El Gobierno convocó a sindicatos y empresarios a acelerar las paritarias en más de 20 sectores. La escalada de la inflación hace imposible para cada vez más familias llegar a fin de mes por la pérdida de poder compra de los salarios. Incluir una cláusula gatillo permitiría que los sueldos se actualicen de forma automática, pero las cámaras empresariales y el Frente de Todos se oponen a esta alternativa.
Matías Hof @HofMatias
Miércoles 6 de abril de 2022 23:59
El Gobierno, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), acordaron este miércoles convocar a un adelanto de la discusión de las paritarias salariales. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, realizó el llamado para dar inicio a las negociaciones en más de 20 sectores: construcción, camioneros, sanidad, gastronómicos, alimentación, entre otros. La resolución es un intento por moderar el desplome de los salarios frente a la inflación que acumula más de un 12 % entre enero y febrero y se estima tuvo un crecimiento cercano al 6 % en marzo.
Según los últimos datos del Indec el 2021 terminó con más de 17 millones de personas sumergidas en la pobreza, por más que muchas de ellas tenían un trabajo estable. Esto se debe a la gran caída de los ingresos de las familias trabajadoras en los últimos cuatro años frente a la inflación. Los empresarios no sufren este problema ya que pueden subir los precios para resguardar sus ganancias o incluso aumentarlas, tampoco los acreedores del Estado ya que la mayoría de las deudas tienen tasas de interés ligadas a la inflación, la suba del dólar o están directamente en dólares ¿Por qué los salarios no tienen la misma “suerte”?
En Argentina son pocas las paritarias que se firman con “cláusula gatillo” y en los casos que sí, la actualización no se realiza de forma automática, sino que la medición es trimestral o semestral. La razón es sencilla: el mecanismo real de la cláusula implicaría que los salarios nunca puedan perder con la inflación. Es decir, que se actualizarían en función de cómo suban los precios, mes a mes.
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Los empresarios y el Gobierno se oponen a utilizar mecanismos de este tipo porque su objetivo, más allá de los discursos, es hacer crecer las ganancias de las grandes empresas y mantienen la libertad de lograrlo a costa de los salarios de los trabajadores.
Esa fue la dinámica de los últimos años tanto bajo la gestión de Mauricio Macri, como de Alberto Fernández. La caída del salario real (la capacidad de compra resultante entre los aumentos de sueldo y la inflación) en los últimos 6 años es categórica, para el sector privado registrado la pérdida es del 19 %, del 26 % para el sector público y el 29 % para los informales.
Para el sector precarizado tiene mucha influencia los ajustes del salario mínimo vital y móvil que aumentaría sólo un 45 % este año, muy por debajo de las estimaciones de la inflación para el periodo que la ubican cercana al 60 %. Esto es más grave aún teniendo en cuenta el análisis del especialista del Observatorio del Derecho Social de la CTA - Autónoma, Luis Campos, entrevistado por La Izquierda Diario que afirmó: “Lo que viene creciendo y mucho en los últimos años son los puestos de trabajo más precarios dentro de la estructura ocupacional: asalariados no registrados y fundamentalmente trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que son los más sensibles a variaciones negativas en la actividad económica”.
En cuanto a los trabajadores del sector público la responsabilidad directa del Gobierno en la caída de los salarios choca de frente con sus promesas de recuperar lo perdido. Es llamativo que entre las paritarias que fueron convocadas por Moroni, todas son del sector privado. Los empleados estatales tienen firmado un acuerdo con un aumento anual del 54 % y los docentes nacionales de sólo el 45 %, de no mantenerse esas cifras sería imposible que no pierdan frente a la inflación.
El adelantamiento de las paritarias está muy lejos de garantizar una recomposición de los ingresos, para lograrlo es fundamental luchar por un aumento salarial de emergencia del 20 % para el conjunto de los trabajadores. Una demanda esencial como parte de pelear por un salario mínimo igual a la canasta familiar que se actualice de forma permanente mediante una cláusula gatillo atada a la inflación.
La CGT negocia de forma pasiva con el Gobierno y la UIA, mientras la situación empeora día a día; sin un plan de lucha convocado por el conjunto de las conducciones sindicales será muy difícil recuperar los perdido en los últimos años. Una pelea de esas características podría dar lugar a buscar una salida de fondo, repartiendo los puestos de trabajo para que todos y todas tengan un trabajo registrado, reduciendo la jornada laboral a seis horas y ampliando los derechos conquistados. Sólo por este camino será posible sacar al conjunto de la población de la pobreza.
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