En menos de tres días uno de los dos defensores demócrata cristianos, el ex Ministro del Interior Jorge Burgos, desistió de defender al actual ministro de salud. Esto, por la acusación constitucional que emergió desde la bancada opositora. Pero ¿cuál es el impacto de esta oposición?
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Sábado 9 de junio de 2018
Como anunciamos en una nota anterior, el Ministro de Salud tendría dos defensores ante la acusación constitucional por el nuevo reglamento de la ley de aborto y la objeción de consciencia institucional. Ni más ni menos que dos demócratas cristianos alineándose con la derecha: Jorge Correa Sutil y Jorge Burgos, ex subsecretario del interior de Lagos y ex ministros del interior de Bachelet, respectivamente.
Sin embargo, fue Burgos el primero en bajarse de esta cuestionada decisión, ya que desde su bancada incluso lo acusaron de provocar su suspensión del partido. El mismo abogado había referido que al interior de la DC no hubo cuestionamientos y que además esta no estaba, como organización, a favor de la acusación contra Santelices.
Pero la presión pudo más y con estas palabras se fue desligando del cuestionamiento político de su postura: "No logro entender cómo esa decisión de no apoyar la acusación de quien es inocente de ilícito constitucional... pueda ser puesta en duda por el nombre del abogado", y agrega al asumir su retiro, "espero que esta decisión ayude a centrar la discusión donde corresponde, lo insustancial de la acusación y no en quién asume el patrocinio".
Pero el señor Burgos sólo demuestra dos cosas: que la DC mantiene una debilidad interna de características críticas y que su partido no reniega de las políticas que lleva Piñera con respecto a la Ley de Aborto. Pero hay otra cosa más: qué rol está jugando la oposición.
Ayer, diputadas del Frente Amplio, el Partido Comunista y el PRO exigieron urgencia al nuevo documento que debe emanar del gobierno, dado que ha pasado un mes desde que la Contraloría declarara ilegal los cambios de Santelices.
Acusaciones, interpelaciones y exigencias parlamentarias, a esto se está limitando la realidad opositora en temas que competen a la libre decisión de las mujeres y al resguardo de su salud, así como los recursos de salud pública para las prestaciones de aborto
(recordemos que las instituciones privadas que se declararon objetoras siguen recibiendo platas públicas, pero están dejando de cumplir el papel por el que se les paga).
También ha sido el mes donde las movilizaciones y tomas feministas en los planteles universitarios han sido el centro permanente y motores de revuelo al interior del gobierno. Pero su lucha por acabar con la violencia machista y conseguir la educación no sexista parece estar limitándose por el método organizativo de éstas: separatistas, acotándolo a un sólo sector del movimiento estudiantil y abandonando demandas de las mujeres en su conjunto como la objeción de conciencia en la Ley de Aborto en tres causales y, finalmente, el aborto libre, seguro y universal.
Y es que tanto el PC como el FA (teniendo este último importante influencia en las universidades) no han querido poner el foco de su trabajo parlamentario al servicio de las demandas más estructurales y por lo tanto limitando sus acciones a métodos formales, desestimando la fuerza de las mujeres en las calles; pacificando el escenario en vez de sumar las demandas como podría ser terminar con la objeción de conciencia en vez de acusaciones constitucionales (sobre la herencia de Pinochet).
Así vemos cómo esta izquierda reformista con sus métodos limitadamente parlamentarios y con sus dirigencias estudiantiles, que separan aguas en las demandas del movimiento, no hacen más que retrasar y entorpecer la conquista de los derechos de las mujeres (aborto, precariedad y desigualdad salarial, violencia de género, etc.) y se diluye, siendo además obstaculizadores del movimiento estudiantil para retomar la lucha por la educación gratuita, mientras avanzan los días y las clínicas sacan ganancias sin respetar un derecho mínimo, y mientras, Piñera anuncia otro método para perpetuar la deuda universitaria.
