EN PLENA CUARENTENA. Ajuste en Pami: la obra social suspende prestaciones sociales

La excusa para semejante decisión fue la “necesaria y rápida” implementación del “Vademecum PAMI de Medicamentos Esenciales Gratuitos”, promesa de campaña de Alberto Fernández. Dicha decisión implicó el traspaso del presupuesto del área social a manos del área médica. Obviamente una decisión que no ha tomado estado público. Un ajuste silencioso en una de las áreas más sensibles de PAMI.

¿Qué implica esta resolución?

Estas prestaciones sociales, básicamente aportes económicos que brinda la obra social, cubren necesidades básicas como compra de alimentos, pago de alquileres y servicios, cuidados en el domicilio, pago de tratamientos sin cobertura.

Este sector es uno de los más castigados con jubilaciones mínimas que se encuentran por debajo de la canasta básica de alimentos, a pesar de que desde el gobierno de Fernández celebren el aumento otorgado (aumento mentiroso porque contabiliza los bonos de diciembre y enero para quienes solo cobran la mínima); aumentos inescrupulosos en los alquiles y en las facturas de servicios públicos, siendo los servicios cada más deficientes y una escalada en los precios de los medicamentos y los alimentos en general.

Esta medida de “reasignación presupuestaria” no es ni más ni menos que un claro ajuste a una de las áreas más sensibles del Instituto. Durante los años de gestión macrista, los servicios sociales se vieron abarrotados de solicitudes de subsidios y pedidos de bolsones de mercadería. Sumado al recorte de prestaciones esenciales como la cobertura gratuita de medicamentos o las internaciones domiciliarias, la demora en la entrega de pañales y bolsas de colostomía, entre otros insumos. Estas prestaciones sociales, si bien son un paliativo muy insuficiente, brindaban cierto alivio al padecimiento de los viejos y viejas.

En la situación actual de crisis sanitaria, PAMI no solo ha suspendido el otorgamiento de nuevas ayudad sociales. No ha elaborado un serio plan de contingencia a nivel nacional para la atención de sus afiliados y afiliadas, más allá de la implementación de los protocolos de seguridad e higiene dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación. El mismo call center debe atender las urgencias médicas propias de cada afiliado como las surgidas por la epidemia del virus. El sistema de ambulancias se encuentra colapsado.

No se ha establecido un plan de distribución de alimentos o, en su defecto, una asistencia económica de emergencia. El bono extraordinario otorgado para quienes cobren la jubilación mínima es totalmente insuficiente si tomamos en cuenta que la canasta básica para los jubilados está alrededor de $ 40 mil, según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad.

En momentos en donde la epidemia y la crisis sanitaria que se ha desatado y se agudiza la crisis socio económica en que se encuentra el país, el sector más vulnerable al riesgo queda desamparado por quien debe cuidarlo y darle una atención socio sanitaria de calidad.

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Hablar de vejez en Argentina es hablar de un sector mayoritariamente pobre, en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los distintos gobiernos han usurpado de forma permanente los fondos de los jubilados para pagar deuda y en beneficio del financiamiento del Estado.

Claro queda con las imágenes de las interminables colas en los bancos para cobrar las jubilaciones y los subsidios cuál es la prioridad para el gobierno y los banqueros.
“Cuando se ha comprendido lo que es la condición de los viejos, no es posible conformarse con reclamar una política de la vejez más generosa, un aumento de las pensiones, alojamientos sanos, ocios organizados. Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical: cambiar la vida” (Simone de Beauvoir).