En 2013, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), una empresa dedicada a la producción de fertilizantes llegó al puerto de Topolobampo, Ahome, Sinaloa, proponiendo la creación de un complejo petroquímico ideado en tres etapas: la primera de ellas consiste en la construcción de una planta de amoniaco, la segunda en la edificación de una planta para la producción de urea y, la tercera, en construir una planta productora de metanol.
Martes 29 de junio de 2021
GPO es subsidiaria de las transnacionales Holding (Suiza) y Proman AG (Alemania). Solo la primera etapa del proyecto va a generar 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco anhídrico diariamente, lo cual representa una producción anual de 770 mil toneladas, según cifras proporcionadas por la misma GPO.
En el estudio de riesgo que la propia GPO presentó se reconoce que de haber una fuga de 3.6”, las consecuencias serán mortales en un radio de 2 kilómetros. Si la ruptura es mayor, el radio de afectación podría abarcar hasta 15 kilómetros.
Las poblaciones que serían golpeadas inmediatamente por la contaminación de las sustancias tóxicas son Topolobampo, El Maviri, el campo pesquero Paredones, la comunidad pesquera de Lázaro Cárdenas y el poblado de Ohuira. En estos dos últimos se encuentran dos centros ceremoniales, tradicionalmente conocidos como “ramadones”, pertenecientes a la nación indígena Yoreme-Mayo.
Además, la simple instalación de estas plantas pone en riesgo un importante ecosistema. Está contemplado que este complejo petroquímico se edifique en el corazón del sistema de lagunas Santa María-Topolobampo-Ohuira, el cual desde el 2 de febrero de 2009 fue designado como humedal de importancia internacional de acuerdo con la Convención de Ramsar.
Derivado de estos riesgos es que el colectivo ambientalista “Aquí No”, organizaciones indígenas, pescadores y pequeños comerciantes de la zona, desde hace cerca de 8 años han llevado a cabo movilizaciones en contra del proyecto ecocida. De igual forma la defensa del sistema lagunar ha tenido una vertiente legal.
En el caso particular de la pesca, 3 mil personas se dedican a dicha práctica de manera tradicional y de altamar. Los dirigentes pescadores dicen haber sido asesorados por biólogos quienes les advirtieron que las operaciones de la planta requerirán tirar en la bahía desechos que inevitablemente contaminarán a los peces del sitio. El sustento de miles de familias está en riesgo.
Hay cinco juicios de amparo (en el Juzgado Quinto de Distrito [603/2019], en el Juzgado Sexto [628/2018 & 630/2019] y en el Juzgado Séptimo [350/2019 & 358/2019]) que están vigentes y mantienen detenida la operación de la primera etapa del complejo. Todos ellos han sido impulsados por pequeños comerciantes de El Maviri, así como por pescadores y comunidades indígenas.
La defensa del sitio Ramsar le ha valido a activistas y grupos indígenas amenazas de muerte y agresiones por parte del propio Gerardo Vargas Landeros.
En su campaña de 2018 Andrés Manuel López Obrador mencionó que de llegar a la presidencia este proyecto ecocida no pasaría. Sin embargo, fiel a su estilo simulador, una vez electo, AMLO incluyó este complejo petroquímico en la lista de los megaproyectos contemplados dentro del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura para entrar en funciones en el plazo de tiempo que va del año 2021 al 2022.
Eso no fue todo. En agosto de 2020 AMLO radicalizó aún más su posición a favor del ecocidio y llegó a decir que quienes se oponen a GPO no eran ambientalistas, sino que eran gentes que “tienen el negocio de la distribución de fertilizantes y no quieren competencia”.
Esta semana Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo (coalición Morena-Pas) del municipio de Ahome, Sinaloa, se reunió con distintos representantes de la burguesía local en Los Mochis. En la reunión mencionó que había viajado a la Ciudad de México para platicar con funcionarios federales con el objetivo de garantizar que la planta de GPO entre en operaciones cuanto antes.
De igual forma anunció que en su administración se creará una oficina de gestión industrial para agilizar pala implementación iniciativas a empresas transnacionales y nacionales del rubro y que “contratiempos” como el que está sucediendo con GPO no se repitan.
Esto es una muestra de que más allá de su discurso progresista, los gobiernos del Morena no tienen la más mínima intención de cumplir con las promesas que han hecho a grupos ambientalistas a lo largo y ancho del país.
Lejos de ello, lo que queda demostrado es que el interés del gobierno de la 4T es el de proteger las inversiones y megaproyectos de empresas a las cuales no les importa el medio ambiente ni la vida de las personas que habitan en las zonas donde pretenden echar a andar proyectos ecocidas.
Es necesario no depositar ni un atisbo de confianza en los emisarios del Morena, quienes mediante intrigas y mentiras intentan fragmentar al movimiento contra la planta de amoniaco. Nuestras vidas valen más que sus ganancias, por ello pequeños comerciantes, pueblos indígenas, pescadores y ambientalistas deben unirse, organizarse de manera independiente a todos los partidos del régimen y movilizarse en las calles para dar resistencia efectiva al complejo ecocida de GPO.
