San Nicolás. Al cura abusador Matiussi lo defiende un exjuez acusado de robo de bebés en dictadura
Juan Carlos Marchetti está acusado por la “supresión de identidad” de Manuel Gonçalvez Granada, nieto recuperado en 1997 por Abuelas de Plaza de Mayo. El exjuez federal de la dictadura hoy defiende al cura que acaba de ser condenado a 15 años de prisión por abusar de niñes de entre 3 y 5 años en el jardín Belén de San Pedro. Abogado de grandes empresas y sindicatos, fue un vacunado VIP en pandemia. “Las militantes no piensan”, dijo durante el juicio.
Tulio Matiussi y Juan Carlos Marchetti - Foto Alejandro Amdan - Télam
Hace una semana el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Nicoláscondenó a Tulio Matiussi a quince años de prisión por el delito de “abuso sexual agravado” contra al menos cinco niñas y niños de entre tres y cinco años de edad. Los hechos ocurrieron en 2017 y recién este año el cura, junto a Anselmo Ojeda y María Rubíes (exportero y expreceptora del jardín Belén de San Pedro), fueron sometidos a un juicio oral y público. La misma pena que recibió Matiussi fue aplicada al exportero, en tanto que Rubíes fue absuelta por la supuesta insuficiencia de las pruebas.
En el juicio se escucharon muchas cosas conmocionantes, empezando por las declaraciones en Cámara Gesell de las cinco víctimas y las de sus madres y padres, quienes además de querellantes fueron testigos que ayudaron a comprender el difícil trance vivido en cinco años de búsqueda de verdad y justicia. Ahora, con el juicio concluido y pese a que aún resta que los condenados tengan sentencia “firme”, hay otros elementos de importancia que deben ser contados.
En este diario siempre se mencionó como abogado defensor del cura Matiussi a Gustavo Moreno, quien a su vez es hijo del vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de San Nicolás, el juez Alberto Moreno. Pero a Matiussi no lo defendió sólo él, sino que el Obispado de San Nicolás se encargó de contratar a un “equipo especializado” para intentar hacer zafar al sacerdote de una condena como la que recibió. En ese equipo está Juan Carlos Marchetti, un “tapado” en la etapa de instrucción que terminó teniendo un papel más que visible en el debate oral y público.
Durante la semana que duraron las audiencias, Marchetti se mantuvo al lado de su cliente al tiempo que hizo gala de su experiencia apelando a diversas maniobras para “empiojar” lo más posible el debate. Pero sus intentos no prosperaron. Por eso en la etapa de los alegatos descargó sus enojos descalificando a víctimas, familias y organizaciones solidarias con la lucha por verdad y justicia.
Previo al juicio la defensa de Matiussi ya había atacado a Inés Zaidman, perito de parte de la querella y reconocida referente de la Agrupación Contra el Abuso Sexual (Acase) de San Nicolás. Buscaron correrla de la causa denunciándola por supuesto “falso testimonio”, ya que la mujer había hecho declaraciones periodísticas sobre el caso. Esa causa fue rápidamente cerrada por desestimación de acusación. Pero Marchetti no dejó pasar la oportunidad y durante los alegatos, ante una sala que escuchaba atónita, dijo que Zaidman (presente entre el público) “es una militante y las militantes no piensan”.
El insulto de Marchetti a Zaidman trascendió las propias circunstancias del juicio. Muchas y muchos empezaron a preguntarse entonces quién es este señor que por el hecho de defender a un cura abusador de menores se cree con autoridad para cualquier cosa. Sobre todo cuando en sus apariciones públicas suele presentarse como un mero letrado que sólo cumple con sus deberes profesionales. “Soy un simple abogado”, dijo sobre sí mismo hace pocos días al ser entrevistado en el programa “Ojo al dato” que conduce Iván Stringhini en Radio San Pedro. Pero miente.
Marchetti no es un simple abogado. Entre 1976 y 1979 fue nada menos que juez de Menores de San Nicolás, prestando invalorables favores a los genocidas. Uno de sus “hitos” fue la entrega de un bebé de seis meses a una familia amiga suya, luego de que el menor sobreviviera a un ataque perpetrado por un grupo de tareas en la casa donde vivía, la madrugada del 19 de noviembre del 76.
Esa noche, una patota del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, con apoyo de efectivos de la Policía Federal, de la Bonaerense y de la de Santa Fe, entraron a la fuerza en la casa de la calle Juan B. Justo 676 de esa ciudad del norte de la provincia. Allí asesinaron a María del Carmen Fettolini y su pareja Omar Amestoy, a sus hijos Fernando de tres años y María Eugenia de cinco y a Ana María Granada (en ese momento conocida con el seudónimo de María Cristina Loza).
Granada era compañera de militancia de la familia y se alojaba temporalmente allí junto a su hijo de seis meses. Estando aún embarazada había abandonado su casa de Escobar tras el secuestro de su compañero y padre de su hijo, Gastón Gonçalves, ocurrido el 24 de marzo de ese año (día en que se produjo el golpe) y por cuyo caso fue condenado en 2011 el exsubcomisario (e intendente de Escobar en los 90) Luis Abelardo Patti.
El bebé, al que Ana María había llamado Manuel Valdez (apellido que le inventó por prevención), fue el único sobreviviente de aquella redada de noviembre en San Nicolás. Se salvó porque ella lo escondió en un ropero. Los represores entregaron al niño en el Hospital San Felipe con un complejo cuadro por haber inhalado gran cantidad de gas lacrimógeno durante la masacre.
Inmediatamente se abrió un expediente en el Juzgado de Menores de San Nicolás, conducido por el doctor Juan Carlos Marchetti, quien en febrero de 1977 entregó al niño en guarda a Luis Novoa y Elena Rodríguez, una pareja amiga de su familia. En 1981, Manuel fue rebautizado como Claudio Novoa y la “adopción” fue legalizada en los Tribunales de Lomas de Zamora.
En 1978 organismos de derechos humanos se habían presentado en el Juzgado de Marchetti a averiguar si allí se tramitaban causas de niñas y niños que eran buscados por familiares de personas desaparecidas o asesinadas. El juez mantuvo un hermético silencio sobre el caso de Manuel, dejando a la familia sin la posibilidad de reencontrarse con el chico durante muchos años.
En 1995, tras analizar restos que habían sido arrojados como NN en el osario público del cementerio de San Nicolás, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar el cadáver de Ana María. Según consta en los archivos de Abuelas de Plaza de Mayo, ese mismo año el EAAF localizó a Manuel, que llevaba 19 años llamándose Claudio y había empezado a buscar su verdadera identidad. Tras los análisis genéticos de rigor, en agosto de 1997 Abuelas anunció la recuperación del nieto 57, hijo de Gastón Gonçalves y Ana María Granada, nieto de Matilde Pérez de Gonçalves y hermano de Gastón, conocido bajista de Los Pericos.
En 2012 los genocidas Manuel Saint Amant, Federico Bossie y Jorge Muñoz fueron condenados a perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la masacre de la calle Juan B. Justo. Saint Amat, además, es quien dio la orden de dejar a Manuel en el hospital San Felipe de San Nicolás. El exjuez Marchetti tuvo otra suerte. La familia Gonçalves hace cinco años espera que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la situación procesal del actual abogado del cura Matiussi en la causa donde se le imputó, a él y otros funcionarios judiciales, el delito de “supresión de identidad, sustracción y ocultamiento de un niño”.
Laberintos judiciales
La causa contra Marchetti y compañía se inició en 2004, motorizada por Manuel, Gastón y su abuela Matilde (fallecida en 2007). Dieciocho años después sigue sin resolverse. Primero el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, sobreseyó a los acusados (sin haberlos indagado) con la excusa de que el cambio de identidad de Manuel lo había hecho su madre y no el Poder Judicial servil de la represión. La querella y la Fiscalía recurrieron a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para que revocara los sobreseimientos. La Cámara les dio la razón y volvieron a pedir indagatorias, pero Villafuerte Ruzo insistió con la impunidad. Fiscal y querellantes volvieron a apelar a la Cámara de Rosario, que nuevamente desautorizó al juez. Y ahí la defensa de Marchetti metió un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Finalmente en febrero de 2017 la Sala I de la Cámara hizo lugar a la queja y rechazó por mayoría lo resuelto por el tribunal rosarino. Los camaristas eran Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, los dos últimos asiduos concurrentes (equipo de paddle en bolso) de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Enseguida el fiscal general ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, interpuso un recurso extraordinario ante la Corte para que la resolución de impunidad fuera dejada sin efecto. Hasta hoy, los supremos mantienen cajoneado el expediente. Y Marchetti sigue actuando de “simple abogado” de causas justas.
Tal vez para Marchetti defender al cura abusador de niños Tulio Matiussi sea apenas un gaje del oficio. A juzgar por los contratos del doctor, se podría decir que lo que hace por la Iglesia católica no es la defensa de un cliente que paga muy bien, sino un verdadero acto de militancia. Es que al exjuez impune plata no le falta, ya que factura a troche y moche por los servicios prestados a grandes empresarios, tránsfugas y burócratas sindicales.
Según confirman sitios periodísticos locales como San Pedro Hoy y Radio San Pedro, Marchetti tiene estrecha cercanía con el poder político en San Nicolás, tanta que defiende al intendente de San Nicolás Manuel Passaglia en un causa en la que está imputado por enriquecimiento ilícito junto a su padre y exintendente Ismael Passaglia. También representa legalmente a la multinacional Atanor en una causa por contaminación en su planta de San Nicolás. Y sirve al Grupo Techint en su empresa Ternium-Siderar en un litigio contra el municipio de Ramallo porque Paolo Rocca cree que le cobran mucho de tasa de Seguridad e Higiene.
Con ese prontuario, ¿a quién podría sorprenderle que Marchetti haya accedido en plena pandemia de coronavirus a ser un “vacunado VIP”? El 22 de febrero de 2021 Prensa Libre SN informó que, en efecto, el abogado fue uno de los privilegiados para vacunarse en la ciudad antes de que se abriera el registro para adultos mayores. Como en ese momento sólo se vacunaba a personal de salud y de las fuerzas de “seguridad”, Marchetti consiguió una ficha. No por haber sido parte del genocidio, claro. Sino por ser, además de todo, asesor legal del Sanatorio Fundación Nuestra Señora del Rosario, el centro de salud de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Nicolás conducida por Naldo Brunelli.
Ahora que se sabe mejor quiénes defienden al cura Tulio Matiussi, posiblemente muchas y muchos que en San Pedro siguen bancando a la Iglesia católica entiendan que no es sobre las familias de las víctimas que tienen que descargar su ira e impotencia.
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
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