Después de más de 35 años de que sus padres fueran asesinados en un operativo conjunto entre fuerzas armadas uruguayas y de la marina argentina, y ella misma con tres años de edad, secuestrada y usada para un macabro operativo mediático, Alejandrina Barry declaró como testigo en la causa que investiga los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Martes 4 de noviembre de 2014
Alejandrina fue citada ante el TOF 1 en los tribunales de Comodoro Py. Ayer fue la primera vez que declaraba a pesar de haberse presentado como querellante tanto en la causa Plan Cóndor como en Esma. Una muestra de que a pesar de haberse abierto el proceso de juzgamiento a los militares de la dictadura, los juicios distan mucho de impartir justicia cuando esta llega tan tarde.
Fue un testimonio por momentos conmovedor, que aportó datos precisos sobre los hechos que llevaron al asesinato de sus padres y sobre su propio secuestro que fue utilizado luego por medios periodísticos de Uruguay y Argentina para llevar adelante una campaña de acción psicológica en la que el objetivo era demostrar que los militantes asesinados eran terroristas que habían abandonado a su pequeña, que ella había quedado sola y nadie la reclamaba.
La primera pregunta, esas de rigor, suscitó una respuesta que no pudo menos que impactar a todos: “Nací en la cárcel de Olmos”. Su madre estaba allí detenida por su militancia política, embarazada de Alejandrina a quien tuvo ahí mismo el 19 de marzo de 1975.
Susana Mata y Alejandro Barry
Los padres de Alejandrina se conocieron cuando Susana, la mamá, tenía 15 años. Su relación estuvo signada por la alegría de compartir una vida dedicada a la militancia, a luchar por una nueva sociedad. Esa alegría se refleja en la foto de ambos que lleva Alejandrina consigo y que ayer mostró ante el tribunal. Esa alegría de vivir luchando la llena de orgullo y así lo manifestó en su declaración, “por eso quiero contar qué pasó y mi historia, todo lo contrario a lo que querían mostrar los medios en ese momento, que eran casi monstruos. Y quiero que haya justicia”, en alusión a la campaña mediática que se montó luego del asesinato de sus padres el 15 de diciembre de 1977 en Uruguay.
Ella, era maestra, y fue una de las fundadoras del sindicato docente Ctera. El, estudiante de derecho. Ambos militaban en Montoneros, Alejandro ocupaba un alto cargo: secretario político.
Alejandrina supo cómo eran sus padres por testimonios de la familia, de sus excompañeros de militancia, que coincidían en transmitir esa alegría que les fue arrebatada con su vida en un operativo llevado a cabo entre el grupo de tareas 3.3.2 de la Esma, que había viajado especialmente a Uruguay, y militares uruguayos. Se trata de el “Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Héctor Febrés (“suicidado” durante el juicio contra los marinos de la ESMA en 2007), Raúl Scheller. En ese mismo operativo, que constó de varias acciones militares, fue secuestrado a Jaime Dri, el pianista Miguel Ángel Estrella y varios militantes que se encontraban refugiados en su casa. Fueron también secuestradas, además de Alejandrina, tres niñas más y María del Huerto Milesi.
Editorial Atlántida, pieza clave de la dictadura
Luego de que sus padres son asesinados, Alejandrina es utilizada por los militares de ambos lados del Río de la Plata para armar una versión de los hechos acorde al plan genocida: “los medios fueron parte de un operativo común, fueron parte del plan genocida. Las revistas Somos, Para Tí y Gente dieron la versión militar, sacaron notas diciendo que yo estaba sola, que nadie me reclamaba, que mis padres eran delincuentes subversivos a los que no les había importado lo que a mi me pasara. Fueron el aparato de propaganda que legitimaba el accionar de los militares, generando las llamadas acciones psicológicas sobre la población civil, para sembrar terror. Porque ver las fotos de una nena de tres años sola y notas que dicen que nadie la reclama, era para eso, para desmoralizar al resto de los militantes, dar la sensación que los habían derrotado. A mi me usaron para dar un mensaje a los militantes, mintiendo y tergiversando todos los hechos.” Porque, entre la cantidad de mentiras, las siniestras notas son publicadas en momentos en que Alejandrina ya estaba con sus abuelos en Buenos Aires, quienes la fueron a buscar a Montevideo apenas se enteraron de los terribles hechos.
El valioso testimonio de Alejandrina Barry, quien hoy milita en el PTS y en el CeProDH, aportó pruebas, como las fotos que fueron sacadas para producir las notas de las revistas mencionadas, los nombres de los exdirectivos y editores responsables, como Hértor D’ Amico, Samuel “Chiche” Gelblung, Botinelli (responsable de otros operativos mediáticos como el conocido caso de Thelma Jara de Cabezas). Además, entregó importantes documentos desclasificados en Uruguay y de la Side, a los que recientemente tuvo acceso, y cuya existencia sorprendió a los jueces del Tribunal. “Son una prueba de que los archivos están, existen y que deben ser abiertos y entregados todos”, les dijo Alejandrina Barry.
Un dato importante que también llevó a los tribunales, fue la denuncia de que cuando ella estaba buscando datos de sus padres, se presentó en la DIPBA (la disuelta dirección de inteligencia de la Policía Bonaerense) solicitando las fichas de sus padres. Allí le dicen que había “dos Barry, una era la de mi papá y la otra la mía”, relató ante la sorpresa de todos los presentes. “Y estaba catalogada como ’delincuente subversiva’ por haber participado en una marcha contra la presencia de Clinton en Argentina en el año 1997, y evidentemente por ser militante política.”
“Los civiles son los grandes intocables en los juicios. En mi caso ya se declararon incompetentes dos jueces, Torres (ESMA) y Casanello (Plan Cóndor). Todo lo que yo estoy denunciando, lo que me hicieron a mí, el rol de los medios, no lo tomó ningún juez todavía” denunció Alejandrina. Y agregó: “Pasó muchísimo tiempo, necesitamos justicia. Que vayan presos los responsables del asesinato de mis viejos, de mi apropiación y los civiles que fueron una pata fundamental.”
Sobre el final exigió que se abran todos los archivos de la dictadura, porque como demostró ella misma, existen. “Los juicios están basados en las declaraciones de los sobrevivientes y los familiares que tienen declarar innumerables veces, poniendo en riesgo su vida, como es el caso de Julio López, que demostró que hay continuidad dentro del aparato represivo. Por eso hay 3000 marinos de la dictadura todavía en funciones y por eso está Milani al mando del Ejército” y cerró su pormenorizado y conmovedor testimonio diciendo: “queremos justicia y los archivos, que sabemos que están, como puedo mostrar con mi ejemplo. Queremos los archivos para conocer la verdad sobre el destino de los desaparecidos, dónde están los 400 chicos apropiados que faltan, los militares y policías que siguen en funciones y aplicando los mismos métodos que en la dictadura”.
