Macarena Valdés se encontraba luchando, al igual que Alejandro Castro, para evitar la destrucción de su entorno y su calidad de vida, y ambos terminaron muertos ¿Qué había detrás? Los intereses empresariales de generar beneficios a costa del medio ambiente y la vida de las personas.
Sábado 6 de octubre de 2018
En un caso que ha causado revuelo, Alejandro Castro, uno de los dirigentes del actual movimiento de Quintero, fue encontrado muerto al lado de una vía ferroviaria en Valparaíso, bajo la dudosa presunción de suicidio.
Más tarde se comprobó que había sido amenazado por funcionarios de la séptima comisaría de Santiago, que llegó a la zona a reprimir las movilizaciones. "Estás fichado" fueron las palabras con las que amenazaron al dirigente durante la jornada del 23 de septiembre, lo que a muchos les hace dudar de la versión oficial y pensar que efectivamente nos encontramos ante un asesinato a sangre fría.
¿Por qué? el último tiempo, las movilizaciones en Quintero han reflotado el debate en torno a las zonas de sacrificio en Chile, zonas de deterioro ambiental y de la calidad de vida de personas que lo habitan en beneficio de las ganancias de empresas contaminantes. Lss cuales han sido puestas en profundo cuestionamiento por una comunidad harta de los efectos perjudiciales y atenazada por episodios de intoxicación en lugares "seguros" como deberían ser las escuelas.
Sin embargo, no es el único caso.
"Mataron a la Negra"
El 22 de agosto de 2016 otro caso rompía el aparente velo de impunidad empresarial: en la zona de Tranguil, en Panguipulli, Región de los Ríos, la activista Macarena Valdés fue encontrada muerta en su vivienda y la versión oficial no demoró en declarar que había sido, coincidentemente, un suicidio.
Posteriormente la autopsia demostró que en realidad había sido un asesinato, cuyo principal sospechoso es una hidroeléctrica contra la cual Valdés venía luchando por las nefastas consecuencias de su instalación.
Según relata su propia familia “el asesinato tiene directa relación con la lucha indígena y medioambiental que Macarena estaba encabezando en su territorio. Las negligencias del Servicio Médico Legal y la fiscal de turno, las amenazas de Carabineros en Tranguil días antes y posteriores a su asesinato, y el trato vejatorio a la familia cuando se inicia el proceso judicial, son algunas de las claras evidencias de que hay intereses político-empresariales que quieren hacer pasar su asesinato como un suicidio”.
Han pasado 2 años desde este asesinato y, sin embargo, los culpables siguen impunes y amparados por el estado en la medida que aún se niega a realizar una investigación seria y verídica.
La "Bala Loca"
En el 2013 fue asesinado el dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, de la subcontratista Azeta, quien se había transformado en una "molestia" para dicha empresa. El hecho, según la versión oficial, fue explicada con una intrincada e improbable trayectoria de bala, de donde se acuñó el desgraciado término "bala loca" para esconder un asesinato antisindical de parte de la empresa.
Sobre esto, su viuda Ximena Acevedo a expresado que "la Justicia en Chile no ha hecho nada. La primera investigación da por culpable a un joven de 16 años que en ese minuto no tenía nada que ver. Hablan de que fue una bala loca, pero ni en la mejor película de ficción uno puede encontrar una verdad como esa. En la última audiencia de la primera causa, el fiscal nos dijo que había una verdad judicial por sobre una verdad material; ellos mismos claros que en el papel se podía demostrar esto pero que realmente nadie está convencido que eso fue lo que pasó con Juan Pablo."
Incluso, consultada sobre la similitud con el caso de Macarena Valdés, Ximena Acevedo planteó que "No deja de ser doloroso porque una persona que lucha por sus ideales y su gente, que termina asesinada, da una muy mala señal como país. ¿Qué esperamos para el día de mañana? Uno espera que, por ejemplo, el caso de Juan Pablo sea el último, pero la cosa sigue. Esto es amedrentar a quienes están luchando por algo justo, es callarlos."
Impunidad empresarial
A estos dos últimos casos sin resolver, con explicaciones totalmente ilógicas y que además tienen en común el hecho de no ser investigadas a fondo -por lo cual no hay culpables- se sumó esta semana un tercer caso con Alejandro Castro.
Los tres eran luchadores, dirigentes sindicales y sociales que se encontraban enfrentando a los empresarios para mejorar sus condiciones de vida y la de sus compañeros, muertos en extrañas circunstancias mantenidas como versión oficial por la justicia, asegurando con ello la total impunidad empresarial frente a aquellos que los cuestionan.
Es necesario llevar adelante una lucha por justicia para Alejandro Castro, Macarena Valdés y Juan Pablo Jiménez y terminar de una vez con la impunidad empresarial, con comisiones investigadoras independientes, conformada por la comunidad y los trabajadores, para que sepan que no podrán callar a quienes los enfrentan y que serán muchos más, porque su lucha no muere con ellos.
Te puede interesar: Zonas de sacrificio. Una respuesta de los trabajadores a los problemas ambientales
