Este martes compareció Meade, titular de Hacienda, en el Senado. Mientras se pretende recortar gasto corriente y gasto social, Hacienda perdonó a los poderosos millones de pesos en impuestos.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 27 de septiembre de 2016
Agitando el fantasma del proteccionismo de las principales economías del mundo, José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, defendió el recorte propuesto ante el senado.
De acuerdo con lo declarado por el funcionario, “las finanzas nacionales enfrentan una presión por un total de 340,800 millones de pesos, equivalentes a 35% del presupuesto para todas las dependencias”.
A su vez, explicó que la presión deviene de distintos factores, entre ellos “la necesidad de reducir el déficit y estabilizar la deuda, las crecientes obligaciones en materia de pensiones, el incremento en las participaciones y aportaciones federales, así como del costo de financiamiento y los recursos adicionales solicitados por los ramos autónomos”. Según él no es posible disminuir la deuda externa sin la reducción del gasto público.
Meade afirmó que el gobierno afronta la coyuntura financiera con la fortaleza fiscal lograda con la reforma hacendaria y convocó a que por sobre las preferencias partidistas prime la unidad y la responsabilidad (de los de arriba) para hacer frente a la presión ante el ajuste propuesto de 239,700 millones de pesos.
Abundó que el gobierno federal efectuará un ajuste de su gasto corriente, sobre todo en nóminas y se disminuirán en 20% los gastos de operación de todas las dependencias. Lo que no dijo es que los salarios millonarios y las prestaciones de los altos funcionarios no se tocarán.
El titular de la SHCP señaló que se reducirá la deuda pública, que hoy llega a 50.5 del Producto Interno Bruto (PIB), una “exigencia de los mercados para mantener la confianza”.
Claro: su plan es reducirla pagando los intereses de la deuda con el recorte a salud, a educación, y a sectores productivos como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Otra nueva muestra de la subordinación del gobierno mexicano a los organismos internacionales.
El “perdón” tributario a los empresarios
Mientras tanto, en una investigación publicada recientemente en el portal Sin embargo.mx se ha dado a conocer un nuevo escándalo financiero: otros papers, que no son los Panamá ni los Bahamas. Son los SHCP.
Según esta investigación, el año pasado, el Servicio de Administración Tributario otorgó algunos perdones para varios adeudos. De un total de 7,108 empresas, 607 dejaron de pagar $48,421,386,507. El resto fue perdonado por $2,423,754,879. Entre las empresas beneficiadas se cuentan algunas del sector vivienda y otras del sector de ventas de suplementos alimenticios. Y con la existencia del “secreto fiscal”, es difícil conocer cuáles fueron. Sin embargo, se sabe que durante el sexenio de Peña Nieto, Casas Geo fue una de las beneficiadas.
En 2015, México sólo obtuvo 9.5% del PIB en concepto de ingresos tributarios: fue uno de los países que menos recaudó entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio de recaudación fiscal asciende a 26.3%. Y en América Latina, el promedio de ingresos tributarios ascendió a 18.4% del PIB.
Claro, no fue ni la primera ni la última vez que los partidos de los empresarios apoyen a sus benefactores. Durante el gobierno de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), también se condonaron grandes deudas tributarias.
Sólo en 2007, entre los deudores que dejaron de pagar hay tres bancos a los que el gobierno panista les “perdonó” $28,623,000,000. A 14 empresas de la construcción, se les condonó $9,880,000,000 y a 11 ingenios, $8,257,000,000. Cuatro clubes de fútbol se ahorraron pagar al SAT $2,178,000,000 de pesos, una editorial $2,675,000,000 y dos cadenas televisivas, $1,521,000,000.
Se trata que de algunos de los favores que se devuelven empresas y gobierno. La base material sobre la que descansa su estrecha relación, junto con el intercambio de contratos millonarios por mansiones, fortunas, y pagos en especie.
Los de abajo no tenemos que pagar la crisis
Claro que la clase trabajadora y los sectores populares son quienes más aportan a la recaudación fiscal, con el pago del IVA de 16% en la gran mayoría de productos y servicios, excepto en medicinas de patente, libros, periódicos y revistas, lingotes de oro y servicios de suministro de agua para uso doméstico, entre otros.
Más aun: está el caso de las trabajadoras y los trabajadores que trabajan por honorarios profesionales, y deben pagar IVA e impuesto sobre la renta. Es el caso, por ejemplo, de profesionistas que laboran para distintas dependencias de gobierno, como la Secretaría de Educación Pública.
Con este nuevo recorte al gasto público que propone el gobierno, se vienen incontables despidos en Pemex y en el Estado. A su vez, peligran las pensiones, los servicios de salud, la educación pública.
Es necesario que maestras y maestros que han enfrentado la reforma educativa salgan de nuevo a las calles, junto con los petroleros, para enfrentar este ataque del gobierno contra la clase trabajadora y los sectores populares. Que se organice una lucha nacional contra las reformas estructurales, los despidos y por el no pago de la deuda externa.
El gasto público debe incrementarse y hay con qué hacerlo: que se apliquen impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las trasnacionales, que se retiren los subsidios a la educación privada, que todos los funcionarios ganen como una maestra, y que todas las empresas que tuvieron condonación tributaria paguen sus adeudos con intereses. Éstas son las medidas que puede impulsar un gobierno obrero y popular.
