Exigimos al Consejo Universitario que no apruebe la propuesta de reglamento presentada y llamamos a movilizarnos para evitar su aprobación.
Jueves 12 de diciembre de 2019
Como parte del ajuste al interior de las universidades, la administración de la UCR busca poner los programas de acción social bajo el mando de la Rectoría. Trabajadores temen por su futuro.
Reviviendo una política del año 2006, la administración universitaria impulsa la votación en el Consejo Universitario de un nuevo reglamento que trasladaría a decenas de trabajadores y trabajadoras de la Vicerrectoría de Investigación a la Rectoría directamente, precarizaría sus condiciones laborales y afectaría la acción social que la Universidad de Costa Rica realiza en el país.
Todo dentro de la política de ajuste del gobierno y el FMI, impulsada en este caso también al interior de la universidad y en consonancia con el Anexo 1 del FEES firmado por la Rectoría y el Gobierno.
¿Qué es la acción social?
Según su Estatuto Orgánico, la Universidad de Costa Rica es, entre otras cosas, “una institución (…) dedicada (…) a la acción social” (Art 1) que es una de las llamadas áreas sustantivas de la universidad. Para realizar la acción social la universidad, se ha valido de diversos tipos de programas. Ejemplos de estos programas son el PIAM, Programa Integral del Adulto Mayor, a través del cual la universidad permite el ingreso de adultos mayores a sus clases y también el extinto Programa de Atención Integral en Salud (PAIS), a través del cual la universidad brindaba servicios de salud a comunidades del este de San José, en acuerdo con el Seguro Social y cuyo cierre implicó el despido de unas 300 personas en el 2013, después de una dura huelga contra la actual Rectoría y contra la Junta Administrativa del Seguro Social. Dichos centros de salud hoy son tercerizados por una universidad privada.
La Comisión de Investigación y Acción Social del Consejo Universitario recientemente ha propuesto un reglamento que modificaría la actual relación laboral de decenas de trabajadores y trabajadoras, que pondría todos los diversos programas bajo el presupuesto y el control de la Rectoría y establecería tiempos límites del programa, lo que precarizará más la relación laboral y obligaría a constante competencia entre trabajadoras y trabajadores de la Universidad.
Actualmente esos trabajadores y trabajadoras son nombradas por la Virrectoría de Acción Social y existen algunos programas con una trayectoria de “más de 20 años de existir, realizando aportes fundamentales para las poblaciones vulnerabilizadas por el modelo neoliberal”, según comunicado emitido por los Programas de Acción Social.
¿Cuál es el contenido de la propuesta?
Esta propuesta tiende a darle más poder a la Rectoría sobre todos los programas, ya que los encuadra por completo dentro de las “políticas institucionales y nacionales de pertinencia social y académica”, según dice la propuesta de reglamento, que actualmente son el ajuste institucional y nacional impuesto por el FMI y el Banco Mundial.
Además habría una competencia entre todos los programas, que serán evaluados por una comisión ad hoc de la Rectoría, de la cual serán electos presumiblemente algunos pocos, aunque en el reglamento propuesto literalmente dice que solo habrá un ganador. Como los programas estarían asociados a docentes propietarios, ellos no sufrirían nada en caso de perder el concurso del programa. Pero para decenas de trabajadores y trabajadoras en condición de interinazgo esto pone en peligro constante el trabajo.
En ese sentido, trabajadores de la Vicerrectoría de Acción Social han señalado que “se sienten sumamente preocupadas y preocupados por lo que puede suceder sobre todo en la coyuntura actual donde los recortes a la universidad publica y la acción social son un hecho, tememos que nuestros programas que tienen muchos años de existir se vean perjudicados”.
La propuesta de la administración dice que una vez aprobado el reglamento “las vicerrectorías deberán evaluar la necesidad de la continuidad de los actuales programas institucionales”. Algunos de estos programas son asociados a desarrollo de pensamiento crítico contra las diversas políticas neoliberales que ha enfrentado la sociedad costarricense en los últimos años. Por lo tanto, poner en manos de vicerrectorías (que han implementado políticas de ajuste) la evaluación de programas que son críticos a esas políticas, claramente constituye elevar el factor de riesgo de la censura política en la selección de los programas y de quienes trabajan en ellos.
Un buen ejemplo es el programa de Kioskos Socioambientales, de cuyo impacto la propia página de noticias de la UCR dice lo siguiente:
Como parte de las soluciones a la problemática que genera la expansión del cultivo de la piña en nuestro país, la Universidad de Costa Rica ha estado presente en la mayoría de comunidades que han sido afectadas por este monocultivo, desde el 2008. A través del Programa de Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, nuestra institución ha trabajado de la mano con diferentes comunidades de la zona norte, del Caribe y el Pacífico para brindarles herramientas que les permitan organizarse a nivel local, para hacerle frente a la expansión piñera.
Según diversas fuentes, la propuesta se debería votar antes de que finalice el año y se pondría en marcha de inmediato, pero sería después de las elecciones de Rectoría del próximo año que se tendría claridad plena sobre el nuevo sistema de financiamiento de los diversos programas de acción social.
¿Qué hacer?
Incluso en la institución que está mejor evaluada a nivel nacional en diversas encuestas, como la Universidad de Costa Rica, existe un muy extendido clima de irrespeto a los derechos laborales mínimos. Basta ver la enorme cantidad de interinazgo docente (más del 60% de docentes), administrativo y operario (incluso del 50% hasta hace no más de dos años) que tiene la universidad y que nadie dentro de la administración está por resolver.
Es un ejemplo de la situación de precarización que vive la clase trabajadora a nivel nacional y que ni el gobierno del PAC e incluso ni siquiera Patricia Mora está por resolver, a pesar de que la precarización afecta especialmente a mujeres. Solamente la clase trabajadora puede defenderse a sí misma.
Las y los trabajadores de los programas de acción social denuncian que durante la administración Jensen los programas de acción social “han estado bajo la dirección de tres personas que han fungido como vicerrectores con posiciones muy distintas sobre temas medulares de lo que es un programa, su duración, adscripción y estructura. Es por eso que hemos sido sometidos a procesos y procedimientos que han sido contradictorios y que han provocado el desgaste de energía y recursos, así como un debilitamiento de los mismos programas” y piden a la administración “no tomar acciones que sigan afectando a los programas institucionales”.
Es claro que las y los trabajadores no hemos provocado la crisis fiscal ni hemos sido responsables de ninguna manera de la administración de la universidad. En las actuales condiciones de ajuste económico en Latinoamérica hemos visto como en Ecuador se detuvo a través de la movilización callejera la política fondomonetarista del gobierno de Moreno, así como Chile, que alguna vez fue la cuna del neoliberalismo hoy podría pasar a ser la tumba del neoliberalismo.
La huelga general de Francia muestra el enorme poder de la clase trabajadora, algo que ya exploramos en nuestra huelga general en setiembre del 2018. Nuestra clase internacional marca el camino y la moral necesaria para reivindicar nuestros derechos.
Denunciamos esta política de la administración cuyas consecuencias son muy claras en el futuro laboral de muchas personas y por lo tanto en la denuncia pública que adquiere parte de la acción social de la universidad, elitizando y derechizando a la universidad como un todo. Exigimos al Consejo Universitario que no apruebe la propuesta de reglamento presentada y llamamos a movilizarnos para evitar su aprobación.
