Narcotráfico. Alcaldes de municipios donde asesinaron a Giovani y Alexander, acusados por vínculos con el narco

Giovanni no fue un caso aislado

En el Caso de Cervantes Aguilar del PRI, hay una investigación abierta por la Secretaría de Hacienda en la que se señala que el alcalde ha colaborado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero. Esta investigación es parte del operativo Agave Azul coordinado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) mediante la cual se han congelado 1,939 cuentas por sospechas de coolaborar con el CJNG, entre ellas la del alcalde de Ixtlahuacán.

Ixtlahuacán es el municipio donde el pasado 4 de mayo Giovanni López fue asesinado a golpes por la policía municipal después de ser detenido arbitrariamente, este hecho se suma a toda una serie de denuncias por ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, cateos ilegales y una larga lista de abusos de poder por parte de la policía de este poblado que además ha sido señalada por tener vínculos con el CJNG.

No solo es Giovanni, denuncian otros casos de violencia policial

En el 2017 dos policías asesinaron a un hombre, le quitaron sus pertenencias y lo arrojaron a un arroyo, el año pasado otros fueron denunciados por la desaparición de un joven, otros diez por patear a un chico quien después requirió una cirugía por lesiones en el abdomen. La dirección de Seguridad de Jalisco tiene 944 quejas en su contra en lo que va del año.

Los asesinatos y desapariciones de Maciel Sosa

Mientras tanto en Oaxaca, el alcalde panista de Acatlán de Pérez Figueroa, municipio donde Alexander fue también ejecutado por la policía cuando salió por un refresco con sus amigos, ha sido señalado por la población del municipio que en la semana han protestado contra el asesinato de Alexander, por tener nexos con el crimen organizado y ser responsable directo de la desaparición de varios jóvenes.

Los policías que asesinaron a Alexander “tiraron a matar”

Pobladores de Acatlán denunciaron en la movilización de este martes que el pasado 15 de mayo la policía municipal ejecutó a 6 personas en un “enfrentamiento”. Comerciantes de la localidad dijeron además que se les obliga a pagar derecho de suelo por parte del narco y que quien no lo paga es ejecutado.

La madre de Alexander exigió la renuncia de Macías Sosa y le declaró:

Todo el peso de la ley (contra) ti y toda tu gente, no nos cuidas, nos estás matando, y aquí está la prueba. Cuántos jóvenes han sido asesinados y otros desaparecidos por tu policía municipal, nos han matado a nuestros hijos, se han llevado sus sueños.

La historia de alcaldes y presidentes municipales coludidos con el narco y en cuyos municipios la brutalidad policial, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales son parte de la cotidianidad de los pobladores, ya la conocemos.

Es inevitable que las imágenes del tiroteo que los policías de Iguala le propinaron a los normalistas de Ayotzinapa antes de desaparecerlos, regresen a la memoria; o aquél 30 de septiembre en el que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, huyó después de ser señalado por entregar a los normalistas al cártel Guerreros Unidos. Abarca, como Macías Sosa y Eduardo Cervantes, también tenía historial de casos donde era responsable de ejecuciones y desapariciones forzadas.

Lo que tampoco olvidamos es que en ese entonces lo que quedó claro fue que no sólo los policías, Abarca o Ángel Aguirre -exgobernador de Guerrero- habían sido responsables de la desaparición de los 43 normalistas, sino que fue el Estado como estructura e institución.

¿Qué ha cambiado?

Fue el mismo coraje que empujó las enormes movilizaciones con la consigna #FueElEstado, el que permitió que López Obrador llegara a la presidencia, el PRI y el PAN -partidos de los alcaldes ahora en cuestión- a ojos de todo México, se habían convertido en socios del narcotráfico. La supuesta guerra contra el narco de Felipe Calderón ya no tenía una pizca de credibilidad, pues para nadie era un secreto que los militares y policías estaban profundamente coludidos con aquellos que simulaban combatir y los costos para el pueblo y trabajador fueron millones de desaparecidos y muertos.

Cuando AMLO llegó a la presidencia, prometió que se acabaría la violencia y después declaró el fin de la “guerra contra el narco”, pero tardó poco tiempo en hablar de las letras chiquitas del contrato: la pacificación sería a través de más militarización y el objetivo era la reconciliación de las víctimas con los victimarios -los partidos del régimen, la policía y los militares.

Esta receta convirtió al 2019 en el año más violento en la historia del país y el 2020 ya está rompiendo el récord nuevamente, pues el primer trimestre de este año supera en violencia al del año pasado. Claramente no se le puede achacar a la 4T toda la responsabilidad, los principales impulsores de las políticas de militarización fueron aquellos que hoy desde la oposición simulan estar contra ella -el PAN.

Pero la Guardia Nacional que ahora tiene funciones de seguridad pública y operará hasta el 2024 -tres años más de lo que en un inicio se dijo- no sólo es la continuidad del gran sueño del PRI y el PAN de cumplir los mandatos de EEUU convirtiendo a México en el mismísimo muro de Donald Trump, si no que lo supera a creces.

La corrupción y los vínculos con el narco no son únicos de unos cuantos partidos, es el modus operandi del Estado y del conjunto de partidos del régimen -incluyendo al Morena- que responden a los intereses de la burguesía, pues, ¿qué son los señores del narco sino capitalistas ilegales? Por poner un ejemplo, Antonio Morales, alcalde de Morena de San Blas Atempa, Oaxaca, está también siendo investigado por vínculos con el CJNG.

La lucha por abolir la Policía es la lucha para abolir el capitalismo

Las fuerzas represivas como lo es la policía, la Marina y la Guardia Nacional deben ser disueltas por completo, no importa el mando al que estén, su función es mantener el orden de las clases dominantes -legales o ilegales- cuyos intereses no sólo son diferentes sino que contrarios a los de jóvenes y trabajadores como Alexander, Giovanni y todas las víctimas de la militarización, las redes de trata y los cárteles.

¿Tú por qué odias a la policía?

Pero además es urgente que el conjunto de las drogas sean legalizadas, monopolizadas por el Estado y puestas a funcionar bajo el control de sus productores, pues mantenerlas ilegales da una razón más para los cárteles operen cual gángsters desatando peleas por plazas que se llevan la vida de miles de mujeres, jóvenes y trabajadores.

Legalización de las drogas para acabar con el narcotráfico