Días después del anuncio de minusvalías (pérdidas) por 156,450 millones de pesos en marzo, se da a conocer esta iniciativa de ley del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Morena, pero según se anunció, se trata de una propuesta individual, no del partido.
Miércoles 22 de abril de 2020
Se trata de una iniciativa de reforma a la ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro (SAR), con el fin de que el Banco del Bienestar administre los recursos que hoy se están en las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores). El proyecto contempla la desaparición de las 10 afores que actualmente operan.
Los defensores de la privatización de los fondos de pensión ya pusieron el grito en el cielo, y condenan la iniciativa porque agregar incertidumbre ante un panorama económico complejo.
Otros alegan que, de llevarse a cabo el pase de los fondos de pensión dará lugar a prácticas de corrupción. Otros más recuerdan la experiencia fallida de la Afore de la Gente -liquidada hace 12 años-, la cual era administrada por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), organismo antecesor del Banco del Bienestar.
¿Cuáles son los fundamentos de la iniciativa?
De acuerdo con el diputado, la iniciativa tiene como meta “proponer un sistema de ahorro para el retiro más adecuado para los trabajadores, en donde se cobren menos comisiones por el manejo de las cuentas individuales, utilizando una institución financiera existente a cargo del Estado”.
Entre sus argumentos destaca que según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), a partir del 2022, la primera generación de trabajadores inscritos en las afores se retirarán con una pensión de apenas $4,475.
Y que al ser un monto tan reducido, eso llevará a que el gobierno deberá asignar recursos para que se llegue al monto mínimo de pensiones que se establece en la Ley del Seguro Social.
Ahora, de acuerdo con datos de la Consar, a marzo de este año, las afores administraban 3.91 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores. Registraron una minusvalía de 156,450 millones de pesos, debido a que con la pandemia, las especulaciones financieras con ahorros de los trabajadores salieron muy mal. Y los perjudicados son justamente estos últimos, ya que las afores no dejan de cobrar sus comisiones, ganen o pierdan sus apuestas en los mercados financieros.
¿En qué consiste el proyecto de Santos Díaz?
El diputado propone que el control de los fondos de ahorro para el retiro pase a ser una responsabilidad del Estado.
Entre las obligaciones contempladas en el proyecto se cuenta que el Banco del Bienestar mantener una reserva especial invertida en las acciones de cada una de las sociedades de inversión que administren.
A su vez, se mantendrá el cobro de comisiones a los trabajadores, pero deberán ser más bajas que las actuales que cobran las afores, pero el monto variará por cada una de las sociedades de inversión que operen.
Algunas otras normas incluidas en el proyecto son mantener informados a los trabajadores sobre las comisiones que se cobran, tener consejeros independientes sin vínculo a la administradora, entregar a la Consar la información que requiera, prestar servicios de distribución y recompra de acciones a las sociedades de inversión.
Terminar con la especulación
El proyecto no cambia de fondo el problema de que con el sistema individual, los ahorros para las pensiones se usan para que fondos de inversión especulen y se enriquezcan mientras las jubilaciones se reducen cada vez más.
Para garantizar pensiones dignas para todas y todos los trabajadores al final de su vida laboral, es necesario que todas y todos los trabajadores tengan derecho a una pensión que cubra sus necesidades básicas -incluyendo alimentación, vivienda, vestido, calzado, salud y esparcimiento- que hoy asciende a unos 16 mil pesos por mes.
Para eso es necesario que quienes laboran en el sector informal o quienes laboran bajo contratos de simulación, como servicios profesionales por honorarios, cuenten con esta prestación, tengan salarios que satisfagan las necesidades básicas de sus familias y que sus empleadores realicen los aportes para la pensión.
Es prioritario volver al sistema de reparto, que los aportes de los trabajadores en activo se utilicen para financiar las pensiones de quienes ya están retirados, pero que sean administrados por los mismos trabajadores, con el asesoramiento de profesionistas como actuarios, contadores y administradores que no estén comprados ni por las empresas ni que estén al servicio del gobierno. Esa es la única forma de terminar con la corrupción.
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