Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones de Mauricio Macri, se presentó junto a sus colaboradores en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, a la que fue citado para brindar explicaciones sobre el fraude que se pretendió orquestar desde el Gobierno con el perdón de la deuda de la empresa de Franco Macri por el Correo Argentino.
Martes 21 de febrero de 2017
Fotografía: DyN
Este martes, luego de una pobre introducción sobre el valor de “la verdad” y la definición de que ese valor desvela al gobierno de Mauricio Macri, con el correr de las respuestas y las horas empezó a quedar claro que Aguad acudió al Congreso con la voluntad de no contestar prácticamente ninguna de las preguntas que se le formularon. Casi sin nombrar jamás al Correo, a Franco Macri o a la empresa Socma, Aguad realizó también un breve racconto de la causa que derivó en el fraudulento acuerdo: “Este problema nació en la década del ’90, con la privatización del Correo, y derivó en un concurso de acreedores en 2001, cuando la empresa entró en crisis”. Y se explayó alrededor de los orígenes del acuerdo fallido con el que pretendieron estafar al Estado al señalar que “todo el pleito se desarrolló durante el Gobierno kirchnerista. Esta gestión heredó ese problema. Las opciones eran seguir haciendo lo que se hizo durante 10 años, es decir, simulacros de audiencia en el Juzgado; pedir la quiebra de la empresa, pero tampoco íbamos a cobrar nada; o intentar cobrar el 10 % que quedaba”. Y agregó un elemento que deja en evidencia la imposibilidad de volver a fojas cero: “Al haber una quiebra las deudas no se pueden ni actualizar ni recargar intereses. Consecuentemente, lo que heredamos era un pasivo que teníamos que cobrar desactualizado en un 90 por ciento".
Además, Aguad puso énfasis en que “no debe haber antecedentes de un concurso que dure 15 años”, y rechazó el dictamen de la fiscal ante la Cámara Nacional en lo Comercial Gabriela Boquín al afirmar que “no tiene nada que ver con los hechos” y “es un cálculo económico extravagante”.
Sin embargo, entre varias explicaciones previsibles y medias respuestas, dejó algunas frases que no tienen desperdicio: aseguró que el acuerdo con el Correo “no constituye un caso con conflicto de intereses”, juró que su único objetivo es cobrar “hasta el último peso”, balbuceó que “yo no le dije nada al presidente, pero puede ser que estuviera al tanto”, admitió que “hicimos lo que pudimos, obviamente que hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado”, y la frutilla del postre: “el Estado podría pedir la quiebra del Correo Argentino, pero no sería la mejor solución porque la empresa es insolvente, no tienen bienes”. La perplejidad y la risa fueron la reacción de propios y ajenos ante esta última afirmación sobre el clan Macri y su cúmulo de empresas en blanco y off shore.
Martin Doñate, diputado del FpV, arrancó la ronda preguntas y acusó a Oscar Aguad de ser “un instrumento del delito que se quiso perpretar”, con el acuerdo. Además definió al Gobierno de Cambiemos como un Gobierno que determina “las políticas de Estado en función de sus propios intereses” y leyó un listado de funcionarios del actual Gobierno que se encuentran imputados por cometer hechos incompatibles con la función pública. A su turno, Felipe Sola, del Frente Renovador, asestó que “la explicación de Aguad es extremadamente pobre frente al escándalo desatado. No creo en el cuento sencillo que nos ha hecho, lo lamento mucho. ¿Nadie estaba informado? ¿Esto es impericia, ineptitud?”, y defendió el accionar de la fiscal.
Pablo Kosiner, en representación del Bloque Justicialista, acusó de que “el ministro señala que no hay conflicto de interés cuando las acciones de la empresa son de los hijos del presidente y el usufructo de la empresa es de su padre. Le pido al Ministro que me defina qué es el conflicto de interés”.
Por su parte, Nestor Pitrola, diputado del PO-FIT, destacó que “esta discusión es un torneo para pasar el mal momento por parte del Ministro en un debate intrascendente de comisión. Perdieron la votación para que Aguad sea interpelado en el recinto junto a Marcos Peña y a Macri, por eso vamos a insistir en la interpelación”. Pitrola también definió a la Oficina Anticorrupción como una unidad básica del PRO” y recordó que “la AGN no tuvo en su temario este tema en los últimos 14 años, tampoco cuando estaba al frente un radical”. Finalmente, reivindicó el proyecto de Juan Carlos Giordano (IS-FIT) que plantea la confiscación de las empresas del Grupo Socma: “Creemos que el grupo Socma, Macri y toda la familia presidencial deben responder con el total de sus bienes por las deudas que tienen con el Estado”.
Tras casi 4 horas de reunión y muchas acusaciones cruzadas entre los diputados de la oposición y el oficialismo -que no perdió oportunidad de replicar al FpV con los casos de corrupción más resonantes cada vez que intervenían- quedó el sabor amargo de una nueva puesta en escena sin consecuencias. Sólo quedan algunas frases de Aguad que seguramente quedarán para el recuerdo.
