Los alcaldes hoy gozan de muchas atribuciones que les permite dar casi cualquier forma a los gobiernos locales, dando lugar a una serie de abusos e irregularidades que afectan especialmente a los profesores.
Álvaro Pérez Jorquera Profesor de Historia y Geografía, historiador y músico
Jueves 16 de marzo de 2017
Año a año, al inicio del período escolar, se efectúa una rotación importante de profesores, así como otros se mantienen a la espera de segundos y hasta terceros llamados para trabajar en la más completa incertidumbre.
Sin embargo, que esta inestabilidad se haya naturalizado con el tiempo no ha implicado una disminución de este tipo de situaciones, sino más bien un aumento de abusos de todo tipo que cada vez se hacen más escandalosos y polémicos.
Hace uno o dos años, se destaparon los negocios que alcaldes tanto de la Derecha como de la Nueva Mayoría mantenían en relación a la educación, precarizando y cerrando escuelas públicas para luego venderlas a familiares o socios para reabrirlos como establecimientos particulares subvencionados lucrando con dineros estatales, como lo fue el caso de las comunas de La Pintana y Cerro Navia.
Hace un año, se denunciaron despidos masivos en el sector público, en represalia al paro de profesores contra la Carrera Docente, donde abundaron las reubicaciones y despidos de profesores de planta y las no renovaciones de contratos de quienes trabajan a contrata, todo sin mayores argumentaciones constituyendo abusos orquestados por los alcaldes contra sus funcionarios. Importantes procesos judiciales revirtieron en parte estas prácticas sentando precedentes a favor de los profesores, como el caso de los 33 profesores de Renca o como el caso de Patricia Romo, actual presidenta del comunal de Antofagasta del Colegio de Profesores, reubicada arbitrariamente por el municipio.
Este año, los casos de abusos vuelven a aparecer en la escena. Despidos y reubicaciones arbitrarias denunciadas en Lo Espejo y Puerto Montt, alcanzando niveles que rozan el escándalo al ser ataques contra la organización docente y que pasan a llevar a profesores enfermos de Cáncer, profesoras con posnatal y profesores a punto de jubilar, todo bajo el criterio de alcaldes cuyas facultades les permite establecer regímenes dictatoriales en los municipios. En Antofagasta y en Cerro Navia se suman los problemas con profesores jubilados. Así en la ciudad nortina el municipio entregó los documentos correspondientes incompletos y fuera de plazo perjudicando a más de 160 docentes que tuvieron que volver a las aulas a pesar de haberse retirado, y a más de 100 profesores contratados como reemplazo de los jubilados que se ven en la incertidumbre al no contar con su sueldo debido al error del municipio, que no ha querido asumir. Mientras en la comuna de Cerro Navia el municipio gastó el dinero de las jubilaciones de los profesores en otras cosas, perjudicándolos y obligándolos a demandar por vía judicial lo que les corresponde.
A todo esto se suma la obligación de participar del censo, obligación que se ha insistido en disfrazar de voluntaria, y que afecta no sólo a profesores sino a todo el sector público, y del que poco y nada se sabe sobre cómo será retribuido.
De esta manera, profesores y funcionarios públicos en general se encuentran a merced de los ediles, quienes en sus atribuciones son jueces y parte de los sumarios, a través de los cuales pueden amonestar e incluso despedir a su antojo, como el alcalde de Lo Espejo que los realizó contra quienes hicieron campaña por el candidato opositor en las pasadas elecciones, así como también pueden echar mano a decretos como el denunciado artículo 19.070, que permite despedir por "salud incompatible" a un trabajador que ha tenido licencia más de 180 días, de corrido o intermitentes, en 2 años, lo que es particularmente desastrozo para funcionarios afectados de enfermedades catastróficas.
Facultades como las antes mencionadas hacen posible la instalación de gobiernos locales que nada tienen de democracia, salvo la elección cada 4 años, entre los que gobiernan con puño de hierro administrando miedo y amenazas a los trabajadores mientras se llenan los bolsillos con fondos públicos. Prácticas y atribuciones como estas impiden el correcto desarrollo de la educación y la salud pública y transforman los municipios en conspiraciones bizantinas, que la ley de transparencia no fiscaliza. Es necesario acabar con estos abusos de raíz a la vez que cuestionar el rol de los alcaldes en los gobiernos locales, con unidad entre todos los trabajadores públicos comenzando por derogar el artículo 19.070 y eliminar los sumarios que hoy en día en manos de los alcaldes no son más que una herramienta para ataques antisindicales y contra toda libertad de opinión.
