Desde el gobierno han desplegado toda una acción mediática sobre la expulsión de 51 ciudadanos de nacionalidad colombiana del país, aspirando a llegar a una cifra de 2.000 deportaciones. Sin embargo, esta acción no ha estado exenta de irregularidades legales, evidenciando lo que se muestra a la prensa como justicia, una profunda política anti-migrantes.
Sábado 18 de agosto de 2018
51 ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron expulsados del país durante la mañana del pasado miércoles. Todo esto con un gran despliegue mediático por parte del gobierno, buscando dirigir las miradas a un gobierno que impone orden, en vez de toda la serie de traspiés de los que vienen, tales como la renuncia del ex Ministro Mauricio Rojas, o que una familiar de Chadwick reemplazara a éste último en el cargo.
Desde el gobierno argumentaron que: “El gobierno está cumpliendo su promesa de ordenar la casa (…) Vamos a continuar con este proceso. Esperamos que este año podamos tener una cifra aproximada de 2 mil personas expulsadas.”
Sin embargo, dichos procesos de “orden en la casa” no han estado exentos de irregularidades. Tal es el caso de Edwin Caicedo, quien fue deportado y separado de su familia por un delito por el cual ya había cumplido condena en su país de origen. Es decir, una doble sanción para una conducta que ya había sido pagada. Dicho caso ha desatado una serie de críticas por parte de organizaciones pro-migrantes y desde el derecho migrante.
Frente a este caso, la esposa de Edwin, Desiree, afirmó que: “Lo que está haciendo el presidente es quedar como el Trump de América Latina. Lo dejaron allá botado como un animal, no respetaron sus derechos. Está dolido”.
Las declaraciones de Desiree no pueden ser más certeras. Al más puro estilo Donald Trump el gobierno se propone la expulsión de 2 mil extranjeros, como si se tratase de un concurso, de un número, y no de personas como Edwin que ya habiendo cumplido condena son separadas de sus familias a la fuerza. Una clara política de persecución anti-migrante.
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