A cuatro días del inicio de la huelga legal de las y los trabajadores de Albemarle planta salar de Atacama, les contamos sobre la empresa estadounidense y la catástrofe ambiental producto del saqueo del litio y el agua.
Sábado 14 de agosto de 2021
La transnacional norteamericana líder mundial en explotación litífera y venta de productos químicos con sede en Charlotte, Carolina del norte, con presencia en 75 países, explota en la región de Antofagasta la propiedad del Salar de Atacama, desde donde extrae cloruro de potasio y cloruro de magnesio; de igual forma produce carbonato de litio grado batería y cloruro de litio en la planta química La Negra en Antofagasta.
Asimismo, la historia de saqueo y explotación de los recursos naturales en la región por parte de esta transnacional tiene una larga data. A saber, esta historia comienza con la antigua Sociedad Chilena del Litio (SCL), establecida en 1980, que en plena dictadura militar, con la participación de CORFO y la norteamericana Foote Minerals Company, comenzó a explotar el salar de Atacama en 1986, con la posibilidad de producir un total de 200 toneladas de litio en un plazo de 30 años, prorrogable por 5 años más y la exclusividad de la explotación del Salar de Atacama por 8 años.
A finales de los 80 CORFO vendió su participación en SCL a Foote Minerals Company, en 2004 se constituyó Rockwood litio limitada que se fusionó en el 2015 con Albemarle, y es esta última la controladora de la explotación en el Salar de Atacama.
Por cierto, se debe tener en cuenta que la explotación del litio en Chile, a través de las empresas SQM y Albemarle, abastece alrededor de un 38% a 39% del mercado mundial. Chile posee en el Salar de Atacama en torno a 8,3 millones de toneladas de litio, que representan el 22% de las reservas del mineral a escala global. Las salmueras de este salar son consideradas las de más altas concentraciones de litio y potasio en el mundo.
Por último, se debe considerar que la explotación de litio en Chile y en particular del Salar de Atacama genera condiciones favorables para que Albemarle produzca a bajos costos; las bajas precipitaciones, la alta tasa de evaporación solar en la zona y la reducida cantidad de trabajadores en el proceso productivo, provocan un nicho económico virtuoso para el saqueo a destajo de los recursos naturales de la zona, generando altas utilidades para Albemarle, que percibió por concepto de ventas netas entre US$ 3.050 millones y US$ 3.150 millones el año 2020.
Saqueo del litio y el agua un flagelo que afecta a las comunidades del salar de Atacama
Mientras Albemarle y SQM han obtenido suculentas ganancias en décadas de saqueo del salar de Atacama, también han aumentado los ataques hacia los salares, el agua, el territorio y a las 12 comunidades indígenas de la zona.
La mayor problemática que se identifica es el uso y abuso del agua y su privatización, legitimada en el Código de Aguas de la dictadura militar que lo reconoce como bien público, pero también económico permitiendo su comercialización, facilitando la extracción de agua de capas profundas del desierto de Atacama y de diversos ríos de la zona. En este sentido, las cifras sobre la utilización de aguas por parte de SQM y Albemarle son de más de 63 mil millones de litros de agua de capas subterráneas al año, es decir, utilizan 2 mil litros de agua por segundo, generando un estrés hídrico en la zona. Asimismo, consumen una cantidad considerable de agua dulce que extraen de los ríos de la zona, afectando la flora y la fauna del salar de Atacama. Por otra parte, privan a las comunidades indígenas que se han coordinado para utilizar esas aguas para desarrollar la agricultura y la ganadería, y lo más alarmante es que afecta el consumo de agua potable de las comunidades.
Distintos estudios que se han realizado sobre los efectos de la producción del litio han dado a conocer que para el año 2030, tanto SQM como Albemarle aumentarán su producción 18 veces, lo que implicaría el agotamiento de las reservas de agua que utilizan las comunidades; en consecuencia, el saqueo a destajo del litio ha generado un desastre medio ambiental irreversible, que esa sostenido por el Estado para que las empresas aumenten sus ganancias.
Es esta transnacional la que degrada desabasteciendo a las comunidades de recursos hídricos, que provoca daños ambientales irreversibles, y que viola derechos mínimos a las y los trabajadores y se niega a sus demandas salariales y condiciones que no superan el 2% de las utilidades de la empresa.
