Mientras miles de familias afrontan la reconstrucción de sus casas debido a los incendios catastróficos y las cifras de desempleo y trabajo precario se mantienen en la V región, este 1 de agosto Valparaíso, Viña del mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana se enfrentarán a un alza de $10 en el transporte público.
Miércoles 31 de julio
En el marco del plan de gobierno en la suba del pasaje del transporte público que ya se viene aplicando en la región Metropolitana y que afectará a 7 regiones más, las familias trabajadoras del gran Valparaíso y sus comunas más importantes afrontarán un nuevo golpe a sus bolsillos este 1 de agosto producto del alza del pasaje en la locomoción colectiva.
La medida aprobada por el gobierno y su panel de “expertos” ligados a la ex concertación e incluso al área económica del último gobierno de Sebastián Piñera, estaba pensada inicialmente para el mes de febrero con un alza de $40 pero se redujo a $10 debido a la enorme catástrofe ocasionada por el último megaincendio en la región que aún mantiene a miles de familias en la más absoluta precariedad.
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Esta reducción mostrada como una benevolencia empresarial no es más que un nuevo ataque al bolsillo de las familias trabajadoras que ya se ven ajustadas por medidas ampliamente cuestionadas como el alza de la luz, donde además no están descartados nuevos aumentos en el transporte, como opinó Oscar Cantero Presidente de la Confederación Nacional del Transporte quién consideró que el aumento de la tarifa debería ser mayor a $10.
Pero al igual que como se han cuestionado las alzas de la luz producto de las negligencias del propio servicio, en Valparaíso el transporte público viene a la baja de hace años, con un déficit de 4 mil conductores que sería cerca del 35%, recorridos que no circulan, miles de personas que después de sus trabajos quedan tiradas en las calles donde ya no circula locomoción o donde hay que pelearse por un espacio en micros que van reventadas de gente. Frente a esto ¿a quién le beneficia el alza del transporte?
Por su parte Luís Torres, presidente del Sindicato Interempresas de Locomoción trata la medida como insuficiente explicando que la misma va en beneficio de los conductores y su salario que depende absolutamente de los boletos que entrega a los usuarios. Sin embargo cabe preguntarse por qué un servicio básico como este debe estar en manos de flotas privadas de transporte que además mantiene en condiciones precarias a miles de choferes. Es el Estado quien debe garantizar el cumplimiento de un servicio de transporte que garantice a usuarios y trabajadores las mejores y más seguras condiciones de viaje, con sueldos estables y ajustables a la inflación para choferes y sin delegación a empresas privadas que terminan siendo un fracaso como ya lo hemos visto con el Transantiago en la región Metropolitana.
El gobierno de Boric demuestra una vez más del lado de quién está, el de los ricos y grandes empresarios, a la vez que descarga la crisis del transporte público sobre las familias de la región. Para terminar con las alzas hay que garantizar el derecho al transporte público, financiado por el impuesto a las grandes fortunas y bajo control de trabajadores y usuarios para su planificación y distribución.