La coalición de gobierno alemán, con el apoyo de los Verdes, logró aprobar el viernes un paquete de medidas legislativas para endurecer las leyes de asilo, limitando los derechos de los refugiados.
Sábado 24 de octubre de 2015
Un gimnasio reconvertido en centro de refugiados en Dresde, Foto: EFE/Ralf Hirschberger
Con estas medidas quieren cerrar los debates en torno de la ley de asilo y recuperar la iniciativa del gobierno. Aun así, no se hicieron esperar las críticas desde sectores de la derecha, que quieren ir por más. En las últimas semanas se vienen desarrollando grandes manifestaciones de la derecha mientras comienza una protesta creciente desde la izquierda.
Como la “más grande y amplia corrección de la ley de asilo desde los 90”, definió el Ministro del Interior Thomas de Maiziere (CDU) al nuevo paquete de moficiaciones sobre dicha ley. En aquel entonces se abolió en los hechos el derecho al asilo. El nuevo paquete sigue esa “tradición” y endurece la jurisdicción xenófoba y reaccionaria.
En el Bundestag, 475 diputados de la coalición de gobierno y algunos verdes votaron a favor, 68 votaron en contra y 57 se abstuvieron. En el Bundesrat – la segunda cámara legislativa compuesta por los gobiernos de los estados federales – fue aprobada con una amplia mayoría y cuatro abstenciones – de los gobiernos socialdemócratas de Bremen, Sajonia Baja y Brandenburgo y Turingia, presidido por Bodo Ramelow de Die Linke. Por ende, entrará en vigor desde el 1 de noviembre.
Restricciones racistas
Las medidas restringen los servicios sociales para los refugiados y aceleran las deportaciones. Entre las medidas más destacadas, figuras algunas como el reemplazo de la ayuda estatal monetaria (de tan solo 140 euros mensuales) por un sistema de bonos que recibirán los refugiados en los centros de primera acogida.
Mientras que durante las semanas anteriores se hablaba de una tarjeta sanitaria única, en la nueva legislación incluso la atención médica de urgencia fue abolida.
La integración de Albania, Kosovo y Montenegro en la lista de “países de origen seguros” le quita a todas las personas de los Balcanes occidentales el derecho al asilo, mientras que siguen siendo perseguidos política y étnicamente o sufren hambre o desocupación.
La prolongación de la estadía en los centros de primera acogida de tres a seis meses es un duro golpe para los cientos de miles recién llegados, porque no solo implica la prohibición de estudiar y trabajar, sino que también extiende la “obligación de residencia” que aísla a los refugiados y limita su libertad de movimiento. En el caso de refugiados sin papeles o de “países de origen seguros”, esta prolongación será por toda su estadía, hasta la deportación.
Los centros de acogida se encuentran en el peor de los estados, el abarrotamiento obliga a las personas de dormir en salas gigantes sin privacidad o directamente en los pasillos o escaleras. Insuficientes baños y duchas aumentan los riesgos sanitarios. Además, estos centros son blanco frecuente de ataques derechistas.
Con la nueva ley, las deportaciones se realizarán sin aviso previo y los estados federales solo podrán decretar un cese temporal de deportaciones por tres meses, en vez de por seis. Si una solicitud de asilo ha sido rechazada una vez, no será posible solicitarla por segunda vez. En el caso de los refugiados cuya solicitud ha sido aceptada, se comprobará después el estado de seguridad de su país de origen, lo que posiblemente llevará a nuevas deportaciones.
Otra de las resoluciones es que se conceden miles de millones y mayor apoyo financiero a las comunas y los estados federales, después de que presionaron al ejecutivo. Esto incluye el monto de 670 euros que entregará el gobierno para cada refugiado, un programa de viviendas sociales y el cuidado a refugiados menores. En total, los estados federados esperan un monto de 4 mil millones. Además, hay algunas medidas para favorecer la “integración”. Se abolió la prohibición de subcontratación para refugiados, un claro gesto hacia el empresariado que exigió mano de obra precarizada y barata. La única “integración” que les interesa a las patronales alemanas es la que garantiza una mayor explotación para presionar a la baja los sueldos en otros sectores.
En síntesis, se trata de una ley racista y reaccionaria, con nuevas restricciones importantes que privan de derechos y aíslan a los refugiados. Esto empeora sus condiciones de vida y acelera las deportaciones masivas.
“Todos trabajamos para poner límite a la cantidad de refugiados”
Con estas medidas, el gobierno profundiza su giro hacia la derecha en la crisis migratoria, que empezó con el restablecimiento de controles fronterizos. Su política se basa en el consenso político general de que la situación será resuelta con más represión, menos derechos, deportaciones masivas y fuertes fronteras nacionales. Este consenso va desde la CSU y la CDU, pasando por la SPD y hasta los Verdes y algunos dirigentes de Die Linke.
En este sentido, Bodo Ramelow de Die Linke defendió al control fronterizo como “medida de emergencia” y después se abstuvo en una cumbre entre el gobierno y los presidentes de los estados federales para acordar el paquete de ley. Claros gestos de “responsabilidad de Estado”, dirigidos hacia la SPD y los Verdes, para posibilitar una coalición de gobierno en las elecciones de 2017.
Los Verdes votaron a favor de las nuevas leyes porque las medidas más reaccionarias fueron borradas del paquete… para ser llevadas a cabo por el gobierno en solitario. El presidente del estado federal de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hizo declaraciones en este sentido. “Los acuerdos con Merkel en la cuestión de los refugiados son grandes. La canciller muestra una postura y claridad.” Toda una declaración de guerra a los últimos sectores “progresistas” dentro de su partido, para preparar una coalición “negra-verde”, que ya se practica en algunos estados federales.
Sigmar Gabriel, junto con el resto de la SPD, siguen por su parte el curso de la frase de Merkel: “Lo vamos a lograr”. Incluso llegó a ofrecerle “asilo político” dentro de su partido. El hecho de que no tengan diferencia alguna con la agenda conservadora de Merkel demuestra lo cínico de sus llamados a concentraciones a favor de los refugiados en varias ciudades.
“Vamos a necesitar más”
En un primer momento Merkel había esperado que las restricciones votadas alcanzaran para calmar a los sectores críticos y terminar con el debate sobre la ley de asilo. Pero ya antes de las votaciones se hicieron sentir las voces que exigieron nuevos ataques contra los refugiados. El presidente del estado federal de Sajonia, Stanislav Tillich (CDU), dijo en el Bundesrat: “Lo que vamos a votar hoy día, no alcanza“. De este modo se ubicó al lado de la oposición contra la política de Merkel. A su vez, cada vez más miembros apoyan una carta abierta que critica la “política de las fronteras abiertas” y exige el cierre inmediato de fronteras.
También el presidente de Bavaria y jefe de la CSU, Horst Seehofer, mostró su descontento y quiere más ataques. Su ofensiva contra Merkel tuvo un primer éxito concreto cuando el nuevo “coordinador de refugiados” del gobierno, el conservador Peter Altmaier (CDU), anunció los que los dos partidos democristianos llegaron a un acuerdo en la implementación de las llamadas “zonas de tránsito” en las fronteras alemanas – que en realidad son cárceles a cielo abierto para encerrar refugiados por un máximo de cuatro semanas para expulsarlos directamente.
Este instrumento represivo y proteccionista es defendido por Merkel, quien dijo que “[Para solucionar la crisis migratoria] vamos a necesitar más…” ¡Más medidas reaccionarias!
Es obvio que vendrán nuevos ataques. Los sectores más de derecha del gobierno, desde el parlamento, y los partidos y movimientos abiertamente racistas y xenófobos como Alternativa para Alemania (AfD) y Pegida desde las calles, seguirán presionando con su ofensiva reaccionaria. El gobierno busca mantener su giro hacia la derecha y decretará nuevas leyes represivas y restrictivas para terminar con los más mínimos derechos elementales.
El Ministro de Finanzas y miembros de think tanks imperialistas, ya deliberan públicamente sobre la necesidad de bajar el sueldo mínimo para los refugiados. Toda una ofensiva reaccionaria que alimenta, fortalece y radicaliza los ataques de los movimientos racistas.
