El miércoles, al tratarse en el Senado el proyecto de ley que modera las tarifas, el tradicional gobernante puntano se retiro del recinto, para evitar exponer su voto y mantener el apoyo al Gobierno.
Viernes 1ro de junio de 2018 11:31
Poco después de asumir la presidencia, Mauricio Macri pidió que la oposición se sume a un gran acuerdo nacional. El requerimiento fue bien recibido y aplaudido por aquellos sectores opositores que han sido bien categorizados como dadores voluntarios de gobernabilidad pro-empresarial, entre ellos, el peronismo con sus alas más diversas votando todas las leyes que Cambiemos necesitaba.
Con Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey (Peronismo Federal), y el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente Unidad Justicialista San Luis) a la cabeza, los principales senadores nacionales oposicionistas firmaron un acuerdo con la intención de “defender la gobernabilidad en momentos difíciles para el país”, dándole un claro apoyo al Gobierno nacional.
Dejando entrever la letra chica del pacto, la gobernabilidad que estos sectores iban a defender era aquella que le permitiera al macrismo profundizar sus políticas de ajuste, continuando con los tarifazos, las suspensiones, los despidos y los recortes presupuestarios a educación y salud.
Ese apoyo se tradujo en ataques cada vez mayores al bolsillo de los trabajadores y sectores populares, y en un consenso político generalizado que le permitió al oficialismo llevar adelante la devaluación del peso y la injerencia norteamericana sobre la economía argentina, a través del posible endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si los verdaderos amigos están en las buenas pero también en las malas, Adolfo Rodríguez Saá estuvo en uno de los peores momentos del Gobierno de Macri, otorgándole el respaldo o mejor dicho, el abrazo necesario para tomar aire en un momento de gran tensión política, económica y financiera con la suba del dólar.
…“Un amigo es una luz, brillando en la oscuridad”…
Posteriormente a que el proyecto de ley que limita los tarifazos obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, había llegado el momento en el que la comunidad del acuerdo de gobernabilidad pro-empresarial debía, precisamente, garantizarla, evitando la sanción de esa ley en la Cámara Alta.
En un debate que duró hasta altas horas de la noche, el recinto comenzó a tornarse oscuro para un macrismo que se las veía venir. Acudiendo a todo tipo de recursos para ganar la sesión, la bancada amarilla vio la claridad en un momento de gran oscuridad. Era la luz del otrora amigo Adolfo Rodríguez Saá.
El tradicional gobernante puntano hizo lo que los buenos amigos deben hacer cuando un amigo está en problemas: saltar por él. Así fue como si bien no se atrevió a votar en contra, saltó de su banca y se retiró del recinto sin votar la ley que preveía retrotraer los aumentos de tarifas a noviembre.
Aunque esta ayuda no le bastó a Cambiemos para evitar la sanción del proyecto que posteriormente vetó, Adolfo demostró otra vez estar dispuesto a ser el mejor amigo puntano de Macri en el Senado de la Nación.
Las razones para ello le sobran, ya que en una especie de cadena de favores los hermanos Rodríguez Saá (Adolfo y Alberto) vienen negociando el pago de una deuda que la Nación tiene con San Luis y los cargos jerárquicos más altos de las últimas universidades nacionales creadas en la provincia.
Alberto Rodríguez Saá otro amigo puntano pero también alumno de Macri
Las enseñanzas y recetas del ajuste elaboradas por el macrismo a nivel nacional hace rato que vienen siendo bien aplicadas por el gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá.
En un contexto de crisis económica y financiera, la gobernación deja hacer y deja pasar la pérdida de centenares puestos de trabajo, mayor precariedad laboral y aumento de la arbitrariedad patronal. Así se puede ver en las principales fábricas de los parques industriales de la provincia con suspensiones arbitrarias en Arcor y Bagley, cientos de despidos en Rheem y Canon Puntana, el cierre transitorio de Mabe suspendiendo a todo el personal, traslados y despidos arbitrarios en reparticiones del Estado provincial, entre otros casos.
Si hace poco el Indec publicaba que San Luis tenía 53.795 personas en la pobreza y 4.468 personas en la indigencia, con una inflación que ronda el 10 % en los primeros cuatro meses del año, con los últimos aumentos de tarifas y combustibles, y con la devaluación del peso, es más que probable que esos números ya hayan quedado desactualizados y muy por debajo de la realidad actual.
Todo esto deja al desnudo un gobierno provincial peronista de 35 años que, lejos de erradicar las problemáticas estructurales de la sociedad puntana, las ha sabido mantener y profundizar con bajos salarios, altos niveles de precarización laboral, y una brecha cada vez mayor entre la vida de ricos que tienen los empresarios y la casta política local, y la vida sacrificada, llena de privaciones, de los trabajadores y sectores populares de la provincia.
La situación nacional y la realidad de San Luis demuestran que la clase trabajadora está inmersa en un momento en que girar a izquierda y darle una salida propia de los trabajadores a la crisis actual es crucial. La mejor bandera para ello es aplicarle el ajuste a los que más fortuna tienen, es decir, a los grandes empresarios, terratenientes, banqueros, especuladores y la casta política gobernante.
