables ocasiones los líderes o voceros de éstas luchas terminan siendo asesinados brutalmente y/o siendo violentados en sus garantías más fundamentales.
La concesión a empresas extranjeras para la práctica del extractivismo, la privatización de mantos acuíferos, la creación de presas y termoeléctricas -estas dos últimas implementadas por la empresa gubernamental CFE-, son en primera instancia los factores que generan la crisis ambiental y de salud, así como la contaminación del agua que consume la población y los animales de crianza, no olvidando que afecta al sector agricultor y que como una de sus consecuencias es la migración al no poder ejercer la agricultura. Uno de los casos más notorios y recientes es el intento de imponer la termoeléctrica de Huexca.
En general, este histórico proceso de acumulación se mantiene vigente y está cada vez más fortificado por los gobiernos de derecha que emergen nuevamente en América Latina y cuya política aún no está clara con el gobierno actual, pero no anuncia cambios sustanciales.
