El presidente se presentó a declarar en Comodoro Py como testigo en el juicio por obra pública, en su carácter de ex-jefe de Gabinete. Esta es una de las causas de mayor importancia contra Cristina Fernández de Kirchner.
Martes 15 de febrero de 2022 17:00
Alberto Fernández se presentó hoy como testigo en el juicio donde se investiga la asociación ilícita y administración fraudulenta por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Baéz, y están procesados Cristina Fernández, Julio De Vido, el empresario y otros funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
Eligió dar su declaración testimonial de forma presencial, comenzando alrededor de las 9:30 y duró aproximadamente 3 horas. En la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal 2, que lleva el juicio, estuvieron los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, funcionarios del tribunal y el presidente, mientras que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los abogados defensores y querellantes y los imputados -que quisieran- lo siguieron de forma virtual.
Alberto Fernández negó que haya arbitrariedades en la adjudicación del presupuesto para la obra pública ni en su distribución. "Definitivamente no" fue su respuesta sobre si supo de algún tipo de "acuerdo de voluntades" para beneficiar a Santa Cruz mientras fue jefe de Gabinete o en algún otro momento, y además aclaró que en el Estado "hay delegación" de funciones y "no existe posibilidad de que el Presidente pueda conocer cada obra pública". En su opinión se trata de "decisiones políticas no judiciables" y afirmó que no hubo instrucciones de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner para asignar fondos para obra pública de manera específica a Santa Cruz o para beneficiar a algún empresario en particular. Además declaró solo haber conocido una vez a Lázaro Baéz.
La argumentación del presidente beneficia la defensa de Cristina Fernández y los acusados, basándose en que las decisiones presupuestarias son políticas, y por lo tanto no judiciables, que la misma causa fue llevada al sobreseimiento en Santa Cruz por lo tanto no corresponde volver a realizar el juicio, y que los requerimientos del presupuesto no son responsabilidad del o la Presidente.
De qué trata el juicio
El juicio se inició en mayo de 2019 y busca establecer si hubo irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, constituyendo los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El exministro de Infraestructura y Planificación, Julio De Vido, es uno de los acusados en el juicio, junto con el exsecretario de Obras Públicas, José López; quienes junto a Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho ex funcionarios están imputados por haber favorecido a las constructoras de Báez.
El fiscal Luciani centra la acusación sobre el punto central del vínculo entre Baéz y los Kirchner, sus relaciones comerciales y personales y el crecimiento exponencial de las empresas y negocios de Baéz, que sería la base de la presunta defraudación y asociación ilícita.
En un principio se dijo que las obras no se hicieron o que se hicieron mal, lo cual estaría quedando contrariado por una auditoría de Vialidad Nacional, que determinó que no había diferencia entre lo pagado y lo construido, y que las obras estaban bien hechas. Lo que queda aún en pie de la acusación es si Cristina Kirchner adjudicó más obras de las debidas a Santa Cruz y si las direccionó hacia Austral Construcciones o alguna de las empresas de Báez.
La estrategia de la defensa
La presentación de Alberto Fernández como testigo en el juicio fue a pedido de la defensa de la vicepresidenta, como parte de la lista de exjefes de Gabinete del período 2003-2015, a cargo del abogado Carlos Beraldi, quien ya lideró en las semanas previas los interrogatorios de Juan Manuel Abal Medina, Joge “Coqui” Capitanich y Aníbal Fernández.
Beraldi propone mostrar el rol de los jefes de Gabinete y su responsabilidad en la ejecución del presupuesto de la obra pública y la reasignación de partidas, uno de los puntos de la acusación. Esta estrategia respaldada ahora también por las declaraciones del presidente, buscan otorgar un manto de legalidad a las partidas de obra pública, remarcando que dichas partidas cumplieron los requisitos de constitucionalidad, habiendo pasado por el Congreso y siendo votadas dentro del presupuesto por diputados y senadores, y otros supuestos mecanismos de control.
Tanto la presentación del presidente en persona, como todas sus afirmaciones en consonancia con los testigos que compartieron su cargo, son un respaldo y defensa no solo jurídica sino política de la vicepresidenta. Esto sucede en el contexto de divisiones internas que atraviesa el gobierno del Frente de Todos por la negociación con el FMI desde la carta crítica de Máximo Kirchner.
Contradicciones
Sin embargo, esta no fue siempre la visión que hizo pública el presidente, y los momentos más tensos de su declaración fueron cuando el fiscal preguntó por entrevistas y declaraciones públicas sobre el tema hechas en el pasado, cuando aún no había acercamiento entre Alberto y Cristina.
Como expone Emilia Delfino en elDiarioAr: "Textuales demuestran que, a diferencia del resto de sus compañeros de cargo, Alberto Fernández ha reconocido sus sospechas sobre Báez; ha hablado sobre el estrecho vínculo del dueño de Austral Construcciones con los Kirchner; ha reclamado explicaciones sobre la llamada ruta del dinero K; y ha criticado la gestión del exministro Julio De Vido, otro de los acusados en este juicio."
Es decir que después de años de reconocer sospechas, hoy el presidente hizo una férrea defensa de Cristina, sus gobiernos, sin explicar las contradicciones respecto afirmaciones del pasado (que no tienen validez judicial).
Cómo sigue el juicio
Tras la declaración de Fernández, resta escuchar a Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, y por otro lado a Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri y quien hiciera la denuncia en 2016 que originó la causa que se está juzgando.
El juicio del caso Vialidad seguirá en la etapa de testigos por al menos hasta mediados de este año. Luego será el turno de los alegatos. Mientras tanto, la vicepresidenta presento planteos de nulidades para hacer caer el juicio antes del veredicto que esperan la resolución de la Corte Suprema.
